La Cámara baja sancionó la primera ley del gobierno de Javier Milei, que incluye el regreso de ganancias para los trabajadores, bajas de impuestos para los más ricos, una regresiva reforma laboral, facultades extraordinarias para el Gobierno, privatizaciones y beneficios exorbitantes para las multinacionales.

Por María Cafferata

La tercera es la vencida y tras seis meses de idas y vueltas, de sesiones fallidas y cientos de artículos modificados, de misiles presidenciales contra el «nido de ratas» del Congreso y una oposición dialoguista que le rogaba al gobierno que los ayudara a ayudarlos, la Cámara de Diputados votó la primera ley de Javier Milei. Pasada la una de la mañana, la Ley Bases – que incluye una regresiva reforma laboral, facultades extraordinarias para eliminar organismos públicos, la privatización de ocho empresas públicas y un régimen de inversiones con beneficios exorbitantes para las empresas multinacionales – fue sancionada, con las modificaciones introducidas por el Senado, con el respaldo del PRO, el radicalismo, Hacemos Coalición Federal y gran parte de las fuerzas provinciales con 147 votos a favor y 107 en contra con 2 abstenciones. 

El paquete fiscal, con su reversión del impuesto a las Ganancias y la reforma de Bienes Personales, también consiguió apoyo mayoritario. El regreso del impuesto a las ganancias para los trabajadores obtuvo 136 votos a favor y 116 en contra, con 3 abstenciones. La rebaja en los Bienes Personales para los más ricos alcanzó 134 votos positivos frente a 118 en contra y también 3 abstenciones. Se abre ahora la instancia de la judicialización, sobre todo del impuesto a las Ganancias, por lo irregular del trámite seguido. 

Desde temprano, en la Cámara de Diputados predominaba el cansancio y la sensación de que, tras seis meses de debate, se cerraba finalmente una etapa del gobierno de Milei. Los radicales y pichettistas, que luego acompañarían la sanción de las dos leyes, sacaban pecho y aseguraban que «ahora al presidente se le acabaron las excusas». El oficialismo, mientras tanto, se mostraba exultante: había logrado reunir quórum pasado el mediodía sin ningún problema y se movía tranquilo con la seguridad de que, a la madrugada, podría finalmente ofrecerle al presidente las dos primeras leyes de su gestión. Ninguno había querido perderse el acontecimiento y, desde temprano, se vio pasar a Karina Milei y Victoria Villarruel – que llegaron al mismo tiempo pero no intercambiaron palabra -, así como a Guillermo Francos. 

La única fuente de malestar oficialista giraba en torno al poroteo por la restitución de Ganancias para todas las personas que cobran más de 1,8 millones de pesos. La votación del paquete fiscal constaría de cuatro votaciones: primero el artículo 111 referido al gasto tributario, después Ganancias, Bienes Personales y, finalmente, el resto del proyecto con las modificaciones del Senado. Y la rebelión de los radicales sin techo, como Karina Banfi, Fabio Quetglas o Roxana Reyes, tenía nervioso al gobierno: los diputados de la UCR se venían quejando de tener que arrastrar el costo político de una medida impopular cuando el presidente, que había votado en contra de Ganancias cuando era diputado, después saliera a acusarlo de «degenerados fiscales». Tanto nerviosismo terminó demostrándose infundado.

Ninguno de los radicales quería quedar marcado como el responsable de que Ganancias terminara siendo rechazado, por lo que la mayoría se mostraba dispuesto a negociar. La mayoría exigía fondos para financiar obras en municipios radicales. Otros, mientras tanto, reclamaban un diálogo más aceitado con el gobierno nacional. La mayoría coincidía en que, al final del día, el impuesto se aprobaría, pero el número estaba finito, y se veía correr por los pasillos a la mendocina Pamela Verasay, así como otros radicales mileístas, trabajando para ordenar el bloque. 

Distinto era el caso para Bienes Personales, capítulo que en abril había acompañado todo el bloque y que, ahora, la UCR sufriría al menos siete pérdidas de la línea Manes y Evolución. El oficialismo, sin embargo, igual contó con el número para aprobarlo.

El dilema peronista

Frente a la incertidumbre por Ganancias, el oficialismo apuntaba los cañones al peronismo. Específicamente a los cuatro catamarqueños que responden a Raúl Jalil que, en la votación de abril, se habían abstenido (excepto uno, Sebastian Nóblega, que había votado a favor). «Los gobernadores le están respirando en la nuca a algunos diputados. Acompañarán, los putearán, pero lo importante es no romper», analizaba, ya resignado, un dirigente sindical de UxP. El bloque venía de mantener dos largas reuniones en las que se había escuchado las explicaciones de los legisladores que habían acompañado algunos puntos de la Ley Bases y el paquete fiscal y, pese algunas recriminaciones internas, se había coincidido en que lo importante era mantener la unidad del bloque en tanto única oposición «verdadera». El objetivo era rechazar las leyes del oficialismo, admitiendo que habría algunas filtraciones inevitables, y prepararse para la segunda etapa. 

La mayor disyuntiva, sin embargo, era el RIGI. Debido al formato de la votación, que ponía a consideración el dictamen de mayoría que aceptaba las modificaciones realizadas por el Senado, no había posibilidad de una votación en particular. Por lo que para acompañar el RIGI, los sanjuaninos y catamarqueños (que ya lo habían votado) tendrían, ahora, que votar a favor de la Ley Bases en general. El clima estaba espeso, sin embargo, ya que la experiencia del Senado –en donde varios peronistas habían acompañado el RIGI– había terminado con un festival de amenazas de expulsión del PJ. Los sanjuaninos, como Walberto Allende o Ana Aubone, venían de reivindicar el efecto que el RIGI tendría sobre la explotación minera de sus provincia y algunos especulaban con que podrían terminar acompañando la ley. Al cierre, sin embargo, Allende aportó una de cal y una de arena: reivindicó la actividad minera, pero rechazó todo el articulado de la Ley Bases. 

Judicialización y fin de ciclo: el debate final en Diputados

«Lo que hay hoy es un gran acuerdo de distintos sectores políticos confirmando el rumbo que votó el pueblo argentino. Esperamos que hoy esta ley sea el comienzo de un cambio», celebró Santiago Santurio, quien, como la mayoría libertaria, destacaría los seis meses de debate –en los que el gobierno había tenido que resignarse a negociar con la casta política– como una bondad que había permitido sacar la mejor ley posible. Durante el correr de las horas, sin embargo, gran parte del debate terminaría girando en torno a una posible judicialización del paquete fiscal, específicamente por el capítulo de Ganancias y Bienes Personales, que habían sido rechazados por el Senado.

«Los jueces van a recibir cientos de miles de demandas, pero no del kirchnerismo, sino por lo menos de 800 mil trabajadores que se le cambió tres veces su situación impositiva en los últimos 9 meses», advirtió Vanesa Siley (UxP), que denunció que insistir en la aprobación de Ganancias y BBPP iba contra el artículo 81 de la Constitución: «Los dos títulos del paquete fiscal poseen autonomía normativa y se estructuran como leyes propias, por lo que desechadas totalmente no pueden volver a ser tratadas». 

«Le corresponde a la Cámara de Diputados decidir si insiste o no. Es lamentable que quienes se ven derrotados en el ámbito parlamentario pretendan judicializar la política», la cruzó el libertario Nicolás Mayoraz. Fue Silvia Losppenato, sin embargo, quien tomó la posta para defender la interpretación constitucional del gobierno: «No existe en la Constitución impedimento alguno para tratar varias materias en una ley. Lo que no pudieron en las urnas pretenden conseguirlo en los estrados judiciales. ¿Pero saben qué? Van a correr la misma suerte que corrieron hasta ahora. Señores integrantes del club del helicóptero fracasaron otra vez porque hoy habrá ley», chicaneó la exlarretista que representa, hoy por hoy, el mayor cuadro técnico del oficialismo.

El PRO, pese a la guerra interna entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, saldría a defender las dos leyes como si fueran propias. «Solo quien vive como casta podía no entender que en diciembre había una crisis que no podía esperar», señaló la expaloma, María Eugenia Vidal.  

La Patagonia en pie de guerra

El sindicalista petrolero de Chubut que responde al gobernador Ignacio «Nacho» Torres, Jorge Ávila, sin embargo, pasaría por encima de las discusiones constitucionales y advertiría que, de aprobarse Ganancias, sería toda la Patagonia la que se pondría en pie de guerra. «¿Creen que le vamos a entregar el impuesto a las Ganancias? Nosotros apenas tengamos el primer descuento le vamos a parar toda la actividad del país», advirtió.

Los radicales, mientras tanto, expusieron sus diferencias internas. Mientras que Francisco Monti (Catamarca) defendía, a puro golpe de la banca, la restitución al impuesto a las Ganancias y llamaba a sus coterráneos peronistas a que hicieran lo mismo –«No me importan las banderías partidarias, voy a votar un impuesto progresivo»–, otros, como Fernando Carbajal (Formosa) advertía que el capítulo se judicializaría. 

Los diputados de HCF, mientras tanto, aprovecharon por señalar que el gobierno, después de mucho pataleo, había terminado negociando con la «casta política». «El gobierno aprendió a negociar», chicaneó Oscar Agost Carreño, uno de los diptuados responsables, junto a Miguel Ángel Pichetto, de que el gobierno hubiera tenido que retirar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina del listado de privatizaciones. «Terminaron los pretextos y la cortina de humo», señaló, a su vez, Nicolás Massot. 

Sería la izquierda y UxP, así como los socialistas santafesinos, los que encabezarían las críticas a la ley. «Pone los beneficios en el sector empresario y quita derechos de los trabajadores. Pone en situación de despido cuando haya una huelga. Y sigue permitiendo el fraude laboral», denunció Sergio Palazzo. También tomaría la palabra, ya cerca de la medianoche, Máximo Kirchner, quien haría particular hincapié en las consecuencias del RIGI: «Es verdad que esta ley contiene cercenamiento de derecho laborales, deberá entonces la oposición pensar cómo construye un 2027 para restituir esos derechos. Pero el RIGI excede el mandato del actual presidente», advirtió el líder de La Cámpora y recordó, a modo de ejemplo, el caso de Petronas: «Petronas firmó un acuerdo con YPF que tiene media aprobación de Diputados y, sin embargo, ahora quiere el RIGI nuevo. ¿Qué significa? Que las condiciones favorecen a Malasia y a Petronas y no a YPF y al pueblo argentino».

«¿Vamos a cometer la injusticia de restaurar el impuesto a las Ganancias a los trabajadores? Hace menos de un año el propio Milei dijo que era ‘un delirio descomunal tratar al salario como ganancias’. ¿Ustedes creen que en el mundo va a haber seguridad jurídica con un presidente desdiciéndose de esa forma?», chicaneó, por otro lado, Eduardo Valdés (UxP).

La Coalición Cívica tendría su propia bandera: la restitución del artículo 111, que insta al Ejecutivo a enviar un proyecto que disminuya en un 20 por ciento el gasto tributario. Se necesitaban dos tercios para imponerlo, ya que esa era la mayoría con la cual el Senado lo había rechazado, y era una batalla perdida: sólo serviría como insumo a la oposición dialoguista para criticar al gobierno.