PROVINCIALES
Diputados opositores buscan diálogo con el gobierno de Vidal ante temores de Emergencia Económica e interrogantes sobre reunión con Milei

Legisladores de Unión por la Patria sostendrán una reunión con el ministro Pedro Luxen, buscando información sobre proyectos del Ejecutivo. La ausencia en la sesión extraordinaria del viernes, donde se intentaba aprobar leyes clave, se justifica por la falta de diálogo y la necesidad de conocer el impacto de las medidas de Javier Milei en Santa Cruz.
Los diputados de Unión por la Patria han confirmado una reunión con el ministro Pedro Luxen en medio de crecientes preocupaciones por una posible Emergencia Económica. Según Carlos Godoy, legislador de Río Turbio, la falta de información detallada sobre los proyectos del Ejecutivo ha llevado a su decisión de no aprobar leyes «a libro cerrado».
La sesión extraordinaria del viernes, en la que se buscaba la aprobación de la Ley de ministerios, el Presupuesto 2024 y la eliminación de la Ley de Lemas, no alcanzó quórum. En un comunicado, los legisladores argumentaron su ausencia, destacando la urgencia de entender cómo afectarán en Santa Cruz las medidas adoptadas por el presidente Javier Milei y el plan del gobierno provincial al respecto.
Carlos Godoy enfatizó la necesidad de diálogo, señalando la falta de comunicación entre Daniel Peralta, jefe de bloque opositor, y Fabián Leguizamón, presidente del recinto. Afirmó que la convocatoria para la sesión llegó, pero la «información concreta» necesaria para respaldar las propuestas del Ejecutivo no fue proporcionada. En este contexto, los legisladores insisten en la importancia de un diálogo transparente para tomar decisiones informadas sobre legislación clave.
PROVINCIALES
El proyecto para ampliar la cantidad de vocales en el TSJ, a un paso de convertirse en Ley

Los diputados dieron despacho en comisiones al proyecto de autoría de la diputada Adriana Nieto, del bloque oficialista Por Santa Cruz, que próximamente será tratado en el recinto parlamentario.
Esta mañana en las comisiones de Presupuesto y Legislación General, los legisladores finalmente dieron despacho favorable por mayoría al proyecto de Ley N°253/25 autoría de la diputada Adriana Nieto (Por Santa Cruz) que busca aumentar la cantidad de miembros que componen al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de 5 a 9 vocales designados por la Honorable Cámara de Diputados, de terna que en orden alfabético y pliego abierto remita el Poder Ejecutivo Provincial.
El proyecto que busca responder a la demanda poblacional, garantizar la objetividad, la transparencia, la celeridad y el equilibrio dentro del Poder Judicial, lejos de prácticas espurias y corporaciones políticas que sólo benefician a un grupo selecto, será tratado próximamente en el recinto y sería inminente su aprobación.
En los fundamentos de la iniciativa se argumenta: “Los nuevos tiempos que transitamos en nuestra provincia requieren poderes del Estado comprometidos con el cambio, que busquen afianzarse en la institucionalidad tomando distancia de acuerdos espurios, prácticas oscuras y manipulaciones políticas que pongan el énfasis en beneficios de un pequeño grupo, la sociedad santacruceña añora, y espera seriedad, madurez, legalidad y justicia”.
Asimismo, el proyecto establece que los requisitos requeridos para ser miembro del Tribunal serán los que establece el Artículo 127 de la Constitución Provincial y en estricto cumplimiento con la paridad de género, mientras que el cuerpo podrá dividirse en salas, pero decidirá las causas contencioso-administrativas y las que le correspondan a su competencia originaria y exclusiva en juicio pleno.
Del mismo modo, los diputados que integran ambas comisiones dieron despacho favorable por mayoría al proyecto de Ley N°146/25 presentado por el Poder Ejecutivo Provincial mediante el cual se propone una revisión, modificación y actualización del régimen de honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia de la provincia de Santa Cruz.
Estos aranceles actualmente están regulados por la Ley 3.330 que data del año 2013 y ha quedado obsoleta en función de la praxis actual, sin contemplar la posterior sanción del Código Civil y Comercial de la Nación en el año 2015, y los cambios de paradigmas que eso conlleva.
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