El abogado defensor del legislador Fernando Españón, Sandro Levin, calificó como «totalmente improcedente» el pedido de desafuero presentado por la Justicia de Santa Cruz. Argumentó que se trata de delitos menores y denunció presuntas maniobras políticas detrás del proceso judicial.

El abogado Sandro Levin, defensor del diputado provincial Fernando Omar Españón, cuestionó duramente el pedido de desafuero solicitado por la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Cruz. En declaraciones a Patagonia Nexo, calificó la medida como «totalmente absurda e improcedente» y vinculó la decisión a una presunta manipulación política.

«Yo considero, en primer lugar, que es totalmente absurdo e improcedente el pedido de desafuero por varias cuestiones. Primero, porque se trata de delitos menores. Estamos hablando de causas por abuso de autoridad, que prevén penas de seis meses, multas y todo eso. Generalmente, estos casos se resuelven con probation o el pago de una multa. No hay ninguna necesidad de pedir un desafuero por estas causas», explicó Levin.

El abogado comparó la situación de Españón con otros casos de relevancia nacional y puso como ejemplo el episodio del festejo de cumpleaños del expresidente Alberto Fernández durante la pandemia: «Uno de los casos más resonantes fue el de Alberto Fernández, con el tema del COVID. Pagó una reparación económica y se extinguió la acción. Esto demuestra lo exagerado del pedido de desafuero».

Sobre la causa por abuso sexual, Levin sostuvo que el procesamiento no está firme y denunció irregularidades: «Primero, es una causa armada, a mi criterio. Segundo, hay un auto de procesamiento que no tiene sentencia firme y que está recurrido. La Cámara deberá resolver si confirma o no ese procesamiento. Esto se da justo después de una disputa en el Consejo de la Magistratura, donde Españón participó y se terminó designando a la doctora Herrera como presidenta. Claramente se están tocando intereses dentro del Poder Judicial».

Además, el defensor de Españón acusó a ciertos sectores de la Justicia de actuar con parcialidad y de tener un «estado de confort» que se vio afectado con los cambios políticos en la provincia. «Los jueces de Santa Cruz han vivido en un estado de confort durante más de 30 años. Hoy no van a poder seguir designando a jueces amigos y adictos al kirchnerismo, y eso los molesta», aseguró.

Respecto a las acusaciones contra su defendido, Levin insistió en que las causas carecen de sustento y que, en algunos casos, fueron impulsadas con maniobras irregulares. «Las notificaciones a Españón se hicieron primero a través de los medios y después por la Justicia. La causa por abuso de autoridad, por ejemplo, es una locura. La jueza Busto se hace cargo de un CIC (Centro Integrador Comunitario) que tenía fondos nacionales, cuando en realidad no le correspondía, y terminan procesando a Españón en vez de a la jueza», señaló.

Por último, el abogado denunció impunidad dentro del Poder Judicial y aseguró que pedirá la intervención federal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. «El manto de impunidad que el Tribunal le da a la jueza Busto es impresionante. Hace poco se conoció un caso en Río Turbio donde armas de fuego del juzgado terminaron vendidas afuera. ¿Qué hicieron? Dejaron preso a un pobre pibe que compró un arma en vez de investigar a la jueza y a su secretario. Por eso voy a propiciar una intervención federal al Tribunal Superior de Justicia», concluyó.

Mientras tanto, la oposición en la Legislatura busca acelerar el tratamiento del desafuero de Españón, que podría definirse en una sesión extraordinaria prevista para el próximo miércoles a las 16 horas.