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Domingo 08 de Junio del 2025

INFO. GENERAL

En camino hacia una nueva marcha federal

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Luego de semanas de paros consecutivos con altísimo acatamiento en reclamo de salarios dignos, los docentes de las principales casas de estudio del país planean movilizarse al Congreso. La idea es exigir que el Senado convierta en ley el proyecto de Financiamiento Educativo, que ya tiene media sanción de Diputados. Si Milei llegara a vetarla, se reeditaría la multitudinaria concentración de abril. 
Patricia Chaina

Por Patricia Chaina

La lucha por el presupuesto universitario se encolumna hacia una nueva marcha federal tras las jornadas de paro que en las últimas dos semanas tuvieron un altísimo nivel de adhesión. Para esto se avanza en pasos estratégicos que incluyen una convocatoria a la Plaza de los Dos Congresos para exigir que el Senado apruebe la Ley de Financiamiento Universitario que obtuvo media sanción en Diputados. De concretarse y ante la posibilidad de que ésta sea vetada por el Ejecutivo, las gremiales docentes y no docentes, los estudiantes y el cuerpo de rectoras y rectores reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) podrían concretar en septiembre, una marcha que reedite la multitudinaria y contundente movilización de abril.

Esa marcha histórica definió no solo “el valor que tiene la universidad como institución”, señala Carlos De Feo, secretario general de la Federación de docentes universitarios (Conadu). “Esto empieza con una cuestión gremial, porque nos pagan una porquería de sueldo, y termina siendo un reclamo más amplio” describe. Es que “detrás del reclamo universitario hay otros reclamos, porque la gente lo vive como un espacio para expresarse, y confirma la credibilidad que tiene la universidad pública en nuestros país”.

Hoy, con el objetivo de salvar al sistema público de formación profesional del abismo al que lo condena el gobierno de Javier Milei, se organizan acciones de visibilización: abrazos, banderazos y debates, se darán en los próximos días en las 60 universidades del país. La actividad en las facultades que tienen elecciones sumara el debate al interior de los claustros.

En tanto desde el gobierno ajustan sobre el ajuste y suman provocación: hace cuatro días se dio por cancelada la opción de presentar proyectos de investigación. El anuncio, fatal, fue explicitado por Alicia Caballero, titular de la Agencia de financiamiento “del degradado ministerio de Ciencia y Tecnología”, explica Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA: “Un dato que da cuenta de que efectivamente este gobierno tiene como objetivo que desaparezca nuestro sistema científico tecnológico, y el corazón de este sistema, son las universidades”.

En este panorama de conflicto y lucha emerge la convicción de rescatar del ahogo financiero al sistema universitario. Se apunta a la nueva marcha organizada por el Frente Sindical de docentes y no docentes. Y la adhesión del CIN, cuya reunión del 30 de agosto en La Pampa se anticipa como el lanzamiento orgánico de la protesta, dado que se estima que, de aprobarse en el Senado la Ley de financiamiento, sería vetada.

“Ya comenzaron las reuniones con agrupaciones estudiantiles de diferentes espacios políticos” detalla Pablo Perazzi, secretario general de la Federación de Docentes Universitarios de la UBA (Feduba). Al tiempo que se avanza en encuentros con bloques de senadores “de ciertos sectores del radicalismo y del peronismo”, confirma el dirigente docente. “Y el Frente Sindical resolvió concurrir esta semana al Congreso ya que el jueves el Senado trataría la Ley de ampliación del presupuesto. El mandato es montar en la plaza una radio abierta donde los trabajadores junto a los estudiantes exijamos que el Senado la vote, a sabiendas de que Milei la va a vetar”, explica Perazzi.

Es que en el proclamado “déficit cero” de Milei, el presupuesto universitario deviene en una gran erogación: solo con un “salario digno” para docentes y no docentes, junto con el que debería cobra el resto de los vilipendiados trabajadores del Estado, se acaba esa ilusión. El sector universitario estima que todas las leyes que suscriban los “degenerados fiscales”, van a tener el veto presidencial.

“Estamos en un momento complejo –explica Arias–, porque parte de la sociedad cree que el conflicto se resolvió después de la hermosa marcha de abril. Y lo único que se resolvió fue parte del gasto de funcionamiento, lo básico. Pero más del 90 por ciento que es lo salarial, quedó retrasado. Perdimos el 40 por ciento del salario y esto pasó desapercibido”.

La marcha logró que se mejoren los gastos de funcionamiento “pero el salario está deteriorado y cuando perdés docentes, porque no les conviene dar clases, atentas contra el corazón del sistema científico tecnológico –insiste Arias–. Y el problema sindical se convierte en un problema del país que pierde soberanía científica y la posibilidad de formar profesionales para los problemas que tiene la sociedad, esto es muy grave”.

“El gobierno trató de arreglar la cuestión presupuestaria, pero mando fondos solo para gas y luz –ironiza De Feo–, pero no se funciona solo con la luz y el gas, se necesita mucho más presupuesto y no está”. Hoy, los reclamos siguen siendo los mismos que en abril: presupuesto relegado y no actualizado, atraso salarial de docentes y no docentes; falta de becas y apoyo estudiantil; necesidad de mayor financiamiento para ciencia y técnica y obras de infraestructura.

Para De Feo, esto “era un tema gremial sectorial. Hoy son decisiones que expresan un modelo de país: depende dónde y cómo se toman estas decisiones. Si el Congreso vota leyes que al presidente no le gustan y las veta, vivimos una dictadura. Pero estamos viendo con el tema de la SIDE o las jubilaciones, una rotación en la dinámica porque desde la política se sale a enfrentar las decisiones del gobierno nacional”.

Este reclamo salarial empezó el 20 de diciembre, después de la gran devaluación, repasa De Feo. “Hemos tenido reuniones, todas frustradas, y cada vez que manifestamos desacuerdo salen con un anuncio peor. Hace unos días nos convocaron a una reunión paritaria y ofrecieron aumentar un 3 por ciento en agosto y un 2 en septiembre. Una tomada de pelo. Cuando uno expresa que no alcanza, los tipos se van de las reuniones y lo sacan por decreto” describe.

Muy atentos a la decisión que tome Milei, para convocar a la nueva marcha universitaria, el secretario general de Conadu confirma: “Actuaremos en función de lo que haga el presidente. Y no creo que le tiemble el pulso para vetar la ampliación del presupuesto universitario, porque esto implica también rediscutir esta política mesiánica que tienen con el tema de déficit cero”.

El trasfondo es una universidad arancelada. Para Arias, “frente los enorme problemas productivos y la pobreza creciente, hay que pensar en políticas públicas para poder solucionarlos. Ellos no creen en las políticas públicas, porque descreen en la posibilidad de lo colectivo, en cuidar a los más débiles, en que haya que planificar el desarrollo”.

“Para eso están ahogando financiera y salarialmente a la universidad, porque la vocación te da hasta que no podes pagar la olla –comparte De Feo–. Y esto también termina siendo una pelea nacional, por otro modelo de país. Nosotros no podemos bajar los brazos porque sería la destrucción de la universidad pública y eso es lo que buscan”.


Avisos

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Alerta máxima en el kirchnerismo: creen que es inminente la detención de Cristina

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En el Instituto Patria creen que la Corte fallará el próximo martes y se declaran en «alerta y movilización».

Por Pablo Dipierri

El senador Oscar Parrilli llamó por teléfono a el diputado Eduardo Valdés este viernes para comunicar el estado de alerta que vive por estas horas el Instituto Patria, bajo la convicción de que la Corte fallará contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad el martes próximo, en la reunión de acuerdos. La ex Presidenta y su entorno creen que su detención sería inminente.

La preocupación del kirchnerismo se palpa en los frenéticos mensajes que cruzan legisladores, dirigentes y militantes, tan solo para compartir la angustia ante una decisión que imaginan inminente, luego que la Corte removiera el ultimo obstáculo procesal al rechazar la recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti. En el Instituto Patria confirmaron a LPO este viernes que no hay interlocución con el máximo tribunal.

Si la Corte falla y confirma la sentencia contra Cristina antes del 19 de Julio, no podrá ser candidata a diputada en las elecciones bonaerenses de septiembre, donde las encuestas indican que tiene buenas probabilidades de ganar en la Tercera Sección Electoral, esto es el sur del Conurbano, la zona más popular y poblada de la provincia.

Un camarista reconoció a LPO que existen presiones de sectores del poder para que Cristina vaya presa, algo que también habían admitido los senadores cuando se trató el frustrado proyecto de Ficha Limpia en el Senado. «En Argentina siempre es un mal momento para fallar, porque hay elecciones cada dos años y casi siempre estamos en campaña electoral», matizó un juez federal para conceder que la Corte puede resolver el caso ahora.

Ante la posibilidad de la detención de la ex presidenta, el kirchnerismo analizaba este viernes movilizarse. El diputado kirchnerista y secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó ante la prensa que «tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no». En el despacho de una colega suya del bloque peronista, confirmaron a LPO que la definición del momento en el peronismo es de «alerta y movilización».

Tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no.

Un juez de Comodoro Py que conoce a la ex presidenta afirmó a LP que Cristina esperaba este escenario. «De un momento a otro, los jueces pueden dar ‘enter’ para fallar o posponer la sentencia, ella lo sabía y por eso apuró su candidatura y los trató de guardia pretoriana», dijo en referencia al reportaje que le concedió Cristina a C5N el pasado lunes.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en un reciente encuentro con jueces.

Como sea, las posibles consecuencias de una detención de Cristina eran analizadas este viernes en todo el sistema político. Una lectura es que el peronismo podría hacer una pausa en sus divisiones para defender a la actual presidenta del PJ, principal partido de la oposición, lo que también sugiere un posible impacto internacional.

«De la Rúa metió preso a Menem para tapar el ajuste y no le sirvió de nada», recordó un dirigente peronista de larga trayectoria y agregó: «en Brasil lo metieron preso a Lula, parecía que no pasaba nada y después volvió a ser electo Presidente». En efecto, el impacto de una detención de Cristina sobre el gobierno de Milei no es un tema menor.  

«Es una bomba neutrónica en el peronismo», opinó con una mirada menos romántica uno de los dirigentes más importantes de esa fuerza. El gobierno, en tanto, podría experimentar el relativo alivio de no arriesgarse a una derrota en la tercera sección electoral que, como publicó LPO, amenaza con garantizarle la victoria al kirchnerismo en el resultado global del territorio bonaerense si la diferencia es abismal.

El peronismo, por supuesto, planteará la detención de Cristina como la proscripción de la ex presidenta. Esa es la razón por la que hasta un diputado macrista repetía hasta el cansancio cuando se discutió el proyecto de Ficha Limpia que «a Cristina hay que ganarle en las urnas». 

Una decisión inminente de la Corte iría en contra de la jurisprudencia no escrita del máximo tribunal, acerca que no resuelve casos de corrupción que afecten o inhiban los derechos políticos de un posible candidato en un año electoral.

Como sea, las opciones de la Corte serían la de negarse a tomar el caso, por medio de la apelación del artículo 280 del Código Penal, y dejar firme la sentencia de la Cámara de Casación o abrir los recursos de queja y revocarlos, con el mismo desenlace para la ex presidenta. Pero los ministros también podrían revisar los recursos y tomar el de la fiscalía, que duplica la condena a 12 años bajo la figura de asociación ilícita, lo cual dilataría el proceso y otorgaría más tiempo a Cristina.

Con información de la Política On-Line


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