Será la tercera vez que insista con la reforma, que hasta ahora no tuvo el respaldo de los aliados. El texto también plantea mayores límites a los partidos políticos para poder presentarse a una elección y cambios en el financiamiento de las campañas.

Por María Cafferata

Lo intentaron durante el debate de la Ley Bases, lo intentaron a mitad de año y, ahora, a dos semanas de que terminen las sesiones ordinarias y en medio del empantanado debate por el Presupuesto, lo vuelven a intentar: por tercera vez en menos de un año, el gobierno nacional anunció que buscará eliminar las PASO. No solo eso, sino que vuelve a poner sobre la mesa su voluntad de reformar el régimen de partidos políticos, así como el financiamiento de las campañas electorales. Una señal a los gobernadores, que son los primeros interesados en la eliminación de las primarias obligatorias, en un contexto de enojo por la resistencia de Javier Milei a abrir la billetera en el marco de la discusión por el Presupuesto 2025. Un gesto que, sin embargo, fue recibido con indiferencia por la oposición – más atenta a resolver la separata presupuestaria de la obra pública que al discurso fiscalista de la eliminación de las PASO – y con recelo entre sus aliados del PRO, que no se emociona ante la perspectiva de quedarse sin internas en las elecciones del año que viene.

El anuncio lo hizo el vocero Manuel Adorni en Casa Rosada, semanas después de que José Luis Espert hubiera amagado con hacer lo mismo en el Congreso. Entonces, el diputado libertario que preside la comisión de Presupuesto había querido condicionar los aumentos a las universidades nacionales a una suspensión de las PASO. Tuvo que frenar, sin embargo, cuando los aliados del PRO se enteraron y pusieron el grito en el cielo porque no los habían consultado. El macrismo, después de todo, es quien más necesita de las PASO en 2025 si desea evitar una fusión con La Libertad Avanza. Una fusión que Mauricio Macri rechaza y que sabe que, si sucede, lo desperfilará a él y dejará toda la decisión del armado de las listas en manos de Karina Milei.

«El Gobierno nacional va a enviar al Congreso la Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral. Este proyecto propone eliminar el régimen de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, más conocido como PASO. Modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Y modificar el sistema de financiamiento de los mismos», anunció con grandilocuencia Adorni, quien se quejó de que las PASO representaban una «encuesta millonaria al servicio de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos». Era la tercera vez en el año que el gobierno hacía un anuncio similar. Ya lo había hecho durante el (primer) debate de la Ley Bases. Y lo había hecho también a mitad de año, con Guillermo Francos recorriendo los pasillos del Congreso para intentar sumar los votos para su reforma política. 

En ninguno de los dos casos consiguió los votos. Ni el PRO ni el radicalismo querían acompañar. El oficialismo depositaba su confianza en algunos votos del peronismo que, sin embargo, no terminaban de consolidarse. El gobierno no consiguió la mayoría y tuvo que desistir. Y, ahora, vuelve a la carga. Sin embargo, los mismos sectores que antes se negaron manifestaron, en diálogo con Página12, las mismas dudas y suspicacias. Al igual que los últimos dos intentos, los opositores – incluso los aliados del gobierno – sospechan que el gobierno se mandó a plantear el debate sin tener el número. «No hay ni tiempo ni votos. En el gobierno tienen una ruleta que a veces sacan un número y salen con un tema», ironizó una espada opositora que participó, hasta ahora, de varias conversaciones con el gobierno para reformar las PASO.

Los votos para la reforma política

Son, en total, tres reformas. La eliminación de las PASO, por un lado. Pero también la reforma del régimen de partidos políticos que plantea mayores límites a los partidos para poder presentarse a una elección: sube el piso de afiliados (de 0,4 por ciento del padrón al 0,5); duplica el número de jurisdicciones en donde el partido debe tener representación (de 5 a 10); y sostiene la obligatoriedad de sacar más de un 3 por ciento de los votos en las últimas elecciones para poder volver a presentarse. 

Plantea, a su vez, una reforma integral del financiamiento de los partidos: uno de los puntos más cuestionados cuando el gobierno planteó el debate y que motivó, en parte, la caída de la reforma política que sostenía entonces Francos (y que hoy impulsa, con mayor esfuerzo, Lisandro Catalán). El gobierno plantea eliminar los espacios obligatorios de publicidad electoral en los medios de comunicación – un sistema que garantiza espacios de propaganda para todos los partidos que compiten – y eliminar también el financiamiento público para las campañas. Es decir, que solo los privados podrán hacer aportes que, según el proyecto de ley que el gobierno pretende enviar al Congreso, verán incrementados sus topes.

«Es una reforma regresiva que tiene por objetivo desfinanciar y correr del tablero político a las minorías, sugestivamente después de que el partido de gobierno obtuvo su personalidad juridica con las reglas de juego actuales», cuestionó el socialista Esteban Paulón, que integra el bloque Encuentro Federal, una de las bancadas claves para conseguir los votos en el recinto. No fue el único que se manifestó en contra. Y es que, si bien la mayoría de los bloques no tienen posturas unánimes sobre el tema, incluso los que podrían acompañar la iniciativa se muestran desconfiados de la voluntad del gobierno. «Yo creo que hay que rediscutir el sistema de las PASO, pero veo que el gobierno demoró ese tema, que hasta ahora no presentó un proyecto para discutir y que se acaba el año legislativo aún sin Presupuesto. Y a eso le sumas que el año que viene es electoral, lo que complica su tratamiento antes de las elecciones», cuestionó, también en diálogo con este diario, el cordobés pichettista Oscar Agost Carreño.

El radicalismo, mientras tanto, también sostiene una mirada crítica sobre las reformas. «Este está agrandado y viene por todo. Si no armamos un frente insitucional se va a llevar por delante el sistema», mascullaba un radical que integra Democracia Para Siempre. El ojo está puesto, principalmente, en los tiempos: a fin de mes se vence el período ordinario y, si bien el gobierno pretende incluir las reformas electorales en el temario de sesiones extraordinarias, no tiene mucho tiempo para aprobarlas. No se estila tratar leyes electorales en años electorales y el gobierno tendría que ingresar el proyecto de ley al Congreso, debatirlo en comisión, conseguir la mayoría especial de una Cámara, tratarlo después en la otra Cámara y conseguir ahí también una mayoría especial. Todo antes de que comience el cronograma electoral.

La atención está puesta, inevitablemente, en el peronismo. Puntualmente, los gobernadores peronistas, que son quienes se verían favorecidos por la falta de internas – ya que serían los únicos ordenadores en el territorio – y del ahorro del costo electoral.  «Muchos quieren eliminarlas, es cierto. Pero a nosotros no nos convocaron», admitió un peronista norteño, que se enteró de la noticia por los medios. 

Si bien el gobierno ya había conversado informalmente con algunos sectores de la oposición, como el radicalismo, de incluir la reforma electoral, la mayoría de los partidos manifestaron sorpresa por el anuncio. Y desconfianza respecto a la posibilidad del gobierno de conseguir el número. Un dirigente opositor lo sintetizó así: «Intuyen que no están los votos y les sirve para mostrar las contradicciones del sistema político. El principio de revelación de que la clase política, la casta, no acepta sus privilegios».