El Intendente Municipal de la Localidad de 28 de Noviembre, Fernando Omar Españón, junto a sus abogados, ha presentado una denuncia que solicita se investigue la presunta negligencia y omisión de deberes de funcionarios públicos relacionados con la gestión del agua potable, lo que habría llevado a la contaminación del suministro de agua y amenaza a la salud pública de la comunidad.

En esta denuncia,  Fernando Omar Españón, quien se desempeña como Intendente Municipal de la Localidad de 28 de Noviembre, presenta una acusación relacionada con la contaminación del suministro de agua potable en su localidad. A continuación, se resumen los puntos clave de la denuncia:

Personería: El denunciante, Fernando Omar Españón, se identifica a sí mismo y a sus abogados, los Dres. Gabriel Lucio Giordano Buracco y Sandro Omar Levin Sumenes, quienes lo representan en este caso. También menciona su domicilio legal y dirección de contacto.

Constitución de Querellante: La denuncia solicita ser reconocida como parte querellante en el caso, de acuerdo con los artículos 75 y 76 del Código Procesal Penal. Afirma que se han cumplido los requisitos necesarios para ser considerados como querellantes y promover una acción penal debido a la gravedad de los hechos que se expondrán.

Objeto de la Denuncia: La denuncia se enfoca en dos aspectos principales. En primer lugar, acusa a ciertos funcionarios públicos de no cumplir con sus deberes y responsabilidades, lo que habría resultado en la contaminación del suministro de agua potable. Los funcionarios mencionados incluyen al Gerente General del SPSE (Servicios Públicos Sociedad del Estado), Sr. Jorge Arabel, y al Gerente de Distrito 28 de Noviembre, Hugo Ariel Garay, entre otros.

Fundamentos de la Denuncia: La denuncia sostiene que estos funcionarios no realizaron los controles adecuados para evitar que aguas contaminadas con residuos cloacales y metales pesados llegaran a los usuarios del sistema de agua potable. Además, argumenta que no se cumplieron las disposiciones normativas vigentes, incluyendo la Ley de Aguas y la Ley de Residuos Peligrosos, lo que habría agravado la situación.

Delitos Denunciados: La denuncia enumera dos delitos principales: el incumplimiento de deberes de funcionario público, según el artículo 249 del Código Penal, y delitos contra la salud pública relacionados con el suministro de agua no apta para el consumo humano, según los artículos 200 y 203 del Código Penal. Estos delitos se detallan y se argumenta cómo los funcionarios mencionados podrían haber incurrido en ellos.

Fundamento Jurídico: Se hace referencia a la legislación nacional relacionada con la protección del agua potable y la salud pública, destacando la importancia de garantizar un ambiente sano y proteger el acceso al agua potable como un derecho humano de tercera generación.

Conclusión: La denuncia busca una investigación independiente de los hechos y la citación a declaración indagatoria de los funcionarios involucrados. Destaca la importancia de tomar medidas legales para proteger la salud pública y el acceso al agua potable.

La denuncia es extensa y detallada, presentando un caso legal sustentado en argumentos sólidos y en la normativa legal pertinente.