El rechazo del macrismo al juicio político a la Corte es más en su defensa que en defensa de la Corte. El escándalo de los mensajes del celular de Marcelo D’Alessandro justifica el pedido de juicio político y golpea a Horacio Rodríguez Larreta

Por Luis Bruschtein

Juntos por el Cambio calificó un pedido formal de juicio político como una “agresión a la Corte”. En el mejor de los casos, esa calificación tiene una connotación antidemocrática, cuando no cómplice, porque el trámite está habilitado por la Constitución para evitar rincones de impunidad en el armado institucional republicano. La acusación, que es antidemocrática es, en consecuencia, el fundamento de una decisión también antidemocrática: impedir el funcionamiento del Poder Legislativo.

“No daremos quórum si continúan las agresiones a la Corte” afirmó el radical Mario Negri. La frase tiene forma de chantaje. Es increíble la impunidad mediática que cubre a Juntos por el Cambio. Los voceros del bloque macrista afirmaron después que darán la discusión en la Comisión de Juicio Político, donde el Frente de Todos tiene quórum para iniciar el debate. Pero como en el recinto al oficialismo no le alcanza, el macrismo se propone impedir el funcionamiento de las instituciones republicanas mientras el temario incluya cualquier propuesta judicial.

El pedido de juicio político se da en el marco de una serie de fallos polémicos de la Corte que preside Horacio Rosatti. Esos fallos han sido cuestionados porque en un caso intervino en la conformación de los bloques legislativos, tarea que le compete exclusivamente a los legisladores. El otro fallo cuestionado por la mayoría de los gobernadores además del gobierno nacional fue la decisión de cambiar los porcentajes de coparticipación, en favor de la CABA.

Y, llovido sobre mojado, trascendieron mensajes donde el ministro de Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro, recibe consejos de Silvio Robles, el colaborador más cercano a Rosatti, sobre ese fallo y cómo operar en los bloques legislativos. La investigación de la Justicia concluyó que es imposible ubicar el origen del hackeo del celular de D’Alessandro, pero todo indica que los mensajes incriminadores son verdaderos, no son montajes y provienen del celular del ministro de Horacio Rodríguez Larreta.

Sobre esa base, los gobernadores y el presidente Alberto Fernández tienen obligación de pedir el juicio político a los ministros de la Corte. La acusación es que Rosatti se puso de acuerdo con D’Alessandro para decidir en una cuestión sobre la que su injerencia está cuestionada. Es un tema complejo en el que tienen que estar de acuerdo las 24 provincias. Ha sido tan difícil de modificar que fue imposible hacerlo en la Constituyente de 1994. Y ahora la Corte lo decidió de un plumazo en complicidad con los favorecidos.

El único argumento de Juntos por el Cambio es que si la prueba fue obtenida de forma irregular, no tiene valor en un juicio. Es un argumento débil. Sobre todo porque no se trata de un juicio penal, sino de un juicio político. La corrupción que revelan los mensajes tiene una gravedad institucional similar a la de la Corte menemista con una “mayoría automática” coludida con el Ejecutivo.

Pero la otra punta de la corrupción en ese armado es el gobierno de Larreta, uno de los presidenciables de Juntos por el Cambio. Todos los argumentos con los que se oponen al debate del pedido de juicio político tienen más que ver con su defensa que con la defensa de la Corte. El diputado oficialista Rodolfo Tailhade pidió investigar 29 posibles delitos cometidos por el ministro de Larreta. Son delitos que se deducen de esos mensajes, desde coimas hasta tráfico de influencias.

El gobierno del Frente de Todos tenía una deuda con su base electoral en relación con esta asociación entre Juntos por el Cambio y un amplio sector del Poder Judicial, que produjo la persecución de los adversarios del macrismo con acusaciones falsas. En la interna del Frente de Todos, hay reproches por no haber avanzado en este tema apenas asumió Alberto Fernández. El temario de sesiones especiales que envió el Ejecutivo hubiera tenido más posibilidades si se hubiera enviado en las primeras semanas del gobierno.

La asunción de Lula en Brasil, ofreció una escena opuesta. Apenas asumió emitió 13 decretos, entre otros, para detener la privatización de la petrolera estatal y para frenar la explotación de la selva amazónica. En contrapartida también, en Brasil la reacción contra el lawfare provino del Superior Tribunal de Justicia, mientras que aquí la Corte aparece como parte del entramado del lawfare. El Poder Judicial argentino está desprestigiado en el mundo y al mismo tiempo es una de las instituciones con peor imagen en la sociedad.

Pero también es diferente la decisión política. Lula es un viejo luchador, con una gran experiencia en las tramas democráticas. Fundó un sindicato enorme, después fundó un partido y tras perder varias elecciones, finalmente se convirtió en el primer presidente obrero en América Latina y logró sacar del hambre y la pobreza a millones de brasileños.

Sufrió la misma persecución judicial que otros líderes populares latinoamericanos, con causas judiciales armadas por los servicios de inteligencia y amplificadas por las corporaciones mediáticas. Estuvo preso, salió de la cárcel y volvió a ganar la presidencia.

La habilidad política, la astucia y la persistencia de Lula ya son legendarias. Asumió el gobierno con una gran debilidad: muchos de los gobernadores son bolsonaristas y el congreso estaba controlado también por el bolsonarismo. Su alianza con el vicepresidente Alckmin dividió el círculo rojo. La poderosa industria paulista respaldó al nuevo gobierno, con toda la intención de aprovecharse de su debilidad para presionarlo. El complejo sojero mantuvo su respaldo a Jair Bolsonaro.

En una situación tan difícil, Lula vio claramente que la intentona golpista fracasada había sido un paso en falso de los bolsonaristas. Los primeros sondeos que se hicieron ese mismo día mostraron una caída formidable del respaldo a Bolsonaro.

Lula fue a fondo. Se trasladó a Brasilia y convocó a los 27 gobernadores para sacar una declaración de repudio, que todos firmaron, obligados a tomar distancia de Bolsonaro. Y aunque la intervención federal a Brasilia había sido decidida por la Justicia, pidió que, aunque más no fuera de forma simbólica, los legisladores repudiaran el intento golpista. La mayoría respaldó esa declaración simbólica. Solamente los legisladores del Partido Liberal (del que proviene Bolsonaro) y los del Partido Novo, también neoliberal, se abstuvieron.

Lula se movió con rapidez en las dos áreas donde le harían más difícil la toma de decisiones. El resultado de esa situación fue el debilitamiento del liderazgo de Bolsonaro y la ampliación de la capacidad de alianzas de Lula. O sea Lula salió fortalecido y Bolsonaro debilitado.

El malhumor en el círculo rojo, incluso entre los que lo apoyaron con la esperanza de presionarlo, fue evidente en los comentarios de la Folha de Sao Paulo: “Los mercados están más preocupados por la política futura de Lula y el aumento de impuestos, que por los golpistas”, dijo el diario en su editorial sobre los disturbios en Brasilia.

Incluso las intenciones golpistas que pudieran tener sectores de las Fuerzas Armadas, fueron reducidas a una ilusión ante el total repudio mundial, incluido el de Washington, promotor histórico del golpismo en la región. Un golpe militar ya no tiene sustento. Lula está mejor que antes de la intentona frustrada, pero está lejos de ser un gobierno fuerte y deberá sortear todavía muchas situaciones de conflicto. Pero la lección de Lula en estos primeros días es que un gobierno no tiene que ceder nunca la iniciativa y menos cuando está débil, aunque parezca lo contrario.