SOCIEDAD
El Gobierno avanza en la quita de subsidios a las tarifas eléctricas y complica el plan de bajar la inflación

La semana pasada, se oficializaron los aumentos que se aplicarán a los clientes del AMBA en febrero. Se suman a las subas previstas en prepagas, combustibles y otros servicios.
En el marco del inicio de un nuevo mes, febrero estará signado por aumentos en servicios como la luz, el internet, la telefonía móvil, los combustibles y las prepagas. Los incrementos continúan poniendo en jaque la intención del Gobierno y puntualmente del ministro de Economía, Sergio Massa, de bajar la inflación. Y una de las subas más significativas corresponderá a las tarifas, ya que se pondrá en marcha la tercera etapa de la quita de subsidios.
Si bien el Poder Ejecutivo se ilusionó con no haber quebrado el umbral de las tres cifras en 2022 (94,8%) e insiste en que irá el índice inflacionario mes a mes, los atrasos en las tarifas de varios servicios y productos prevén un panorma complejo para el deseo de Massa de que el alza del IPC a partir de abril se ubique en torno a los tres puntos y en el año al 60% -como se consignó en el Presupuesto- a pesar de la multiplicidad de acuerdos de Precios Justos en distintos rubros.
La semana pasada, el Gobierno oficializó los aumentos que se aplicarán a los clientes de las energéticas Edenor y Edesur distribuidos en el AMBA. Será de un 26% a partir de febrero y en marzo se aplicará otro incremento similar, por lo que se estima que la suba total será aproximadamente del 50% en relación con las facturas que vienen abonando aquellos usuarios de los niveles 1 (mayores ingresos) y 3 (ingresos medios). En tanto, como se estableció, los hogares que reciben la tarifa social (Nivel 2) no verán aplicado ningún aumento.
Combustibles
La nafta y el gasoil volverán a marcar un incremento de sus precios en febrero, tal como se pactó en el programa Precios Justos. Así, posiblemente en los últimos días del mes, el litro de nafta súper pasará de $156,93 a $163, mientras que el de gasoil de $168,60 a $175,35.
Los combustibles ya habían tenido otros aumentos del 4% tanto en diciembre de 2022 como en enero pasado. Mientras que también quedó establecido que en marzo se aplicará otra suba de 3,8%.
Telefonía, internet y televisión por cable
A través de la Resolución 2393/2022 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó por medio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) incrementos escalonados de hasta 9,8% en febrero “en los precios minoristas de cualquiera de sus planes en la modalidad pospaga y/o mixta” a las empresas que brindan el servicio de internet, telefonía y televisión por cable. A su vez, también quedó establecida la aplicación de una suba del 7,8% en abril
Prepagas
Luego de que el incremento de la medicina prepaga superara el 100% y, por ende, la inflación del 94,8% registrada en 2022, a partir de febrero se aplicará una nueva fórmula que estará vinculada al índice de variación salarial
Alquileres
Según la Ley de Alquileres, aquellos inquilinos que recibieron o están por recibir la actualización del contrato pasado un año de su firma, será en función al índice que se calcula entre el Repite y la variación de precios medida por el INDEC, lo que lo ubica en un 85,88%.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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