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SOCIEDAD

El Gobierno confirmó que su objetivo es liquidar el Fondo de la Anses

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Lo dijo el el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su exposición en Diputados durante el debate por la ley ómnibus. Argumentó que la valuación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad “serviría solo para pagar dos meses de los pagos de Anses”.
Adrián Figueroa Díaz

Por Adrián Figueroa Díaz

El gobierno de Javier Milei confirmó su intención de echar mano sobre la plata de los jubilados. Así lo confirmó en la madrugada un funcionario clave del equipo económico, que durante la maratónica reunión bicameral por la ley ómnibus afirmó que el objetivo es liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El FGS de la Anses es el fondo creado en 2008 con activos financieros, títulos públicos, plazos fijos y acciones que resguardan el régimen provisional y con el cual el Estado financia los programas de seguridad social, entre algunos.

En los últimos cuatro años ese activo contracíclico que resguarda “la plata de los jubilados” creció un 117 por ciento, el máximo valor de su historia. Pero desde siempre fue visto por como un botín por parte del macrismo y del sector privado. Y el gobierno se Milei tiene la misma lógica.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en la mira de Caputo y Milei

Durante la explicación de los fundamentos para la modificación y derogación de la ley de administración financiera, y para el proyecto que pretende consolidar la deuda pública, incluida en la ley ómnibus, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que “la propuesta (en ese proyecto) es que se liquide el FGS, bajo consolidación patrimonial”.

Según el funcionario, el FGS “no es un fondo anticíclico (SIC), no garantiza nada” y con la absorción que quiere hacer de él el Gobierno, “no se lo van a gastar en ninguna timba”. Sólo “vamos a consolidad la deuda del sector público”, minimizó.

Luego precisó que “la valuación actual de los activos del FGS es aproximadamente de 5.500 millones de dólares” que, según sus cálculos, “servirían para pagar dos meses de los pagos de Anses”.

Julia Strada: «Como las joyas de la abuela, se las puede vender solo una vez”

El monto que Quirno le puso al FGS es, en otras palabras, el precio que el Estado pedirá a los dueños de las empresas que van a recomprar sus acciones a la hora de la liquidación de esos activos de los jubilados. Pero ¿ese número es real?

“Hay que chequearlo bien porque las publicaciones que tenemos dicen otras cosas. Creemos que está subvaluado; o sea que lo van a mal vender”, indicó a Página/12 la diputada de Unión por la Patria Julia Strada.

Al recomprar esas acciones, esas empresas y el Estado que las liquida “van a tener un ingreso extraordinaria por única vez. No va a ser un ingreso ordinario sino extraordinario. Como las joyas de la abuela, que se las puede vender solo una vez”, comparó la diputada, que fue una de las más enfáticas en enfrentar ese anuncio hecho a la 1:30 de la madrugada y en las postrimerías de la reunión bicameral.

«Es inaceptable que esto se apruebe. Insto al resto de los diputados y diputadas a que rechacen enfáticamente este artículo y las 41 privatizaciones», había expresado a través de su cuenta en la red X. 

La justificacion para liquidar el FGS

Lo que Quirno dijo fue que “la Argentina desde 2007 está bajo un sistema de reparto que está quebrado” porque, según sus números, “los aportes (jubilatorios) llegan a cubrir solamente el 50 por ciento de los gastos para los pagos” de jubilaciones. «El otro 50 por ciento lo realiza el tesoro.”

Por eso, agregó, “de aprobarse la consolidación de la deuda pública (incluida en la ley ómnibus), las acciones en poder del FGS volverán al tesoro”. Es decir que ese resguardo que durante los últimos años hizo crecer la plata de los jubilados en un 117 por ciento desaparecerá como tal.

Quirno dijo que el FGS no alcanza para pagar más de dos meses de jubilaciones. Pero en realidad el Fondo no está para pagar sino para resguardar en su carácter de contracíclico. Strada interpretó que el funcionario “hizo esa equivalencia porque no puede tener en la cabeza la existencia de un fondo contracíclico” que, además, “le permite al tesoro tener un rol en la intervención” de esos activos. 

Para explicar esta liquidación del Fondo de Garantía de la Anses, Quirno dio la versión de La Libertad Avanza (LLA) sobre cómo se conforma la deuda pública.

Dijo que el total de la deuda en manos del sector público es de 37.185 millones de dólares, afirmó que el 92 por ciento de ella lo tiene el FGS y agregó que el 8 restante es de 65 entidades del sector público. “Todas esas entidades tienen partidas presupuestarias” que “emiten deuda”.

Los aumentos a jubilados

Quirno ató la justificación de la liquidación del FGS con el objetivo del Gobierno de eliminar la fórmula previsional, es decir el cálculo con el cual se pagan los aumentos trimestrales de las jubilaciones.

“Las fórmulas no funcionan y están perjudicando a los jubilados. Por eso estamos pidiendo suspender la fórmula. No hay discresionalidad, porque con esa discrecionalidad han perdido 20 o 40 de sus haberes en términos reales”, chicaneó.

Un freno en el Congreso

Por su parte, Strada puntualizó a este diario que la liquidación del FGS debe frenarse  en el Congreso, no necesariamente en otra instancia. “¿Por qué le vamos a pedir a la Justicia que pase por arriba (de un Poder) y haga lo que el Congreso puede hacer”.

También develó la intención que tuvo el gobierno nacional de “esconder” lo que hará con el FGS. Desde que comenzaron las reuniones de la bicameral, “estuvieron durante días responder lo que preguntamos al respecto”, reprochó.

“Recién en la madrugada del cuarto día decidieron confesar que lo iban a liquidar, porque ya no les quedaba más margen. Tardaron en reconocerlo porque saben que esto es una bomba”, concluyó.


28 DE NOVIEMBRE

Juana Albarracín y Gabriel Torrengo denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio

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En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.

La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas. La Tarifaria no se debería haber aprobado por los ediles oficialista ya que la nueva Ordenanza de tierras se encuentra aun en comisiones para su análisis y tratamiento, denuncio.

Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.

Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.

En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.

Puntos claves:

  1. Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
  2. Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
  3. Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
  4. Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
  5. Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.

“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.


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