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Domingo 31 de Agosto del 2025

PROVINCIALES

Educación apuesta a la transformación de la infraestructura escolar en toda la provincia

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El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, avanza el plan de mantenimiento correctivo y preventivo en todos los establecimientos escolares de la provincia. En esta ocasión, el equipo de conducción del Colegio Provincial Secundario N°23, “República de Guatemala” y de la Escuela Primaria Provincial N°71, “Pioneros de Santa Cruz”, brindaron detalles de las reparaciones y refacciones realizadas en el edificio que comparten ambas instituciones.

En el marco del plan de mantenimiento correctivo y preventivo en todos los establecimientos escolares de la provincia, este viernes el equipo de conducción correspondiente al Colegio Provincial Secundario N°23, “República de Guatemala” y de la Escuela Primaria Provincial N°71, “Pioneros de Santa Cruz” detallaron sobre las reparaciones y refacciones realizadas en el establecimiento educativo.

En este sentido, la Rectora del CPES N°23, Melisa Scott comentó que se han realizado diversos trabajos aproximadamente hace dos semanas y hoy cuentan con un colegio totalmente en condiciones de ser utilizados por todos los alumnos. “Han mejorado la iluminación de los sectores de los pasillos y las aulas, han cambiado todos los picaportes, repararon sanitarios que estaban inhabilitados, se reemplazaron las griferías y espejos, habilitaron bebederos que hace años que no funcionaban en la escuela, mejoraron todo el sistema de calefacción y radiadores”, detalló.

Con respecto al gimnasio, destacó que “es el logro más importante, que nos gratifica porque desde el 2020 que estaba en desuso en estos últimos tres años porque no contaba con calefacción. Hoy tenemos un gimnasio calefaccionado donde nuestros estudiantes van a poder realizar muchas actividades”. 

La rectora manifestó que estas reparaciones y refacciones les posibilita, por un lado, incrementar la matrícula de la escuela porque cuentan nuevas propuestas educativas para los estudiantes y, por otro lado, permite recuperar el sentido de pertenencia de los jóvenes del Colegio República de Guatemala, que se había venido perdiendo al no contar con las condiciones de edilicias.

Asimismo, Melisa Scott mencionó que en muchas oportunidades tuvieron que suspender clases y por largo tiempo los alumnos por esta falta de inversión en infraestructura escolar. “Toda la comunidad educativa, padres, alumnos y docentes, estamos muy contentos con el Consejo Provincial de Educación ha hecho por el colegio”, valoró.

Finalmente, agradeció a las autoridades que gestionaron estos cambios que favorecen las propuestas educativas para los estudiantes y la posibilidad de interactuar con la comunidad educativa en su conjunto y con la comunidad en general.

Por su parte, la directora de la EPP N°71, Claudia Reynoso comentó que en estos últimos meses dejaron de funcionar los motores de las calderas del segundo piso por lo que tuvieron que rotar algunos grados o juntar secciones, de manera de evitar que no se suspendan las clases. “Hoy cada grado puede estar en su piso, los docentes contentos, porque cada uno está en su hogar. Nosotros en primaria usamos mucho soporte gráfico, cada docente tiene colgado sus herramientas didácticas, su armario con los materiales y datos de los alumnos, y esto a veces es engorroso cuando tenemos que trasladar los docentes de un piso a otro”, planteó.

También agradeció al Consejo Provincial de Educación que ante cualquier reclamo es solucionado a la brevedad. “Todas las instituciones educativas estábamos en las mismas condiciones, y hoy somos varios los que estamos contentos por estos cambios que seguramente van a continuar en los edificios que aún no han recibido el mantenimiento que se necesita”, concluyó. 


Avisos

PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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