El pacto fiscal, que fue firmado el 27 de diciembre pasado entre el presidente Alberto Fernández y 21 gobernadores, obtuvo sanción definitiva con 136 votos a favor, 108 rechazos y cuatro abstenciones.

Pese al rechazo del grueso de la tropa de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos logró hoy convertir en ley el Consenso Fiscal firmado el 27 de diciembre pasado entre el presidente Alberto Fernández y 21 gobernadores.

Con 136 votos a favor, 108 en contra y cuatro abstenciones, el Frente de Todos consiguió su objetivo, acompañado por un puñado de legisladores radicales, el interbloque Federal y Provincias Unidas.

Por el contrario, se opuso a la abrumadora mayoría de Juntos por el Cambio, el Frente de Izquierda y los dos bloques de la derecha liberal (Avanza Libertad y La Libertad Avanza).

Los radicales que votaron a favor fueron los jujeños Gustavo Bouhid y Jorge Rizzotti, el correntino Jorge Vara, el mendocino Julio Cobos, y el formoseño Fernando Carbajal. Sorpresivamente se sumó a los votos positivos la diputada del PRO Sofía Brambilla.Se abstuvieron los radicales de Mendoza Lisandro Nieri, Jimena Latorre y Pamela Verasay, y el catamarqueño Francisco Monti.

La iniciativa había sido incluida por el Poder Ejecutivo en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, pero el tema nunca llegó a tratarse durante el verano.

Con este pacto, las provincias quedan habilitadas para aumentar algunos impuestos locales, entre ellos los de Ingresos Brutos y a los Créditos y Débitos Bancarios (Sellos), aunque con topes máximos.

Entre otros aspectos que hacen al ordenamiento tributario, el nuevo consenso fiscal dispone que las alícuotas de Ingresos Brutos no puedan exceder a las fijadas para cada actividad y además ratifica la decisión de evaluar durante este año la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.

También contiene un capítulo denominado de «endeudamiento responsable», que dispone que las provincias podrán aumentar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito.

En tanto, en materia de responsabilidad fiscal, la iniciativa estipula que «la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PBI».

En cuanto al impuesto a los sellos, se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles; del 3% a la transferencia de automotores; y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general.

No estarán sujetos a alícuota máxima los actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar.

Además las provincias podrán elevar más allá del máximo de 2% el impuesto inmobiliario.

El debate

El primer orador del debate fue el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, quien desmintió a Juntos por el Cambio al sostener que «de ninguna manera» el Consenso Fiscal tiene «el objetivo de subir impuestos».

Al intervenir como miembro informante del oficialismo, aclaró que el Consenso Fiscal «no está atravesado por la idea de aumentar impuestos, sino de implementar instrumentos que procuren la distribución de la carga impositiva».

Agregó que para ello «se prevé que tenga mayor incidencia en los impuestos patrimoniales, históricamente débiles en muchas provincias, y de esa forma poder compensar la eventual reducción en la recaudación de impuestos sobre las actividades productivas y el consumo”.

Además, aseguró que el proyecto apunta a «evitar la aparición de desequilibrios fiscales» y a que se «reduzca o elimine la necesidad de tomar deuda por parte de las provincias».

Por último, Heller subrayó que este pacto fiscal «es un acto absolutamente federal, no es una cosa discrecional del presidente de la Nación con los gobernadores», dado que «para ser efectivo y aplicable requiere que este Parlamento lo sancione y que cada Legislatura provincial haga lo mismo».

Le siguió en el uso de la palabra el diputado nacional del PRO Luciano Laspina, quien consideró que el proyecto de Consenso Fiscal del oficialismo «es un nuevo clavo en el ataúd del desastre fiscal y tributario de la Argentina».

El legislador macrista aseguró que este «este proyecto terminó de dinamitar el Consenso Fiscal del 2017», al que calificó de «histórico» porque «por primera vez en la historia reducía impuestos en la Nación y en las provincias, reduciendo absolutamente los impuestos a los ingresos brutos que es el más distorsivo y el más brutal de los impuestos».

Para Laspina, vicepresidente de la comisión de Presupuesto, el Consenso Fiscal «vuelve a repetir el principio de salvación de la política sacrificando a los contribuyentes».

Por su parte, el diputado cordobés de la UCR Víctor Hugo Romero, cuestionó el presente pacto fiscal porque «deja de lado» los compromisos de adendas de consensos anteriores para que las provincias bajen impuestos, al tiempo que «fija nuevos parámetros, superiores a los que están vigentes hoy: ingresos brutos, de sellos, inmobiliarios y se da la posibilidad de legislar sobre el impuesto a la herencia».

«Y además se flexibiliza los compromisos en materia de responsabilidad fiscal», añadió Romero.

Por su parte, el oficialista Marcelo Casaretto salió al cruce de sus preopinantes al señalar que en los Consensos Fiscales anteriores «se planteaba una baja de impuestos gradual en el ámbito de las jurisdicciones provinciales», lo que «claramente significaba un desfinanciamiento para las arcas de las provincias».

«Ya que a algunos les parece tan ineficientes ingresos brutos, que representa 60, 70% de la recaudación, avísenle a los de su partido, por ejemplo, a (Horacio Rodríguez) Larreta en la Capital, que derogue el impuesto a los ingresos brutos, avísenle al gobernador de Jujuy, al de Corrientes, al de Mendoza que elimine todos esos impuestos distorsivos hoy, y que libere a los ciudadanos de esas provincias de esas limitaciones», desafió el entrerriano, provocador.

«Si no cuando gobiernan tienen una actitud, y cuando se sientan en la banca tienen una actitud populista de decir nosotros les queremos bajar los impuestos a los contribuyentes, y los peronistas se los quieren aumentar», completó.

Su coterráneo Rogelio Frigerio (PRO) opinó que el Consenso Fiscal 2017 fue «el último gran acuerdo político que tuvo la Argentina, con un nivel de consenso muy importante» en torno a la idea de que Argentina tenía «una presión impositiva que asfixiaba a los que producen, a los que generan empleo y a la sociedad toda, y que también era menester empezar a bajar».

«Nos propusimos en consecuencia el primer intento en muchos años en empezar a darle alivio fiscal a los sectores de la producción y a la gente. Además, pusimos una regla de límite del gasto público bastante restrictivo, no podía subir más que el índice de precios al consumidor”, recordó.

El ex ministro de Interior de Cambiemos afirmó que el nuevo Consenso Fiscal «no es una buena noticia para los que trabajan, los que producen, los que invierten en la Argentina, para los que buscan empleo».

El diputado de Juntos Somos Río Negro Agustín Domingo, quien votó a favor de la iniciativa, explicó que con este Consenso Fiscal no se está «definiendo el nivel de ingresos brutos ni de ningún impuesto provincial» sino «simplemente ratificando el acuerdo que celebró el titular del Poder Ejecutivo nacional con los titulares con los poderes de los Ejecutivos provinciales, muchos oficialistas, otros opositores».

El diputado de Avanza Libertad José Luis Espert aseguró que el proyecto de Consenso Fiscal «se parece a feudalismo, a cartelización fiscal, donde la Nación y las provincias se ponen de acuerdo para seguir usando como esclavos a los ciudadanos».

Por su parte, el también liberal Javier Milei adelantó que desde su espacio iban a «rechazar esta basura de Consenso», y agregó que «ni siquiera los dementes de los keynesianos proponen que se crezca subiendo impuestos».