PROVINCIALES
El Gobierno de Santa Cruz reglamentó la ley de Protección Integral del enfermo de cáncer

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud y Ambiente y mediante el Decreto Provincial N° 841/22, reglamentó la normativa de la Ley N° 3.501 de Protección Integral del Enfermo de Cáncer, siendo Santa Cruz la primera provincia en contar con dicha ley.
Implementada oportunamente desde su promulgación, dicha Ley sancionada en el año 2016, tiene efectivo cumplimiento mediante distintas acciones que se vienen realizando desde la promulgación de la misma, tales como; la comunicación, promoción y prevención de la enfermedad y de las patologías oncológicas, las obligaciones de la obra social provincial, el otorgamiento de carnets a pacientes oncológicos, el registro a través de las áreas de estadística y epidemiologias ministeriales, las conformaciones de equipos multidisciplinarios de diagnóstico, tratamiento en las localidades del interior según su complejidad, el acompañamiento de las áreas de salud mental en los casos detectados.
También, desde el Ministerio de Salud y Ambiente, se trabaja en forma directa, incrementando las acciones de prevención con realización de mamografías, papanicolaou, determinaciones de búsqueda de cáncer de próstata, búsqueda de sangre oculta en materia fecal para determinación del cáncer de colon, acciones de prevención y cesación de tabaquismo, entre otras
Todas estas acciones se realizan desde la promulgación de la Ley en el año 2016 y por este motivo, la provincia de Santa Cruz crea la normativa que tiene como objetivo establecer un orden reglamentario para optimizar su implementación.
El estado provincial ha realizado diversas campañas de detección de esta enfermedad oncológica como ha sido la Campaña de “Prevención del Cáncer de Mama” con participación de distintos actores sociales, las cual se efectúa desde el año 2016, “Sácale la Lengua al Cáncer”, en el año 2017 para prevenir el cáncer bucal, campaña contra el Cáncer Uterino, entre otras.
Cabe señalar, que en el año 2018 se puso en funciones el servicio de radioterapia del Centro de Medicina Nuclear de la Patagonia Austral de Río Gallegos, lo que significó que un importante número de pacientes oncológicos eviten ser derivados a los grandes centros urbanos, evitando de esta manera el desarraigo que producía tales derivaciones favoreciendo la contención y acompañamiento familiar del paciente.
Dicha normativa, aprobada mediante Decreto Provincial N° 841/22, establece los alcances de la normativa y las implicancias que la misma genera, donde se efectivizará la implementación del “Registro de Pacientes con Cáncer de Santa Cruz”, como así también la implementación del carnet sanitario.
Asimismo, se ha capacitado al personal sanitario de la provincia y se han implementado mecanismos para brindar, desde lo administrativo, la atención oportuna para aprobar y/o autorizar prestaciones.
Por último, la normativa regula lo referido a la difusión y conocimiento de los derechos de los enfermos de cáncer contemplados y propicia la adopción de medidas de prevención, screening y detección temprana de enfermedades oncológicas.
PROVINCIALES
ATE frena los pases a disponibilidad: la Justicia multa al Gobierno con $10 millones diarios

El Juzgado Federal N°2 de San Martín ordenó al Ejecutivo cumplir con la cautelar que anuló el decreto 462/25 y frenar los despidos en el INTA. Si no acata, deberá pagar una sanción millonaria por cada día de incumplimiento.
El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores del INTA sumó un nuevo capítulo judicial. Este martes, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se expidió nuevamente en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), intimando al Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar que había suspendido el decreto 462/25 y frenado los pases a disponibilidad en el organismo.
Pese a la resolución judicial dictada la semana pasada —y a que el Senado votó en contra del DNU— el Ministerio de Economía intentó avanzar con la Resolución 1240, que dejaba en disponibilidad a 300 trabajadores del INTA. Frente a esta maniobra, la Justicia reaccionó con dureza: ordenó el cumplimiento inmediato de lo dispuesto y estableció una multa de $10.000.000 diarios en caso de desobediencia.
Desde ATE celebraron el fallo y cuestionaron la actitud del Gobierno. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, advirtió: “El Presidente insiste en desconocer a los otros poderes del Estado. Pretenden gobernar por decreto y a espaldas de la legalidad, pero la Justicia volvió a darnos la razón. No vamos a permitir despidos encubiertos ni atropellos contra los trabajadores”.
El gremio sostuvo que cada fallo judicial fortalece la resistencia sindical y ratificó que seguirán defendiendo a los empleados del INTA y de todo el sector público frente a las políticas de ajuste.
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