PROVINCIALES
Intendentes patagónicos denuncian persecución judicial contra Cristina Kirchner

Jefes comunales de Santa Cruz emitieron una declaración conjunta en la que acusan al poder económico y mediático de llevar adelante una ofensiva judicial contra la expresidenta. Llamaron a la unidad y a la movilización democrática.
En una declaración conjunta titulada «Sentencia anunciada, resistencia organizada», intendentes y representantes de las comunidades de 28 de Noviembre, El Calafate, El Chaltén, Río Gallegos, Fitz Roy, Jaramillo y Río Turbio expresaron su “profunda preocupación” por lo que consideran una persecución judicial, mediática y política sistemática contra la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.
“Presa o no, el daño ya está hecho”, advierten en el documento, donde denuncian que esta ofensiva tiene como objetivo disciplinar a una dirigente y enviar un mensaje ejemplificador a todo el campo popular. Según los firmantes, este hostigamiento provoca un “daño enorme a la democracia, a la política y a nuestras instituciones republicanas”.
Los intendentes afirman que atacar a Cristina “es atacar a los millones de argentinos y argentinas que ven en ella la defensa de sus derechos y la garantía de un Estado presente”. También acusan a sectores del poder real de intentar “reescribir la historia desde los tribunales” y medios de comunicación, en lo que consideran un ataque directo a la voluntad popular.
En defensa de la democracia, los firmantes —entre ellos Aldo Aravena (28 de Noviembre), Javier Belloni (El Calafate), Néstor Ticó (El Chaltén), Pablo Grasso (Río Gallegos), Darío Menna (Río Turbio) y Ana María Urricelqui (comunas Fitz Roy – Jaramillo)— llamaron a la unidad, la organización y la movilización pacífica. Convocaron además a la militancia, organizaciones sociales, sindicales y políticas, y a la ciudadanía a “mantenerse en alerta y movilización”.
Finalmente, expresaron que “no hay veredicto capaz de borrar la memoria colectiva ni de impedir que la esperanza se organice” y cerraron con una consigna:
“En defensa de la democracia, en defensa de Cristina, en defensa de nuestro pueblo: ¡unidos y organizados!”
PROVINCIALES
Avanza en Diputados el pedido de informe al Tribunal de Cuentas sobre auditorías efectuadas en la última década

El proyecto de la legisladora del bloque Por Santa Cruz, Adriana Nieto, obtuvo despacho favorable por mayoría esta mañana en la comisión de Presupuesto y Hacienda.
Esta mañana en el marco de la comisión de Presupuesto y Hacienda, los legisladores dieron despacho favorable por mayoría al proyecto de Resolución N°080/25 presentado por la diputada Adriana Nieto (Por Santa Cruz) mediante el cual solicita al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz que informe las auditorías realizadas durante la primera y segunda etapa del corriente año en los distintos organismos e instituciones, como así también las que se encuentran en proceso.
Por otro lado, se le solicita al órgano de contralor la publicación de manera oficial en su sitio web del avance y estado de todas las auditorías realizadas con el fin de facilitar el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, como así también información exhaustiva sobre los hallazgos específicos en las auditorías correspondientes a los períodos 2015-2019 y 2019-2023.
Esta solicitud surge ante la evidente necesidad de que el organismo brinde un reporte exhaustivo sobre el uso y manejo de los recursos públicos en gestiones anteriores y, de esta manera, garantizar una adecuada fiscalización que cumpla con los principios de transparencia y acceso a la información pública, pilares fundamentales de la democracia y del control ciudadano.
En este sentido, la diputada Adriana Nieto remarcó: “Se trata de un organismo de control externo que debiera -en consonancia con lo previsto en la Constitución Provincial- ser un órgano objetivo e independiente. Se han requerido numerosos informes y en esta oportunidad se reitera la solicitud”.
“Es fundamental que el Tribunal de Cuentas actúe como un órgano independiente y objetivo, sin caer en prácticas que puedan interpretarse como una fiscalización parcializada o selectiva que promueva la persecución política o administrativa en detrimento de la gestión actual”, explica la autora en los fundamentos del proyecto.
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