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Lunes 01 de Septiembre del 2025

SOCIEDAD

La lucha indígena, la represión y la fiebre del oro blanco

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El autor sostiene que los pueblos originarios son preexistentes a los Estados nacionales y a sus límites, y que la Consulta, Previa, Libre e Informada es un mecanismo universal de participación de las comunidades originarias ante cualquier aspecto que afecte su cosmovisión, forma de vida y sus territorios ancestrales.

Por: Fernando Pepe

Lic. Antropología – Colectivo GUÍAS

Hace ya un tiempo que venimos repitiendo una y otra vez –finalmente la repetición también es parte de la pedagogía–, que los pueblos originarios son preexistentes a los Estados nacionales y a sus límites, tanto internacionales como provinciales. Reducir sus territorios ancestrales a esos límites, nacionales o provinciales, es solo parte del rol geopolítico que su imposición conllevan.

Las comunidades originarias son preexistentes por más de 15.000 años a nuestros Estados.

Por ende también son preexistentes a las leyes que estos Estados dictan sobre los pueblos originarios y sus territorios ancestrales. Por ello la Consulta, Previa, Libre e Informada es un mecanismo universal de participación de las comunidades y pueblos originarios ante cualquier aspecto que afecte su cosmovisión, forma de vida y sus territorios ancestrales.

La consulta no es fácil porque hay numerosas comunidades, y llegar a un acuerdo unánime, en general como en cualquier sociedad, es sumamente difícil. Tampoco hay en la mayoría de los pueblos nación originarios una forma de organización que supere la comunitaria.

La Confederación Mapuche de Neuquén y el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro son expresiones provinciales dignas de tener en cuenta en nuestro sur como las Uniones Diaguitas del NOA y la Federación Pilagá en el NEA.

Pero en nuestro territorio hay más de 40 pueblos nación concentrados mayoritariamente en el NOA donde las comunidades mantienen la gran mayoría de los territorios comunitarios del país. Conservan territorios comunitarios porque estaban alejados de los centros de poder y principalmente porque eran territorios marginales desde el aspecto meramente económico como lo eran hasta hace muy poco los salares andinos.

La fiebre del oro es una fiebre conocida por todos. En las películas de Hollywood abunda. Hay hasta una novela del genial Julio Verne titulada “En Magallania” que en un capítulo fabula uno de los primeros ataques de la fiebre del oro en estos sures.

La fiebre del oro es despiadada; ataca por la espalda, sin escrúpulos, sin barreras ni límites. Va por el sueño americano caiga quien caiga, sin piedad.

Ahora, en pleno siglo XXI, hay vacuna para la fiebre del oro de estos tiempos: el oro blanco llamado Litio. En el hermano Estado Plurinacional de Bolivia, con el indio Juan Evo Morales Ayma a la cabeza, la han aplicado. En la hermana Republica de Chile también. Se llama Nacionalización.

Para realizarla dicen que hay que cambiar la Constitución Nacional. Parece imposible.

Para trabajar con los pueblos nación originarios sobre sus territorios hay que realizar la Consulta Libre, Previa e Informada. Parece imposible.

La fiebre del oro arrasa con todo, sin consulta, sin democracia, violando la Constitución Nacional si así es necesario. Y avanza reprimiendo a los pueblos. La fiebre es así, deja detrás muerte y desolación, de California a Magallania.

Parar la fiebre del oro blanco parece hoy imposible.

Pero si algo aprendimos de nuestras comunidades originarias es que imposible es que se rindan jamás, y si a eso le sumamos la fuerza de las maestras y maestros en lucha, como ocurre en Jujuy en estos momentos, hay una luz de esperanza.

No digo ya la nacionalización, ni siquiera la consulta que debe realizarse sí o sí (algo que no se cumplió para aprobar una reforma exprés que atenta contra el manejo de las tierras y las aguas por parte de las comunidades originarias); solo señalo que en los pueblos en lucha veo una luz de esperanza para que la Democracia siga siendo nuestra guía y que la violencia represiva no vuelva a ser la rectora de nuestras vidas nunca más.


Avisos

PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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