«Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias, recursos que, lamentablemente, en nuestra historia reciente se ha usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos, para hacer política.» Validado por el discurso de «la casta», el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció entre su decálogo del ajuste menores transferencias discrecionales a las provincias, un punto que no alcanza a la Ley de Coparticipación Federal, que el presidente Javier Milei dijo que buscaría modificar, pero que condiciona la relación con los gobernadores.

Las transferencias no automáticas o discrecionales son aquellas que el Ejecutivo nacional gira a las provincias, sin estar regladas por normativas y mecanismos distributivos reglados como ocurre con la Coparticipación Federal de Impuestos, y otras normas especiales como compensaciones o consensos fiscales. Estas últimas deben pasar por el Congreso para ser modificadas, mientras que las discrecionales se manejan directo desde el Ejecutivo.

Sin embargo, no se trata solo de acuerdo y favoritismos políticos entre el oficialismo nacional y provincial; o pactos para conseguir votaciones en el Congreso. Si no que los fondos discrecionales se utilizan ante circunstancias coyunturales, como emergencias fiscales o financieras en las arcas provinciales, necesidades de financiamiento para obras o servicios o asistencias por catástrofes naturales.

Según un informe de la Fundación Mediterránea –el think tank cordobés que tuvo como figura a Carlos Melconian–, entre 1996 y 2020, las transferencias discrecionales de los distintos gobiernos nacional hacia las provinciales estuvieron en el orden del 13,3 por ciento de total de fondos girados. O sea, ese sería el nivel del ajuste propuesto por Caputo, si la reducción fuera total. Lo dicho, «reducir al mínimo», siguen mantenido la discrecionalidad en manos del presidente Milei.

El estudio de la Fundación Mediterránea, publicado en noviembre de 2020, señala que la mayor participación de las discrecionales, en el último cuarto de siglo, estuvo dado en la presidencia de Néstor Kirchner –en lo que fue la recuperación económica tras el 2001– con un 22% del total de fondos recibidos por las provincias. En tanto, durante la presidencia de Mauricio Macri, las provincias recibieron una cifra inferior al promedio de la época estudiada, un 12,1 por ciento, que en el primer año de gobierno de Alberto Fernández había subido al 13,9%. Una de las provincias más beneficiadas por las transferencias no automáticas, entre 1996 y 2020, fue La Rioja, cuna del presidente Carlos Menem, tío del presidente de la Cámara baja y referente de Milei.

En tanto, un estudio de la consultora Politikon Chaco en base a datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía, señaló que en septiembre de 2023, bajo la gestión de Sergio Massa, las provincias 267.910 millones en fondos no automáticos. El informe precisaba que todas las provincias recibieron fondos en el noveno mes del año y solo 8 de 24 distritos recibieron fondos negativos en la cuenta interanual. Además, entre los que recibieron más aumentos estaba la opositora Ciudad de Buenos Aires y, entre los que quedaban en negativo, figuraban provincias oficialistas como Catamarca y Tierra del Fuego.

Como parte del ajuste, el gobierno de Milei empezó por aquellos fondos que no le implican llevar el debate al Congreso, donde se encuentra en clara minoría para imponer su voluntad. Durante la campaña, tanto de Milei como su ministro del Interior, Guillermo Francos, anticiparon que buscarían una reforma de la Ley de Coparticipación, creada en 1988.

«Lo que dice Milei este sistema hay que cambiarlo, hay que transferir impuestos para que sean recaudados por las provincias y que el sistema se revierta, que sean las provincias las que transfieran fondos a la Nación, las que banquen a la Nación», explicó Francos antes de llegar a la Casa Rosada.

En esos días, los gobernadores desde el saliente mandatario jujeño Gerardo Morales al riojano relecto Ricardo Quintela advertían que sin fondos de Nación, peligraban los pagos de los salarios de empleados públicos y docentes. El último anuncio de Sergio Massa como ministro de Economía, tras la derrota electoral, fue la reunión con los gobernadores para asegurarles las transferencias para el pago de salarios.

Massa explicó que los fondos saldrían de una deuda actualizada del Consenso Fiscal del 2018 y, otra parte, del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), o sea, una transferencia discrecional, que Caputo anunció se van a «reducir al mínimo».