El encuentro se realizará desde las 10 en la Rosada y analizaran lo pasos a seguir. El canciller Santiago Cafiero responsabilizó al Poder Judicial de generar «tensión» con los otros poderes del Estado.

El presidente Alberto Fernández se reunirá mañana con gobernadores para analizar los pasos a seguir en el pedido de juicio político que impulsará contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

El encuentro se realizará desde las 10 y será el segundo entre el mandatario y gobernadores desde que el máximo tribunal dictara una cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires sobre la proporción de los fondos de coparticipación federal para el distrito.

Ayer por la mañana, antes de viajar a Brasil para participar de la asunción presidencial de Luiz Inácio Lula Da Silva, Fernández anunció que la decisión de impulsar un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema -también presidente del Consejo de la Magistratura- contaba con el respaldo de gobernadores.

En una carta pública difundida ayer, en el primer día del año, el mandatario agregó además que se pedirá que «se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal».

El conflicto está planteado por el fallo en el que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, dando lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta. Tras ese fallo, 18 gobernadores -con matices- rechazaron lo decidido por la Corte y denunciaron que se trataba de una regresión en el sistema federal de gobierno.

El canciller Santiago Cafiero responsabilizó al Poder Judicial de generar «tensión» con los otros poderes del Estado al «avanzar» con potestades que le son propias al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, con decisiones que impactan sobre el «federalismo».

Mientras tanto, la diputada del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard afirmó que el oficialismo cuenta con los votos en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja para tramitar «la apertura» del sumario.

«La investigación dura 60 días», dijo y aseguró que, en ese plazo, «se pueden llamar a los acusados y testigos para que comparezcan».