PROVINCIALES
La ley de lemas no están cuestionada en Rio Gallegos? todos contra Grasso!

En la capital provincial avanzan los acuerdos, cuyo plazo finaliza mañana, para presentar candidatos a Intendente. Los nombres que se analizan en el frente y los radicales que podrían jugar por fuera de su partido y con un sublema prestado.
Mañana miércoles a las 00 de la noche, vence el plazo para que las fuerzas políticas presenten la solicitud Reconocimiento de Lemas y Sub-Lemas, y al mismo tiempo, efectúen la Constitución de Alianzas y Frentes de cara al 22 de octubre, cuando en Santa Cruz los municipios elijan sus Intendentes y Concejales (además de diputados, senadores, Parlasur y Presidente)
Por eso, como sucedió en la previa del 13 de agosto, existen negociaciones entre los partidos políticos, que en un contexto totalmente diferente con la victoria del frente Por Santa Cruz, buscan canalizar ese impulso en las comunas.
Es Río Gallegos uno de los principales objetivos. En el territorio de Pablo Grasso, quien quedó segundo en la elección y buscará la reelección como Intendente, ofrecerán una gran cantidad de candidatos con el objetivo de rodearlo, gracias al Ley de Lemas y lograr lo que parecería impensado: arrebatarle la jefatura comunal.
Ahora bien, los partidos que integraban Por Santa Cruz para la votación provincial, continúan en el frente que lleva el mismo nombre como lema. Estos son: Encuentro Ciudadano, Unidos pro Santa Cruz, PRO, y obviamente SER Santa Cruz.
Pero se sumaron otras fuerzas en toda la provincia. Si bien los acuerdos municipales son independientemente de los que se hayan realizado a nivel provincial, estos deben ser coherentes a los realizados antes del 13 de agosto si es que la boleta lleva a los candidatos a diputados nacional, senadores, Parlasur. Por ello, si la UCR se suma como partido, no podrá llevar a Patricia Bullrich en la boleta porque esa alianza no existió previamente para la anterior votación.
Sin embargo, varios radicales, esté o no Bullrich, se añadirán al frente.
Partidos
Hasta ahora, no está seguro que la UCR integre el frente. En los papeles, algunos de sus referentes podrían ser candidatos dentro de Por Santa Cruz, ya que el lema le puede prestar un sublema. Como sucedió hace cuatro años atrás con Daniel Roquel, que fue candidato con el sublema de Encuentro Ciudadano. Este caso le cabría a Leonardo Roquel, actual concejal radical.
En el caso del AR-CC, cuya figura más conocida es el edil Pedro Muñoz, único diputado electo de Cambia Santa Cruz, habrían solicitado efectuar el acuerdo pero solo en una localidad, lo cual sería imposible porque la carta orgánica del frente pide que las uniones se realicen de manera provincial.
Las negociaciones seguirán hasta este miércoles a las 20.
En Río Gallegos se sumaron partidos vecinales, como el del Vicegobernador electo, Fabían Leguizamón, quien analiza también jugar por la intendencia, como lo hizo en 2019 peor dentro de la UCR.
Otros nombres que se analizan (a los ya confirmados) como candidatos a Intendente:
-Encuentro Ciudadano: Gabriela Mestelán o Gabriel Oliva
–PRO Santa Cruz: Alberto Parsons/Gustavo Perroni/ Daniel Álvarez
-SER Santa Cruz: Ariel Varela (ya confirmado)/Daniel Álvarez/Pedro Valenzuela
–Unidos por Santa Cruz: Rubén Ferrara.
El 2 de septiembre vence el plazo para la presentación de listas de candidatos.
Partidos que por ahora adhirieron a Por Santa Cruz:
-Frente de Igualdad Social (Río Gallegos)
-Reconstrucción Social (Río Gallegos)
-Acción Comunal (Río Gallegos)
-Identidad Vecinal (Río Gallegos)
-Integrate 28 (28 de Noviembre)
-Moveré (Las Heras)
-Acción Comunal (Caleta Olivia)
-Movimientos de Autonomía y Participación (El Calafate)
-Somos Rioturbiense (Río Turbio)
-Partido Integración Río Turbio (Diario Nuevo Dia)
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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