INFO. GENERAL
Delgado: “Desregular el transporte público es llevarlo a la ilegalidad de Uber”
Frente a la amenaza de protestas afuera del Municipio, la secretaria de Gobierno de Río Gallegos Sara Delgado hizo públicos los alcances de la reunión mantenida con el sector de taxis y remises, con el que el viernes habían arribado a un acuerdo.
El viernes, referentes de la Asociación de Taxistas y Cooperativas de Remises solicitaron una audiencia que tuvo lugar en horas de la tarde, y de la que participaron el Jefe de Gabinete Diego Robles; el director Administrativo de Tránsito, Paulo Ortiz y la Secretaria de Gobierno, Sara Delgado.
El encuentro tuvo como finalidad tratar con el Municipio un pedido del sector para que la verificación técnica anual prevista para este mes, fuese prorrogada hasta abril de 2025.
Al respecto, la secretaria de Gobierno informó que el 3 de octubre de 2023, el intendente Pablo Grasso firmó una prórroga hasta 2024, para que aquellos que tenían vehículos 2010, 2011 y 2012, pudiesen actualizar de modelo y no quedasen fuera de circulación.
Esa prórroga vence en noviembre para 9 taxis y 4 remises, en tanto que los vehículos del año 2013, que están en revisión para el cambio de unidad en 2024, son 18 taxis y 4 de remises.
“La revisión va a impactar en 27 taxis y 8 remises, de un total de 280 taxis y 100 remises en Río Gallegos”, explicó Delgado, quien recordó a la sociedad que la revisión anual está contemplada en la normativa nacional, que establece que los vehículos que se destinan al transporte público con las licencias que otorga el estado, deben tener un máximo de diez años de antigüedad.
La secretaria de Gobierno informó además que el municipio ofreció extender el plazo para los vehículos modelo 2013 que vencen este año (es decir, los 18 taxis y 4 remises), algo que fue aceptado por los referentes del sector.
Asimismo, los referentes solicitaron la suba de la tarifa de taxis a $1100 y $100 la ficha, algo que fue aceptado por el municipio, quedando a la espera el cálculo que eso representaría en los remises.
“El acta debía firmarse el sábado en horas del mediodía, sin embargo el mismo viernes por la noche, a través de mensajes de texto, me informan que se habían arrepentido del acuerdo, y a partir de ahí comienza a circular una cadena de WhatsApp en la que convocaban a manifestarse en el municipio”, contó Delgado.
En este sentido, la funcionaria sostuvo que “como Municipalidad, tenemos la obligación de controlar que se cumpla la normativa y que los vehículos que se ponen a disposición de nuestros vecinos y vecinas estén en óptimas condiciones. Eso no es falta de empatía con los trabajadores del volante ni persecución, es cuidar a la gente”, añadió.
También, reveló que el viernes, junto al director de Transito y el jefe de Gabinete “expusimos nuestro rechazo al proyecto de Ordenanza que presentaron con el partido SER, porque entendemos que desregular el servicio es llevarlo a la ilegalidad de Uber. Y ahí vemos un poco que el planteo de algunos choferes es, ‘bueno, ahora seamos todos truchos’, y nos parece que no es así. Por el contrario, creemos que si el Estado interviene dándote una licencia, tiene todo el derecho de exigirte que garantices un servicio de calidad para la gente. Un servicio que además cumpla con todo, con las paradas, con los horarios nocturnos y de madrugada y feriados, y ahí no sé si estamos tan al día”.
Para finalizar la Secretaria de Gobierno adelantó que en los próximos días convocara al sector a una reunión para avanzar en mejoras vinculadas a la prestación del servicio.
“Esta municipalidad no desea que la gente elija a Uber, que es una empresa que no paga impuestos, que tiene vehículos hechos pelota y que no ofrece seguro a los pasajeros. Nosotros queremos que la gente viaje en taxis y remises y entendemos que la mejor forma de hacerle frente a este cambio es con una mayor calidad”, cerró.
INFO. GENERAL
Bienes públicos a remate y sospechas en alza
El Decreto 590 de «enajenación de bienes públicos» reconoce como antecedente las subastas de Macri denunciadas por un perjuicio de u$s 62 millones al Estado por ventas «a precios irrisorios»
En el marco del intento de apurar las privatizaciones y el desmantelamiento del Estado, el gobierno publicó en la última semana de octubre un decreto por el cual ordena el remate de 309 propiedades. Algunas, ni siquiera son propiedad del Estado nacional. Además, se utilizó la misma fundamentación que justifica la venta de «baldíos o edificios innecesarios para la gestión», que había sido utilizada en 2016 y 2019 (gobierno de Mauricio Macri) para «malvender» terrenos de muchísimo valor, por ejemplo manzanas no edificadas en Puerto Madero, por debajo de su valor de mercado, logrando que en cada subasta participara un único oferente, y que además resultara beneficiario alguna empresa o sociedad estrechamente vinculada al gobierno. Una denuncia de la Oficina Anticorrupción de 2020 y un dictámen de la Auditoría General de la Nación más reciente (noviembre de 2023) coinciden en que, como consecuencia de estas operaciones, se provocó un perjuicio fiscal (ventas por debajo del valor real) de 62 millones de dólares para el Estado.
«Intentan repetir la misma maniobra: llamar a subasta urgente, bajar la tasación del inmueble con respecto al valor de mercado y que se presente un solo oferente», señala un profesional que colabora con la Asociación del Personal del INTA (APINTA), que ya presentó una denuncia por la inclusión del edificio de Cerviño 3101 en CABA (esquina con Ortiz de Ocampo), donde se alojan un centro de investigación, un laboratorio especializado en innovaciones tecnológicas y varias reparticiones técnicas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
«No es un terreno baldío, como dice en los considerandos el decreto 950/2024 que habilita los 309 remates; no es un edificio en desuso o inútil, como dice en otro considerando. Pero es un edificio en una zona muy cotizada de Buenos Aires, tiene una valuación de 10 millones de dólares y ya salió, en pocos días, publicado el aviso que lo ofrece en subasta futura (argentina.gob.ar/subasta de bienes inmuebles en curso); con lo cual, podemos presumir que ya hay interesado», comenta irónicamente el profesional denunciante.
Se trata de una propiedad en Alto Palermo, a menos de 200 metros de Libertador y Coronel Díaz, en un terreno de más de 900 metros cuadrados de superficie y más de 3000 metros cuadrados cubiertos, con oficinas e instalaciones en excelente estado. Es una de las 309 propiedades incluídas en el anexo del Decreto 950, publicado en el Boletín Oficial el último 24 de octubre.
Propiedades «malvendidas»: la continuación
El decreto sostiene que estas ventas son la continuación de las del período 2016-2019, durante el cual se realizaron al menos diez adjudicaciones que en 2020 fueron denunciadas por la Oficina Anticorrupción por haber «malvendido propiedades» en beneficio de personas o empresas vinculadas al gobierno de Mauricio Macri.
Las adjudicaciones de la AABE en ese período fueron revisadas posteriormente por la Auditoría General de la Nación, que en un dictamen de noviembre de 2023 determinó que en esas diez operaciones se adjudicaron «sin necesidad» inmuebles por debajo del valor venal indicado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, con una pérdida par el Estado nacional del orden de los 62 millones de dólares.
Los adjudicatarios de esos inmuebles fueron, principalmente, «tres empresas: Consultatio, de Eduardo Constantini; TLGT, de Nicolás Caputo, y Santa María, del Grupo Techint, que hicieron negocios millonarios que ahora se quieren reeditar», indica la denuncia ante las autoridades del INTA.
La Oficina Anticorrupción denunció estas operaciones en el año 2020 (Página12 le dio amplia cobertura al tema, ver «Las fabulosas propiedades para amigos que subastó el gobierno de Cambiemos», por Raúl Kollmann, 17 de septiembre de 2020) y en noviembre de 2023 la AGN presentó su dictamen tras la auditoría a la gestrión de AABE sobre estas mismas operaciones.
La denuncia gremial
En la nota que la asociación del personal del INTA dirigió al vocal en representación de Federación Agraria en el Consejo Directivo del instituto, Pedro Paillole, señalan:
«El decreto 950/2024 en la parte que disponela enajenación del edificio del INTA en avenida Cerviño 3101, CABA, es nulo de nulidad absoluta e insanable, ya que el predio es propiedad del INTA, una entidad autárquica por ley con patrrimonio propio. Por lo que sus bienes no pueden ser enajenados por el Poder Ejecutivo a través de un decreto».
Agrega Apinta en la misma nota que el mismo acto administrativo (el decreto) que dispone la enajenacióndel edificio «es nulo por carecer de causa, ya que no existen los hechos mencionados y es falso el derecho invocado (se refiere a los considerandos del decreto), el objeto no es jurídicamente posible e incurre en desviación de poder».
Dichos conceptos jurídicos son ampliados y explicados hacie al el final de la misma nota, donde a modo de conclusión Apinta afirma:
«Tenemos entonces que el fundamento del Decreto 950 es resucitar el desmadre que le costó al Estado 62 millones de dólares. No lo sostenemos nosotros. Lo dice su considerando octavo»
«Los considerandos del decreto 950 se escribieron para un sitio baldío. Y la holgazanería del PEN hizo un copy paste, y lo introdujo para fundamentar erráticamente 309 enajenaciones que no tienen nada que ver la una con la otra. Los hechos alegados por el decreto son falsos. Por ende, el acto administrativo es nulo».
El gremio le imputa al Ejecutivo que «incurre en desviación de poder», lo cual significa que «el funcionario actúa con una finalidad distinta de la perseguida por la ley», citando la doctrina. Y luego cita que «la Procuración del Tesoro Nacional ha dicho que el interés público podría encontrarse gravemente afectado, y con ello configfurarse la desviación de poder, ante un acto generador de un desprendimiento patrimonial estatal concretado sobre la base de un precio irrisorio».
Y agrega: «Mentir que un bien está ocioso o le causa gastos al Estado para justificar su venta, cuando en realidad lo que se buisca es rematarlo para favorecer a algún agente privado (en perjuicio del INTA), a la vez que se persigue el desmantelamiento del Sistema de Ciencia, Técnica e Innovación Pública estatal, no sólo que es desviación de poder, excede la sanción de nulidad al acto administrativo: entramos ya acá en el terreno de la sanción penal».
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