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El Papa reacomoda el tablero: trastienda de la salida de Poli del arzobispado porteño

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Francisco no le extendió la posibilidad de seguir en su puesto, como hizo con otros. Los motivos. García Cuerva, un cura que comenzó en la villa La Cava, asumirá en 50 días.

Por: Claudio Mardones@mcmardons

Los diez años de papado de Jorge Mario Bergoglio parecen haber cerrado una etapa y abierto otra para su ejercicio del poder eclesiástico. Quedaron atrás los cálculos de un paso breve por la conducción del Vaticano. Desde el 13 de marzo Francisco transita su onceavo año de gobierno pontificio y este 25 de mayo clausuró en su terruño una era que había comenzado en 2013, cuando fue nombrado papa y designó a Mario Poli como su sucesor en el arzobispado de Buenos Aires. En noviembre cumplió los 75 y comenzó a correr el tiempo para su jubilación como obispo. Bergoglio no le extendió su presencia, como ha hecho con otros. Solo le permitió que este jueves diera la homilía de su último Tedeum como jefe de la diócesis de Buenos Aires y este viernes a las siete de la mañana le aceptó la renuncia. Puso en su lugar, tal como anticipó este diario en su edición del 30 de octubre, al obispo de Río Gallegos Jorge García Cuerva.

Poli no se irá de inmediato. Su sucesor asumirá el sábado 15 de julio a las 10:30 en las escalinatas de la Catedral Metropolitana. A partir de ese momento comenzará a correr el tiempo hasta que Bergoglio lo nombre cardenal primado de la Argentina, con la posibilidad de hacer valer su voto, junto a más de 100 purpurados, a la hora de elegir un nuevo pontífice. El papa repite que mientras el cuerpo y la mente lo acompañen seguirá en el puesto. Esta vez metió mano en su amada retaguardia estratégica (que no pisa desde febrero de 2013) y puso en lugar de Poli a un cura villero, de 55 años, que militó en la Juventud Peronista durante los primeros años de la recuperación democrática y fue ordenado sacerdote en 1997 por Alcides Jorge Pedro Cassaretto, que condujo Cáritas por casi una década. García Cuerva recibió los hábitos en el mismo año en que Bergoglio fue nombrado arzobispo porteño y comenzó a jugar en la primera división del mando de tropa eclesiástico.

Oriundo de Río Gallegos, el flamante sucesor de Poli comenzó en la parroquia de Nuestra Señora de La Cava, Beccar y allí estuvo por casi una década, bajo el obispado de Oscar Vicente Ojea, al frente de la diócesis de San Isidro y actual titular de la Conferencia Episcopal Argentina. El presidente de la CEA cumplió los 75 en 2021 y podría haberse jubilado de inmediato, pero Bergoglio no le aceptó la renuncia y lo mantiene en un cargo estratégico.

Dicen que Poli podría haber corrido la misma suerte, pero la venta de un terreno propiedad del arzobispado lo sacó del círculo de confianza del papa. Una auditoría del Vaticano cuestionó la enajenación de un predio ubicado en Puerto Madero donde querían construir una escuela pero no se pudo, porque en su lugar había una estación de servicio para los coches de alta gama de los vecinos del barrio mas exclusivo de la capital. Las críticas de la auditoría surgieron hace más de un año y desde entonces comenzó a correr el tiempo de descuento para el arzobispo saliente.

El hilo comenzó a hacerse muy fino en octubre pasado, cuando García Cuerva viajó a Roma por una semana y estuvo con Bergoglio. La confirmación del nombramiento llegó a Buenos Aires hace diez días y se mantuvo en secreto hasta el viernes a pedido de la Santa Sede. En vista de la importancia del cargo, el Vaticano informó al gobierno con anticipación. El encargado de recibir la noticia fue el secretario de Culto, Guillermo Oliveri. El sobre fue entregado por el nuncio apostólico, Mirosław Adamczyk, en los días de los preparativos del Tedeum. Tanto Poli como la Casa Rosada supieron de antemano su reemplazo y mantuvieron silencio hasta que el boletín diario de la Sala de Prensa del Vaticano oficializó el cambio al mediodía romano, es decir, a las siete de Argentina. 

Así fue el contexto en el que se pactó el inédito discurso de tres minutos que ofreció el presidente Alberto Fernández cuando Poli concluyó la homilía. «Ya que va a ser el último Tedeum de ambos, ¿podría dar unas palabras de agradecimiento sobre el final?», fue la consulta que le adjudican a Oliveri en diálogo con el párroco Alejandro Russo, rector de la Catedral.

Según confió a Tiempo un testigo de la negociación, la respuesta afirmativa de Poli llegó pocos minutos después y habilitó una escena inédita que sólo tiene un antecedente similar, pero fuera de la Catedral. Lo protagonizó Raúl Alfonsín en el promedio de su presidencia. El 2 de abril de 1987, durante el quinto aniversario del desembarco argentino en Malvinas, pidió la palabra en la Iglesia Stella Maris, ubicada en Retiro, al lado del Estado Mayor de la Armada, y rechazó a viva voz las acusaciones por presunta corrupción que lanzó el vicario castrense José Miguel Medina durante su homilía. Fue dos semanas antes del levantamiento carapintada que lideró el coronel Aldo Rico durante la Semana Santa de ese año.

Fernández aprovechó los tres minutos para recuperar centralidad en una día donde la ceremonia de agradecimiento por el primer gobierno patrio de 1810 había pasado a un segundo plano. El discurso que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ofreció el jueves en Plaza de Mayo concentraba casi toda la atención. Aún así, el presidente protagonizó esa escena. Sabía que el cardenal iba a mencionar el informe del Observatorio de la UCA donde resalta que «seis de cada diez niños, niñas y adolescentes argentinos son pobres y ese porcentaje se visualiza más crudamente si consideramos que alcanza a 8.200.000 menores de edad, de los cuales hay más de 4.200.000 con carencias alimenticia». Eso dijo el sacerdote. Fernández no se sorprendió. Hizo uso de la palabra, se despidió de Poli y saludó a Bergoglio, que lleva más de dos años sin recibirlo en Roma.

«Es un 25 de mayo muy especial para mí. Es el último de este mandato, con lo cual lo celebro de un modo especial. Los 25 de mayo nos convocan a repensarnos como sociedad. Es un día especial porque hace 20 años entramos con Néstor a esta Casa de Gobierno y no puedo dejar de recordarlo. Me acuerdo de cada detalle y me emociona ese recuerdo. (…) Quiero decirles que, así como en todo este tiempo recurrí muchas veces al Papa Francisco, el querido Papa siempre me estuvo ayudando. Siempre lo hizo en silencio y hoy lo hago público. Quiero que podamos construir la unidad y una sociedad más justa», dijo el presidente para agradecerle a Francisco las gestiones que hizo en 2020 con la titular del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva.

García Cuerva siguió todo desde Río Gallegos. Fue elegido en una terna de candidatos donde también estaban Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata y Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires desde 2017 y titular del Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia. La llegada del cura santacruceño implicará un cambio en el tono político del arzobispado porteño. Para el gobierno de la Ciudad, que será conducido hasta diciembre por Horacio Rodríguez Larreta implicará un cambio de interlocutor y también una nueva autoridad eclesiástica de alta exposición política para el próximo vecino que llegue a Balcarce 50 a partir del 10 de diciembre, sea de la orientación ideológica que sea.

Al arzobispo electo le quedan 50 días para asumir. La ceremonia podría contar con las amistades políticas que posee, como el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Economía Sergio Massa. A ambos los conoce de su paso por el norte bonaerense y especialmente por los barrios populares de la zona. Para el jefe del Palacio de Hacienda no es un dato menor, porque le podría permitir recomponer su relación con Bergoglio, que todavía le endilga haberle buscado un relevo para sacarlo de Buenos Aires y mandarlo a Roma, a pedido de Néstor Kirchner. Eran los tiempos de la guerra silenciosa que derivó en la decisión del entonces presidente de mudar la ceremonia del Tedeum a otras provincias a partir de 2005.

Ahora en Roma dicen que son otros tiempos, que empezó otra década. Hasta Bergoglio piensa en volver al país. El mismo 25 de mayo deslizó en diálogo con niños de la villa 31 de Retiro que podría visitar la Argentina en 2024 dentro de una gira que incluiría Brasil. Los mecanismos formales no se activaron porque en la Santa Sede recién moverán los resortes después de las elecciones de octubre. Pero ya quedó algo claro: si viene el año que viene y regresa al Buenos Aires que añora, será recibido por el arzobispo que designó el viernes para cuidarle la retaguardia estratégica. Tiene 20 años por delante para ejercer el poder de obispo y cardenal primado que Francisco detentó entre 1997 y 2013.


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La Corte Suprema rechazó dos planteos contra el mega DNU de Milei

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Se trata de las presentaciones realizadas por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el abogado Jorge Rizzo. El máximo tribunal entendió que no había “caso concreto”, “causa” o “controversia” en los planteos.

La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad los planteos del gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, y de la Asociación Civil Gente de Derecho contra el mega DNU 70/23 dictado por Javier Milei para desregular la economía y desguazar el Estado. Según los jueces supremos, en ninguna de las presentaciones había un “caso concreto”, “causa” o “controversia”, sino una objeción general y abstracta a la norma. Así, el máximo tribunal le dio una buena noticia al Poder Ejecutivo, que ya había recibido el rechazo del Senado a un decreto que continúa vigente mientras no se expida también en su contra la Cámara de Diputados. La decisión de la Corte se produjo en momentos en que Milei avanza con su intención de nombrar nuevos jueces en el máximo tribunal: el Presidente impulsa las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Con observaciones diferentes en los expedientes iniciados por Quintela y por el abogado Jorge Rizzo en representación de ACGD, los cuatro jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti entendieron que no había un «caso» para tratar, ante la invocación genérica de representatividad y la objeción sin que se apuntara a un hecho concreto.

«La discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y, en general, de los actos de las otras dos ramas de gobierno no es por sí misma una cuestión sobre la que deban opinar los tribunales nacionales«, sostuvieron los magistrados.

«Sólo deben hacerlo –estimaron– cuando es necesario examinar el tema para decidir una causa que verse sobre puntos regidos por la Constitución, los tratados y las leyes nacionales, a requerimiento de parte interesada».

La consecuencia directa e inmediata de la resolución es que el DNU 70 mantiene su vigencia con excepción de los capítulos que fueron expresamente suspendidos por otros tribunales judiciales, como la reforma laboral, la derogación de la Ley de Tierras y de la ley del Instituto de la Yerba Mate. Sobre esos puntos, la Corte deberá eventualmente pronunciarse, según avancen los expedientes.

Sobre el planteo de Quintela

En el caso de la presentación de Quintela, la Corte entendió que “la provincia de La Rioja no ha puesto a consideración del Tribunal una causa, asunto o caso contencioso cuya decisión corresponda a los tribunales de la Nación de conformidad con los artículos 116º y 117º de la Constitución y 2° de la ley 27″. Quintela había pedido que la Corte Suprema declarara si el mega decreto era o no constitucional en su conjunto.

La presentación de Quintela, con el patrocino del ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni, se produjo días después de la firma del DNU y consistió en el pedido de una acción declarativa de certeza sobre la inconstitucionalidad del decreto. El planteo del gobernador riojano sostenía que el DNU produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a decenas de artículos de la Constitución y al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

El objetivo de Quintela, en la presentación hecha a fines de diciembre y que la Corte demoró casi cuatro meses en tratar, era el dictado de una medida cautelar que dispusiera la suspensión total de los efectos del Decreto 70/2023 y que ordenara al Poder Ejecutivo de la Nación no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta que se resolviera definitivamente la causa.

Pero los cortesanos entendieron que «el control encomendado a la Justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere inexorablemente de la existencia de un ‘caso’ donde se debata la determinación de un derecho entre partes adversas, fundado en un interés específico, concreto y atribuible en forma determinada al litigante”, algo que, desde su perspectiva, no quedó plasmado en el planteo.

En la presentación de La Rioja -añadieron-, “la demanda no ha definido ningún interés propio de la provincia (como persona jurídica diferenciada de sus vecinos) que se encuentre afectado de manera actual y concreta”. Por eso, Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti rechazaron in limine la demanda.

El rechazo a Rizzo

El planteo de Rizzo por la Asociación Civil Gente de Derecho llegó al máximo tribunal a través de un per saltum, luego de que en otras instancias judiciales rechazaran su pedido de una medida cautelar. Quien había rechazado la demanda en primera instancia fue el juez Enrique Lavié Pico, con un argumento coincidente con el que ahora usó el máximo tribunal: que el demandante no estaba legitimado para actuar y que no había un caso o una controversia efectiva.

La apelación de Rizzo fue objetada con razones similares por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El abogado presentó un recurso extraordinario y, ante una nueva denegación, fue en queja ante la Corte. Sostuvo que el DNU violó el principio de división de poderes y la prohibición de legislar que pesa sobre el Poder Ejecutivo; y que los rechazos a su demanda respondían con formalismos ante un avasallamiento de la Constitución.

Los supremos fallaron que «el recurso extraordinario ha sido bien denegado”, pues “no rebate los argumentos de la sentencia de cámara”. Para la Corte, ni Rizzo «personalmente, ni la asociación que preside, poseen un interés concreto o sustancial en la declaración de inconstitucionalidad del DNU».


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