Una nueva actualizaciónentraría en vigencia a partir del 1 de febrero. Es en una sucesión de fuertes incrementos del litro de nafta y gasoil que superó el 140% desde noviembre

Si bien ninguna de las cuatro empresas que dominan el mercado -YPF, Shell, Axion y Puma- anunció una remarcación de los valores, el primer día del mes entrante llega a su fin el congelamiento del impuesto sobre los combustibles líquidos que implementó el ex ministro de Economía, Sergio Massa, el 1 de noviembre del año pasado.

Diferentes fuentes señalaron que en caso de que la Secretaría de Energía resuelva aplicar la actualización del gravamen, el usuario podría gastar entre un 10% y un 25% más en llenar el tanque de su vehículo.

En tal sentido, el oficialismo deberá optar entre restituir la obligación o volver a aplazarla. En el primer caso, suma otro impuesto al rubro, encarece la factura y recauda más. En el segundo escenario, resta presión a lo que pagan los consumidores pero resigna recursos fiscales en detrimento del objetivo de reducir el déficit público.

La novela del impuesto sobre los combustibles

El gobierno de Alberto Fernández prorrogó la actualización del tributo desde el tercer trimestre de 2021. Por ende, todavía queda por ajustar lo postergado en el segundo semestre de 2021, el primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario de 2022; el primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario de 2023, y el correspondiente al primer trimestre de 2024.

Tres semanas antes de las elecciones generales, la gestión anterior resolvió dilatar la carga impositiva «con el fin de asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios», teniendo en cuenta que, «tratándose de impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles».

La decisión se tomó en medio de una escasez de combustibles que generó largas filas de autos y camiones a lo largo y ancho del país. Por entonces, Massa aceleró la importación de 10 buques para abastecer al mercado local y normalizar la situación.

En paralelo, el Palacio de Hacienda a través de la Secretaría de Energía limitaba los aumentos mensuales de las petroleras y los fijaba por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Como contrapartida, beneficiaba a las empresas del rubro con la postergación del impuesto.