PROVINCIALES
La legislatura aprobó la Emergencia Alimentaria y Administrativa en Santa Cruz

Fue con 22 votos a favor. La oposición acompañó el proyecto del Ejecutivo. Tendrá una duración de tres meses y una Comisión de Seguimiento compuesta por un diputado de cada bloque. Qué implica esta ley.
La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Emergencia Alimentaria y Administrativa esta tarde en el recinto.
De esta manera, el Ejecutivo logró el consenso que buscaba con la oposición para aprobar esta norma que otorga poderes que le dan celeridad en la compra en contratación a las carteras de Educación, Salud y Desarrollo Social.
el punto de quien controlaba la norma, fue dispuesto de una manera en la cual un integrante de cada bloque formará parte de la Comisión de Seguimiento.
Qué dice la ley
LEY EMERGENCIA ALIMENTARIA Y ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
DECLARACIÓN, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PLAZO
Artículo 1.- DECLÁRASE el Estado de Emergencia Administrativa y Alimentaria en la prestación y adquisición de insumos y alimentos en el área de Educación, Salud y Desarrollo Social a cargo de la Administración Pública Provincial Centralizada.
El estado de emergencia tendrá pazo de duración de tres (3) meses a partir de su entrada en vigencia. Prorrogable con la anuencia del Poder Legislativo.
CAPÍTULO II
ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS
Artículo 2.– SUPEDÍTASE todo trámite de adquisición de bienes, contratación de servicios y de obras, en el ámbito de la Salud, la Educación y Desarrollo Social, en cuanto a contratación de servicios, así como todo otro acto administrativo que implique compromiso de erogaciones a cargo del Estado Provincial en cualquier modalidad, a la previa autorización expresa por parte del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura. A tal efecto, el titular del ministerio u organismo requirente, deberá, solicitar la autorización pertinente según la modalidad que establezca el ministerio mencionado, indicando las fechas estimadas en que se deberá realizar las erogaciones correspondientes.
Artículo 3.- Previo cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2 de la presente ley, autorízase al Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Ministerio de Salud y Ambiente y Consejo Provincial de Educación, a contratar de manera directa y excepcional y por el término antes citado la ejecución de obras, la provisión de bienes, servicios y alimentos que resulten necesarios para garantizar el cumplimiento de las funciones estatales, mantenimiento de la infraestructura y la provisión de servicios públicos, durante el plazo de vigencia de la emergencia declarada por el Artículo 1 de esta ley, cualquiera sea la modalidad de contratación, excepcionalmente y de manera fundada, los procedimientos ordinarios previstos en la Ley 3755 y modificatorias Ley 3810.
CAPÍTULO III
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Artículo 4.- CRÉASE la Comisión de Seguimiento de la presente Ley de Emergencia en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados, la que estará integrada por tres (3) diputados, uno (1) por cada Bloque Político Parlamentario. La Comisión deberá; indefectiblemente; requerir al Poder Ejecutivo Provincial y/o a los órganos de contralor internos y externos, la información que considere necesaria y practicar las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente en función de las previsiones de la presente ley.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 5.- El Poder Ejecutivo Provincial dictará los reglamentos de ejecución necesarios para la efectiva instrumentación de las disposiciones precedente.
Artículo 6.– INVÍTASE a los Municipios y Comisiones de Fomento a adherir a la presente.
Artículo 7.– La presente ley entrará en vigencia al día siguiente al de su publicación.
Artículo 8.- DE FORMA.-
PROVINCIALES
Desde “Radicales por Santa Cruz” calificaron el rechazo a la afiliación de Leguizamón a la UCR como “arbitraria y sin fundamentos válidos”

Mientras tanto, el vicegobernador radical adelantó que la próxima semana se presentará ante la Justicia Federal para recurrir la decisión “discriminatoria e infundada” del Comité Río Gallegos.
Afiliados, dirigentes y autoridades del espacio “Radicales por Santa Cruz”, que tiene como referente al vicegobernador radical Fabián Leguizamón, repudiaron la decisión del plenario convocado por el Comité Río Gallegos presidido por Marcelo Saá -quien responde políticamente a la concejal funcional al grassismo, Daniela D’Amico- que ayer rechazó la solicitud de afiliación por parte del vicegobernador radical Fabián Leguizamón.
En este contexto, los integrantes del sector “Radicales por Santa Cruz” expresaron su apoyo a Leguizamón y consideraron que esta medida “constituye una represalia en venganza contra Leguizamón por parte de un sector que está negado a aceptar el hecho de haber perdido la mayoría en la última reunión extraordinaria de la Convención Provincial, en la cual se resolvió la integración de la UCR al frente electoral Por Santa Cruz y se ratificó el llamado a elecciones internas para el próximo 13 de julio en toda la provincia”.
“Evidentemente les duele y les molesta mucho el hecho de que un histórico dirigente radical como lo es el vicegobernador Fabián Leguizamón haya logrado construir una mayoría en la Convención Provincial de la UCR, sin siquiera estar afiliado. Su ficha de afiliación fue rechazada por los integrantes de un sector del radicalismo que perdió el liderazgo tras la dura derrota en las últimas elecciones generales y que durante años creyeron que eran los únicos dirigentes capaces de conducir los destinos de nuestro partido, repitiendo fórmulas que llevaron a nuestro querido partido al fracaso. Quedó demostrado que el liderazgo no depende de una ficha ni de un sello partidario”, resaltaron.
Por su parte, el vicegobernador radical Fabián Leguizamón -durante entrevistas a medios- confirmó que la próxima semana se presentará ante la Justicia Federal para recurrir la resolución del Comité Río Gallegos, por arbitrariedad y falta de argumentos válidos, entre otros puntos.
Finalmente, en cuanto a las declaraciones públicas vertidas por la concejal D’Amico, Leguizamón fue contundente y respondió: “D’Amico sostiene que carezco de idoneidad y me acusò de desprestigiar a la UCR, en un fundamento poco sólido y pobre para una abogada”.
“Además, en su momento aclaré públicamente que me desafilié por diferencias con las autoridades partidarias que en ese momento avalaron una jugada en complicidad con el kirchnerismo para conseguir mi remoción de la presidencia del Concejo Deliberante. Siempre defendí las banderas del partido que me vio crecer denunciando la corrupción kirchnerista, a diferencia de D’Amico que opta por mantenerse en silencio avalando la gestión de Pablo Grasso”, sentenció.
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