Bajo el gobierno de Gerardo Morales, Jujuy trae reminiscencias de las viejas dctaduras, con decenas de detenidos, entre dirigentes sociales y abogados de gremios y pueblos originarios.

Por Luis Bruschtein

La violencia tiene una lógica propia, es una espiral ascendente. La represión pide más represión y, como las drogas peligrosas, la primera impresión puede ser engañosa y producir adicción. Así les pasó a las dictaduras que escalonaron el nivel de violencia y no pararon hasta la abominación de 1976-1983. Gerardo Morales, siguió el mismo camino que las viejas dictaduras. Los primeros años creyó que había ganado con mano dura pero pocos años después la provincia le explotó en la cara cuando menos lo esperaba y menos le convenía.

Una parte del radicalismo tiene la costumbre de echarle la culpa a los demás cuando sufre las consecuencias de sus propias acciones. Así convirtieron las manifestaciones masivas y espontáneas del Argentinazo del 2001 en una conspiración insuflada por Eduardo Duhalde.

El responsable de esa enorme protesta no fue Duhalde sino la negativa de Fernando de la Rúa a sacar el país de la fantasía un dólar un peso. La economía crujió, cerraron los bancos y la gente montó en cólera. La explicación es simple y, si Duhalde hizo algo, no alteró ni sumó nada, lo mismo que un silbido en la tormenta.

Morales hace lo mismo. Dice que en Jujuy hay “gente de afuera” que provoca los cortes y las manifestaciones. El hombre no registra la calle que le grita que los docentes de la provincia tienen los salarios más bajos del país, igual los empleados municipales y los mineros. Y que los pueblos originarios están alarmados por el descontrol de la explotación minera.

Piensa que le fue bien con la persecución a Milagro Sala al comienzo de su mandato y cree que si aplica la misma receta le irá bien con esta protesta. Pero ahora, cuando está en juego su futuro político, el pueblo le dobla la apuesta a la represión. Y si al principio el jujeño no se atrevía, ahora aprendió que pierde si se queda en la casa. Sobre todo los pobladores de los caseríos más chicos, gente que vive alejada de los centros urbanos, que no tiene la costumbre de sumarse habitualmente a las movilizaciones, pero que cuando lo hace, no se va tan fácil.

Morales ordenó la irrupción en la Universidad de Jujuy, después reculó y dijo que castigaría a los policías que la habían protagonizado. Morales habilitó a la policía a disparar balas de goma a la cara de los manifestantes y uno de ellos perdió un ojo. Morales amenazó públicamente a trabajadores de la Universidad y a los docentes: “Los tenemos identificados, sabemos quiénes son”. Morales ordenó a la justicia jujeña que declare sediciosos a los manifestantes y persiga a los abogados defensores. Morales dejó sin fondos a las ciudades de Abra Pampa y La Quiaca, donde los concejos deliberantes rechazaron la reforma constitucional.

Y, más de lo que estaba mostrando la propia movilización, se mostró con esas medidas a sí mismo como un gobernador desbordado. Es casi un calco de lo que pasó con De la Rúa el 19 y 20 de diciembre de 2001. “Gerardo está furioso” dicen en su entorno. Y no es para menos. No dejó desmán sin hacer para perseguir a Milagro Sala y su organización popular. Pensó que lo había conseguido. En las elecciones lo respaldó la mayoría de los jujeños. Logró la presidencia del radicalismo y la precandidatura a vicepresidente de Juntos por el Cambio.

A punto de alcanzar el cenit de su carrera política, intoxicado con la falsa ambrosía del absolutismo, bajado de un hondazo a la realidad por muchos de los que lo votaron, es lógico que el hombre esté sacado y recurra al argumento que lo impulsó en su carrera política: la represión a la protesta. Es lógico que recurra a ese argumento cuando una de las causas de la protesta es justamente que Morales cambió la Constitución provincial para ilegalizar la protesta.

En un país contenido pese a la alta inflación, una provincia explotada como Jujuy es tan peligrosa como fumar en un polvorín. En vez de escuchar los reclamos y aplacar la protesta, un Morales ensoberbecido echa más leña al fuego. Hay abogados presos, dirigentes sociales prófugos, las rutas cortadas, allanamientos y arrestos ilegales y localidades que no tienen fondos para pagar a sus empleados.

Mientras tanto, el gobernador está en plena campaña por la interna de Juntos por el Cambio, donde al lado de Horacio Rodríguez Larreta constituyen el “ala moderada”, frente al ala gurka de Patricia Bullrich y Luis Petri, que acusó a Morales de “tibio” por no cortar de tajo la protesta.

El presidente del Partido Justicialista, Alberto Fernández, intervino al PJ jujeño coludido con el gobernador, y expulsó a los legisladores que acompañaron la reforma constitucional de Morales. El Ministerio de Justicia de la Nación pidió a la Corte Suprema que declare inconstitucional tres artículos que fueron reformados en la Constitución provincial referidos a la propiedad de las tierras de los pueblos originarios, al manejo del agua y a la penalización de la protesta. Y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, estuvo en las zonas de corte de ruta tratando de facilitar un diálogo pacificador que el gobernador rechaza.

El aura de la intervención federal revoloteó en los deseos de muchos espontáneos y otros estipulan que es lo que busca Morales para victimizarse, pero esta medida requiere una ley que debe ser aprobada por el Congreso, donde el oficialismo no reuniría los votos necesarios.

La crisis en Jujuy sólo aparece en la corporación de grandes medios macristas para dar cuenta de los problemas que ocasiona a transeúntes y comerciantes. No hay descripción de los motivos que han provocado la reacción masiva y espontánea de gran parte de la población y que puso a los organismos de derechos humanos en estado de alerta como pocas veces desde la recuperación de la democracia.

El porteño o el cordobés que se informa en estos medios no alcanza a comprender la verdadera dimensión de esta rebelión pocas semanas después que el gobernador fuera avalado en las urnas. Si mucha gente que lo votó, ahora exige su renuncia, tiene que haber un problema de fondo. Pero estas empresas mediáticas ocultan la crisis jujeña porque pega en la línea de flotación del macrismo en plena campaña electoral.

Entre las elecciones y la explosión de la protesta estuvo el reclamo docente y la reforma de la Constitución en dos días. Los docentes fueron reprimidos y la nueva Constitución provocó la movilización de miles de pobladores de las zonas más aisladas de la provincia que se sintieron amenazados por Morales. No hay activistas de La Cámpora de Córdoba ni de Buenos Aires, ni está Milagro Sala a la cabeza de los cortes. La acusación de Morales al kirchnerismo y al gobierno es tan falsa y débil que le funcionó en contra.

Aunque el de Jujuy sea un gobierno elegido en forma democrática, la situación de la provincia trae reminiscencias de las viejas dictaduras lo que demuestra que el voto no puede ser la única condición de la vida en democracia. Pero Jujuy es una parte de Argentina, es una situación que involucra a todo el país. Y además el gobernador que ordenó la represión y la persecución a su gente, que institucionalizó la violencia represiva cooptando a parte del Poder Judicial y reformando la Constitución provincial aspira ahora a ocupar un lugar estratégico para regir la vida de todos los argentinos.