Con media sanción del Senado, en la comisión de Presupuesto y Hacienda tuvo 24 firmas positivas y 20 de rechazo, entre estos, os bloques del PRO, Evolución Radical, la Coalición Cívica y parte de UCR.

Pese al rechazo de la mayor parte de la oposición, que alertó sobre un presunto aumento de la presión impositiva implícito en la letra del proyecto, el oficialismo consiguió hoy firmar dictamen de mayoría favorable a la ley que convalida el Consenso Fiscal suscripto en diciembre por el presidente Alberto Fernández y 21 gobernadores.

La iniciativa, que ya tiene media sanción del Senado, fue discutida en la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde recibió 24 firmas positivas y 20 de rechazo. En contra se expresaron los bloques del PRO, Evolución Radical y la Coalición Cívica, mientras que los diputados de la UCR se dividieron a la hora de firmar.

A fines del año pasado, el consenso fiscal fue rubricado por todos los mandatarios provinciales a excepción de Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Horacio Rodríguez Larreta(Ciudad de Buenos Aires).

Había sido incluido por el Poder Ejecutivo en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, pero el tema nunca llegó a tratarse durante el verano.

Entre otros aspectos que hacen al ordenamiento tributario, el nuevo consenso fiscal dispone que las alícuotas de Ingresos Brutos no puedan exceder a las fijadas para cada actividad y además ratifica la decisión de evaluar durante este año la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.

También contiene un capítulo denominado de «endeudamiento responsable», que dispone que las provincias podrán aumentar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito.

En tanto, en materia de responsabilidad fiscal, la iniciativa estipula que «la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PBI».

Consenso fiscal con rechazo
La reunión de la comisión de Presupuesto fue conducida por su presidente, Carlos Heller, quien al comenzar el encuentro le cedió la palabra al miembro informante por el oficialismo, Marcelo Casaretto, para que diera los fundamentos a favor de la iniciativa.

El entrerriano habló de «las seis partes» del proyecto: compromisos en materia tributaria; en materia de endeudamiento responsable; en materia de responsabilidad fiscal; en materia de procesos judiciales; compromisos de Gobierno nacional; y compromisos comunes.

Sobre la cuestión impositiva, Casaretto explicó que «hay un compromiso muy fuerte de intercambio de información entre el Estado nacional y los Estados provinciales, avanzando en la simplificación y la coordinación tributaria federal», y «un intercambio de información en cuanto a los titulares de los inmuebles y otros bienes registrables y la valuación».

También remarcó la confección de un padrón federal de registro único, y la «coordinación en materia de Ingreso Bruto en convenio multilateral».

En tanto, destacó «la devolución automática de los saldos a favor por retenciones en materia de Ingresos Brutos».

Al referirse al capítulo de endeudamiento responsable, el diputado del Frente de Todos indicó que el proyecto dice que «durante un año las provincias solo podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera cuando se trata de financiamiento en materia de organismos bilaterales o desembolsos pendientes de créditos acordadas anteriormente, o canjes de pasivos o reestructuraciones de deudas anteriores».

«De la misma manera a fondos destinados a ciertas obras de infraestructura disputas con anterioridad al 31 de diciembre», completó.

En materia de responsabilidad fiscal, ponderó que «se establece una regla límite de crecimiento del gasto, vinculada con el crecimiento del producto bruto interno de cada provincia».

«El año 2022 era un proceso de transición en la salida de la pandemia. Y que el producido del endeudamiento de los gobiernos provinciales no pueda destinarse a los gastos corrientes”, acotó.

En cuanto a los compromisos en materia de procesos judiciales, resaltó que «las provincias se comprometen a abstenerse de iniciar procesos judiciales durante un año, y suspender por igual termino los ya iniciados».

El quinto capítulo alude a los compromisos del Gobierno nacional a cancelar las deudas pendientes, «básicamente a cajas de jubilaciones no transferidas por las provincias» y «a compensar deudas y créditos recíprocos».

Por último, explicó que el sexto capítulo dispone que las partes «acuerdan dejar sin efecto las obligaciones asumidas en materia tributaria provincial, a través de los consensos 2017, 2018, 2019, 2020».

«En consecuencia, se deja sin efecto los compromisos de bajar los impuestos provinciales sin financiamiento, a efecto de no endeudar más a las provincias», apuntó.