El martes 6 de diciembre, el Tribunal Oral Federal número 2 dará a conocer la sentencia del juicio que investiga la obra pública en Santa Cruz. La vicepresidenta aseguró que su condena ya está firmada y referentes del Frente de Todos intentan convencerla de que convoque a una movilización. Cómo influirá la decisión judicial en una posible candidatura en 2023.

Por Raúl Kollmann

“Este no es un tribunal, sino un pelotón de fusilamiento”. “Como lo dije el 2 de diciembre de 2019, al comienzo de este juicio, la sentencia está escrita. Lo que no sabía es que está tan mal escrita y que la acusación fue una serie de mentiras e incluso de hechos que no existieron”. “La mujer que acompañaba a quien quiso matarme, Brenda Uliarte, seguía al fiscal Diego Luciani en las redes sociales. Eso muestra la ligazón entre este fusilamiento y el intento de fusilarme del 1 de septiembre”. Estos fueron los conceptos esenciales de Cristina Fernández de Kirchner al hacer uso de lo que llaman “las últimas palabras” en el juicio por las rutas de Santa Cruz. 

La vicepresidenta eligió este enfoque global, político, porque las defensas ya habían contestado todas las acusaciones. Aun así, CFK, instantes después, dio a conocer Las 20 mentiras de la causa Vialidad que fueron expuestas con tanta solidez por las defensas que los fiscales Luciani y Sergio Mola ni siquiera se atrevieron a responder. El Tribunal Oral Federal número dos fijó audiencias para el lunes y martes que viene. En este último día, el martes 6 de diciembre, se dará a conocer el veredicto.

Una mención llamativa y la sentencia

Más allá del enfoque político, Cristina afrontó sorpresivamente y de manera directa uno de los estigmas que la alianza judicial-mediática-política viene instalando desde hace años en su contra: “el 10 de diciembre de 2015 me fui del gobierno exactamente con los mismos bienes con los que había llegado y que ahora quedaron para mis hijos. Tres jueces (Rodolfo Canicoba Corral, Norberto Oyarbide y Julián Ercolini) me investigaron por enriquecimiento ilícito y no encontraron nada. Vivo en el mismo departamento que cuando nos fuimos con Néstor a vivir a Olivos. En cambio, alguna otra dirigente importante de la oposición (en referencia a María Eugenia Vidal), vecina del barrio, un poco más para allá, en un lugar más selecto, la isla, compró un departamento a mitad de precio, que además se lo vendió la hija de su contador y que además se lo vendió prestándole la plata. Pero la ladrona y la chorra soy yo. Esto es lo que se está viviendo en la República Argentina”.

Los jueces del TOF número 2 leerán la sentencia el martes 6 después de una breve audiencia en la que diría sus últimas palabras Juan Carlos Villafañe, expresidente de Vialidad Provincial de Santa Cruz. Los medios aliados a Juntos por el Cambio ya adelantaron que Cristina será condenada a una pena de alrededor de seis años de prisión, no por asociación ilícita, sino por fraude al Estado. 

En el juicio -seguido en todas las audiencias por Página/12– , ambas acusaciones sufrieron una auténtica paliza. Empezando por el hecho incontrovertible de que todas las obras se hicieron, era falso que hubiera alguna ruta que no conducía a ningún lado y que no se pagó nada que no se hubiera construido. Eso fue certificado por dos auditorías, ambas encargadas por el macrismo. O sea, no pudieron acreditar ningún perjuicio para el Estado. 

Respecto de la asociación ilícita, además de que el delito fue plantado para agrandar la pena, no hubo un solo testigo en tres años y medio que dijera que recibió un llamado, que le dieron una instrucción o cualquier maniobra para favorecer a Lázaro Báez. Las licitaciones se hicieron en Santa Cruz, igual que las adjudicaciones y el control de las obras, de manera que las autoridades nacionales -entre ellas Cristina- no tuvieron participación directa. Al haber comunicaciones sólo atribuibles a las funciones de gobierno, CFK señaló: “quieren calificar de asociación ilícita a un gobierno votado por los argentinos».

Un veredicto y después

En la lectura del fallo, el martes próximo, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, fijarán la fecha en la que se darán a conocer los fundamentos de la sentencia. Seguramente será en febrero o marzo. Después, las defensas -si hay condenas- podrán apelar a la Cámara de Casación y en última instancia a la Corte Suprema. Todo el trayecto es un campo minado de magistrados aliados a Juntos por el Cambio. 

En cualquier caso, la resolución recién quedará firme en uno o dos años, como mínimo, aunque tratándose de CFK como acusada -no como víctima- siempre podrían apurarse. La lógica indica que la vicepresidenta podrá ser candidata en 2023 si así lo desea. El antecedente más conocido es el de Carlos Menem, que aún condenado en la causa del contrabando de armas a Croacia y Ecuador, con la condena confirmada por la Casación, se postuló a senador y obtuvo la banca.

A solas ante el pelotón

Cristina no recurrió a ninguna convocatoria para confrontar con los jueces que estaban presencialmente en Comodoro Py y a los fiscales conectados desde sus oficinas. No apuntó a los magistrados por su relación con la oposición, no mencionó que Giménez Uriburu jugó al fútbol en la quinta de Mauricio Macri, pero reiteró que “no son un tribunal, sino un pelotón de fusilamiento”. 

Insistió -como lo viene afirmando desde el inicio del juicio- que la condena ya está firmada. Pero en los 20 minutos de sus últimas palabras, se concentró en los fiscales Luciani y Mola: “la increíble diatriba, porque no se le puede llamar alegato a los 20 días que los fiscales Luciani y Mola dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar, no conforme a derecho, sino tal cual un editorial de Clarín o La Nación. Durante 20 días inventaron hechos, ocultaron otros hechos, tergiversaron, mintieron. Y ese 22 de agosto termina el alegato y empieza a agolparse gente frente a mi casa que, finalmente, el 1 de septiembre, aparece una persona, acompañado por una mujer, dispara o intenta disparar. Disparó, lo que pasa que el tiro no salió. Doce días después, Clarín tituló “la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”. Miren la identificación con fusilamiento y esta causa”.

Habrá que ver si CFK realiza alguna convocatoria para el día del fallo o para los días posteriores. Numerosos referentes del Frente de Todos le vienen insistiendo con que se realice algún tipo de movilización de respaldo a ella y, al mismo tiempo, de repudio a la persecución judicial.

La asociación ilícita y el celular de José López

Luciani y Mola trataron de sostener la acusación de asociación ilícita con una prueba introducida silenciosamente en el juicio: los mensajes que se encontraron en el celular de José López, el exsecretario de Obras Públicas que tiró los nueve millones de dólares en el convento de General Rodríguez. Tan silenciosa era la utilización de la prueba que los fiscales nunca preguntaron sobre ella en los tres años y medio del juicio. Es más, recién en el alegato final intentaron usar un mensaje para acusar al exsubsecretario Abel Fatala porque el texto decía: “lo de Juana está encaminado”. En su alegato, Fatala contó que no se trataba de ningún negociado, sino que “lo de Juana” era un mensaje referido a una estatua de Juana Azurduy, regalada por Bolivia, que debía traerse a Buenos Aires por las rutas del país.

Cristina otra vez asoció esta maniobra de los fiscales con el atentado que sufrió. “Los jueces, colegas de ustedes, no establecen que sean asociaciones ilícitas las de la gente que se comunicaba por redes y cometía hechos de violencia contra el Estado en la Casa Rosada o en contra de mi casa, con bombas molotov. Personas que además eran financiadas por empresarios muy conocidos en esta causa (en referencia a la familia Caputo). Es lo que nosotros descubrimos, cuando miramos el teléfono del señor López. Al parecer los fiscales habían visto dos o tres comunicaciones, pero no habían visto centenares de chats que revelaban que el trato amistoso, que las redeterminaciones de obras, que las licitaciones las discutían con otros empresarios que no eran precisamente peronistas sino macristas. Es más, López vivía en la casa de uno de esos empresarios macristas. Para los jueces, sí es asociación ilícita un gobierno electo democráticamente en tres oportunidades”.

Los defraudadores están en Qatar

Demolido el delito de asociación ilícita a lo largo del juicio, la vicepresidenta redondeó refiriéndose a la defraudación contra el Estado.

“¿En serio creen que nuestros gobiernos cometieron un fraude en perjuicio de la administración pública? ¿Mi gobierno, que entregó un país desendeudado? ¿El doctor Néstor Kirchner, que le pagó al Fondo Monetario Internacional? ¿Nosotros estafamos al país, defraudamos al país cuando las condiciones de vida de la gente eran muy superiores a las de hoy? ¿Esto es una defraudación al Estado? Sin embargo, quienes trajeron al Fondo Monetario Internacional y 45 mil millones de dólares que no sabemos dónde están, esos no tienen ningún problema. Están en Qatar mirando el mundial» (en obvia referencia a Mauricio Macri).