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Sábado 07 de Junio del 2025

INFO. GENERAL

Delgado: “Desregular el transporte público es llevarlo a la ilegalidad de Uber”

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Frente a la amenaza de protestas afuera del Municipio, la secretaria de Gobierno de Río Gallegos Sara Delgado hizo públicos los alcances de la reunión mantenida con el sector de taxis y remises, con el que el viernes habían arribado a un acuerdo.

El viernes, referentes de la Asociación de Taxistas y Cooperativas de Remises solicitaron una audiencia que tuvo lugar en horas de la tarde, y de la que participaron el Jefe de Gabinete Diego Robles; el director Administrativo de Tránsito, Paulo Ortiz y la Secretaria de Gobierno, Sara Delgado.
El encuentro tuvo como finalidad tratar con el Municipio un pedido del sector para que la verificación técnica anual prevista para este mes, fuese prorrogada hasta abril de 2025.
Al respecto, la secretaria de Gobierno informó que el 3 de octubre de 2023, el intendente Pablo Grasso firmó una prórroga hasta 2024, para que aquellos que tenían vehículos 2010, 2011 y 2012, pudiesen actualizar de modelo y no quedasen fuera de circulación.
Esa prórroga vence en noviembre para 9 taxis y 4 remises, en tanto que los vehículos del año 2013, que están en revisión para el cambio de unidad en 2024, son 18 taxis y 4 de remises.
“La revisión va a impactar en 27 taxis y 8 remises, de un total de 280 taxis y 100 remises en Río Gallegos”, explicó Delgado, quien recordó a la sociedad que la revisión anual está contemplada en la normativa nacional, que establece que los vehículos que se destinan al transporte público con las licencias que otorga el estado, deben tener un máximo de diez años de antigüedad.
La secretaria de Gobierno informó además que el municipio ofreció extender el plazo para los vehículos modelo 2013 que vencen este año (es decir, los 18 taxis y 4 remises), algo que fue aceptado por los referentes del sector.
Asimismo, los referentes solicitaron la suba de la tarifa de taxis a $1100 y $100 la ficha, algo que fue aceptado por el municipio, quedando a la espera el cálculo que eso representaría en los remises.
“El acta debía firmarse el sábado en horas del mediodía, sin embargo el mismo viernes por la noche, a través de mensajes de texto, me informan que se habían arrepentido del acuerdo, y a partir de ahí comienza a circular una cadena de WhatsApp en la que convocaban a manifestarse en el municipio”, contó Delgado.
En este sentido, la funcionaria sostuvo que “como Municipalidad, tenemos la obligación de controlar que se cumpla la normativa y que los vehículos que se ponen a disposición de nuestros vecinos y vecinas estén en óptimas condiciones. Eso no es falta de empatía con los trabajadores del volante ni persecución, es cuidar a la gente”, añadió.
También, reveló que el viernes, junto al director de Transito y el jefe de Gabinete “expusimos nuestro rechazo al proyecto de Ordenanza que presentaron con el partido SER, porque entendemos que desregular el servicio es llevarlo a la ilegalidad de Uber. Y ahí vemos un poco que el planteo de algunos choferes es, ‘bueno, ahora seamos todos truchos’, y nos parece que no es así. Por el contrario, creemos que si el Estado interviene dándote una licencia, tiene todo el derecho de exigirte que garantices un servicio de calidad para la gente. Un servicio que además cumpla con todo, con las paradas, con los horarios nocturnos y de madrugada y feriados, y ahí no sé si estamos tan al día”.
Para finalizar la Secretaria de Gobierno adelantó que en los próximos días convocara al sector a una reunión para avanzar en mejoras vinculadas a la prestación del servicio.
“Esta municipalidad no desea que la gente elija a Uber, que es una empresa que no paga impuestos, que tiene vehículos hechos pelota y que no ofrece seguro a los pasajeros. Nosotros queremos que la gente viaje en taxis y remises y entendemos que la mejor forma de hacerle frente a este cambio es con una mayor calidad”, cerró.


Avisos

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Alerta máxima en el kirchnerismo: creen que es inminente la detención de Cristina

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En el Instituto Patria creen que la Corte fallará el próximo martes y se declaran en «alerta y movilización».

Por Pablo Dipierri

El senador Oscar Parrilli llamó por teléfono a el diputado Eduardo Valdés este viernes para comunicar el estado de alerta que vive por estas horas el Instituto Patria, bajo la convicción de que la Corte fallará contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad el martes próximo, en la reunión de acuerdos. La ex Presidenta y su entorno creen que su detención sería inminente.

La preocupación del kirchnerismo se palpa en los frenéticos mensajes que cruzan legisladores, dirigentes y militantes, tan solo para compartir la angustia ante una decisión que imaginan inminente, luego que la Corte removiera el ultimo obstáculo procesal al rechazar la recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti. En el Instituto Patria confirmaron a LPO este viernes que no hay interlocución con el máximo tribunal.

Si la Corte falla y confirma la sentencia contra Cristina antes del 19 de Julio, no podrá ser candidata a diputada en las elecciones bonaerenses de septiembre, donde las encuestas indican que tiene buenas probabilidades de ganar en la Tercera Sección Electoral, esto es el sur del Conurbano, la zona más popular y poblada de la provincia.

Un camarista reconoció a LPO que existen presiones de sectores del poder para que Cristina vaya presa, algo que también habían admitido los senadores cuando se trató el frustrado proyecto de Ficha Limpia en el Senado. «En Argentina siempre es un mal momento para fallar, porque hay elecciones cada dos años y casi siempre estamos en campaña electoral», matizó un juez federal para conceder que la Corte puede resolver el caso ahora.

Ante la posibilidad de la detención de la ex presidenta, el kirchnerismo analizaba este viernes movilizarse. El diputado kirchnerista y secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó ante la prensa que «tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no». En el despacho de una colega suya del bloque peronista, confirmaron a LPO que la definición del momento en el peronismo es de «alerta y movilización».

Tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no.

Un juez de Comodoro Py que conoce a la ex presidenta afirmó a LP que Cristina esperaba este escenario. «De un momento a otro, los jueces pueden dar ‘enter’ para fallar o posponer la sentencia, ella lo sabía y por eso apuró su candidatura y los trató de guardia pretoriana», dijo en referencia al reportaje que le concedió Cristina a C5N el pasado lunes.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en un reciente encuentro con jueces.

Como sea, las posibles consecuencias de una detención de Cristina eran analizadas este viernes en todo el sistema político. Una lectura es que el peronismo podría hacer una pausa en sus divisiones para defender a la actual presidenta del PJ, principal partido de la oposición, lo que también sugiere un posible impacto internacional.

«De la Rúa metió preso a Menem para tapar el ajuste y no le sirvió de nada», recordó un dirigente peronista de larga trayectoria y agregó: «en Brasil lo metieron preso a Lula, parecía que no pasaba nada y después volvió a ser electo Presidente». En efecto, el impacto de una detención de Cristina sobre el gobierno de Milei no es un tema menor.  

«Es una bomba neutrónica en el peronismo», opinó con una mirada menos romántica uno de los dirigentes más importantes de esa fuerza. El gobierno, en tanto, podría experimentar el relativo alivio de no arriesgarse a una derrota en la tercera sección electoral que, como publicó LPO, amenaza con garantizarle la victoria al kirchnerismo en el resultado global del territorio bonaerense si la diferencia es abismal.

El peronismo, por supuesto, planteará la detención de Cristina como la proscripción de la ex presidenta. Esa es la razón por la que hasta un diputado macrista repetía hasta el cansancio cuando se discutió el proyecto de Ficha Limpia que «a Cristina hay que ganarle en las urnas». 

Una decisión inminente de la Corte iría en contra de la jurisprudencia no escrita del máximo tribunal, acerca que no resuelve casos de corrupción que afecten o inhiban los derechos políticos de un posible candidato en un año electoral.

Como sea, las opciones de la Corte serían la de negarse a tomar el caso, por medio de la apelación del artículo 280 del Código Penal, y dejar firme la sentencia de la Cámara de Casación o abrir los recursos de queja y revocarlos, con el mismo desenlace para la ex presidenta. Pero los ministros también podrían revisar los recursos y tomar el de la fiscalía, que duplica la condena a 12 años bajo la figura de asociación ilícita, lo cual dilataría el proceso y otorgaría más tiempo a Cristina.

Con información de la Política On-Line


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