Desde la administración de Horacio Rodríguez Larreta anunciaron la presentación de un escrito en la Corte informando el incumplimiento y comunicaron que instruyeron a la Procuración General para el inicio de una demanda penal para los funcionarios que no acataron la orden.

El Gobierno de la Ciudad rechazó la decisión del presidente Alberto Fernández de abonar con títulos públicos el fallo Corte Suprema por la coparticipación federal y anunció la presentación de un escrito en el máximo tribunal informando el incumplimiento. Además, desde la administración porteña instruyeron a la Procuración General para el inicio de una demanda penal para los funcionarios responsables de no acatar la orden judicial.

«El Poder Ejecutivo sigue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia al no acatar lo ordenado por el máximo tribunal en su respuesta a la medida cautelar presentada por el Gobierno de la Ciudad», comienza el comunicado oficial de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

En la misma línea, aclara que la decisión del Gobierno Nacional no modificó el accionar de la Ciudad, que «presentó hoy un escrito en la Corte informando el incumplimiento del fallo y pidiendo que se arbitren los medios necesarios para que se acate el mismo». Además, instruyeron a la Procuración General para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo».

«La Corte resolvió que se entregue al Gobierno porteño el 2,95% de los fondos coparticipables. La sentencia no afecta los fondos que reciben las provincias. Además, los recursos de la coparticipación se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento», aclara el texto que finaliza: «Tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes, los fallos se cumplen, no se interpretan».

Por la mañana, el presidente Alberto Fernández comunicó que acatará el fallo de la Corte e informó que le pagará a la Ciudad a través de bonos. También reveló que presentará un recurso “in extremis”, que recusará a las autoridades del máximo tribunal y que enviará al Congreso un proyecto de ley que prevea los recursos que hagan posible cumplir la manda, a ser tratado en sesiones extraordinarias.

«Las decisiones judiciales son obligatorias aún cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la Corte y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer», planteó el mandatario a través de un hilo de Twitter