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Lunes 01 de Septiembre del 2025

SOCIEDAD

El Estado tomará el control de cinco represas hidroeléctricas

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El Chocón, Alicurá, Arroyito, Banderita y Piedra del Aguila quedan a cargo de ENARSA tras cumplirse los plazos de concesión.

La empresa ENARSA asumirá “transitoriamente” el control de cinco represas hidroeléctricas ubicadas en la cuenca del Comahue en las provincias de Neuquén y Río Negro por instrucción de la secretaría de Energía a cargo de Flavia Royón.

El cambio de manos se produce ante la inminencia de la finalización de los contrato de concesión luego de 30 años en manos privadas.

Los complejos hidroeléctricos son Alicurá (1.000 Mw) actualmente operada por la empresa AES Argentina; El Chocón (1.200 Mw) y Arroyito (120 Mw), a cargo de la firma Enel Generación; Planicie Banderita (450 Mw), operada por Oroazul Energy, cuyos contratos vencen el 11 de agosto; y Piedra del Aguila (1.400 Mw), a cargo de Central Puerto, cuya concesión vence el 29 de diciembre.

Fuentes oficiales indicaron que la decisión del gobierno fue comunicada por Royón al presidente de ENARSA, Agustín Gerez, en la que se instruye a la compañía a que “adopte las medidas necesarias para encontrarse en condiciones de asumir transitoriamente la actividad de generación de energía eléctrica» de esas centrales y “la efectiva reversión y adecuada restitución al Estado Nacional de todos los bienes afectados a las referidas concesiones”.

La nota indica que deberá tomar el control “incluyendo, sin limitación, la eventual transferencia del personal y contratos relacionados con dichas centrales».

Las represas involucradas son las primeras cinco de un total de 22 complejos hidroeléctricos cuyos vencimientos de concesión comenzarán a operar a partir de agosto, tras 30 años de manejo privado.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, rechazó la decisión del Gobierno nacional y anticipó que irá a la justicia parta rechazar una medida a la que calificó de inconstitucional.

Gutiérrez dijo que es una medida «centralista, porque las provincias son dueñas de los recursos naturales» y, como tal, pretenden «cobrar por el uso del agua».

En tanto, el gobierno de Río Negro emitió un comunicado en el que solicitó una reunión urgente con el ministro de Economía, Sergio Massa, y con la secretaria Royón.

«La posición de la provincia como dueña del recurso compartido con las otras provincias es clara en cuanto a la necesidad de aprobar todo tipo de decisiones que involucren el manejo de agua de los aprovechamientos multipropósito emplazados en los ríos Limay y Neuquén, buscando optimizar los usos como el control de crecidas, el consumo humano, riego, industrial y la generación de energía eléctrica», dijo el gobierno de Río Negro.


Avisos

PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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