El presidente de La Libertad Avanza en Santa Cruz está en el centro de un escándalo nacional tras la difusión de audios donde se lo involucra en prácticas clientelares y presiones indebidas a médicos y funcionarios del PAMI.

El nombre de Jairo Guzmán, referente máximo de La Libertad Avanza en Santa Cruz, quedó manchado por una denuncia que combina lo peor de la vieja política con lo más preocupante de la nueva: la utilización de cargos públicos como herramienta de recaudación y presión partidaria. Según una investigación difundida por el canal Todo Noticias, Guzmán habría exigido “aportes” económicos a médicos y trabajadores del PAMI a cambio de mantener o acceder a sus puestos, lo que representa un escándalo de proporciones tanto éticas como judiciales.

El caso se tornó aún más grave cuando se conoció que las presiones no se limitaron a dirigentes políticos, sino que alcanzaron directamente a profesionales de la salud, cuya tarea se vincula con la atención a jubilados y pensionados, uno de los sectores más vulnerables del país. Lejos de tratarse de un hecho aislado, este accionar parecería formar parte de una lógica más amplia, donde las estructuras del Estado —en este caso, PAMI y ANSES— son vistas como herramientas partidarias en lugar de espacios de servicio público.

La filtración de audios y comprobantes de transferencias habría sido realizada por un exfuncionario del propio espacio, quien, al desvincularse, decidió hacer públicas las maniobras. Lo denunciado es particularmente grave no solo por su contenido, sino por lo que revela: un esquema en el que lo técnico o profesional queda relegado frente a la obediencia política y los aportes económicos.

El hecho de que Guzmán continúe en funciones como presidente provincial del partido, sin que se hayan tomado medidas desde la conducción nacional de La Libertad Avanza, llama profundamente la atención. Resulta incongruente con los discursos de transparencia y lucha contra “la casta” que se esgrimen desde el espacio oficialista. Si se validan estos hechos, no solo se trata de corrupción: estamos frente a una forma de disciplinamiento político que erosiona la credibilidad institucional y desprecia los valores democráticos.

No es un caso menor ni aislado. La trama también aparece replicada en otras provincias, como Misiones o Chaco, lo que podría configurar una red de prácticas sistemáticas, camufladas bajo el discurso del cambio, pero profundamente arraigadas en los vicios de siempre. En este contexto, el caso de Santa Cruz adquiere una dimensión ejemplificadora: si no se actúa con firmeza, el mensaje será que todo vale, incluso usar la plata de los jubilados para financiar la política partidaria.

El silencio o la demora en las sanciones solo agregan sospechas. La ciudadanía merece respuestas, no sólo investigaciones judiciales, sino decisiones políticas que demuestren que la corrupción no tiene bandera ni ideología, y que debe ser combatida en todas sus formas, especialmente cuando atenta contra los más indefensos.