El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo, ha decidido no homologar acuerdos salariales que superen un incremento del 1% mensual. Esta medida ha generado tensiones con diversos sindicatos, en particular con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, que acordó un aumento del 5,4% para el trimestre abril-junio de 2025, distribuido en tres tramos: 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio .

Cavalieri, reconocido por su enfoque dialoguista, justificó el acuerdo como una medida para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a una inflación que, aunque en descenso, sigue siendo significativa. Según datos oficiales, la inflación de marzo fue del 3,7%, y se espera que en abril se sitúe alrededor del 3% .

El Ministerio de Economía sostiene que para mantener la tendencia descendente de la inflación, es necesario que los aumentos salariales se mantengan por debajo del índice de costo de vida. Por ello, ha establecido un tope del 1% mensual para las paritarias y ha advertido que no homologará acuerdos que superen este límite .

Esta postura ha generado preocupación en el ámbito sindical, ya que la paritaria de Comercio, que afecta a más de 1,2 millones de trabajadores, suele servir de referencia para otros sectores. Además, otros sindicatos, como SMATA y Sanidad, también han acordado aumentos superiores al tope establecido por el Gobierno, lo que podría intensificar el conflicto .

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha expresado su descontento con la política del Gobierno, señalando que no es coherente permitir la libertad de precios mientras se restringen las negociaciones salariales. En este contexto, se vislumbra un posible endurecimiento de las medidas sindicales, incluyendo la posibilidad de un nuevo paro general .

En resumen, la decisión del Gobierno de no homologar aumentos salariales superiores al 1% mensual ha generado un clima de tensión con los sindicatos, que consideran insuficiente este tope para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. La situación podría derivar en un conflicto más amplio si no se alcanza un consenso en las próximas negociaciones.