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Domingo 31 de Agosto del 2025

PROVINCIALES

Daniel Alvarez: «Se podría administrar mejor el recurso de los riogalleguenses»

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El candidato que pertenece al espacio de Claudio Vidal aseguró que en la capital provincial “se podría administrar mejor el recurso de los Riogalleguenses. Duele y preocupa mucho ver el grado de desigualdad que existe”.

José Daniel Álvarez competirá por el mayor cargo político del municipio de Río Gallegos y dijo que “El modelo de gestión municipal  en ejercicio representa a la administración ineficiente de recursos de los ciudadanos”.

El Partido SER lleva a José Daniel Álvarez como candidato a intendente para las elecciones del 22 de octubre.

“Agradezco la confianza que depositó en mí el gobernador electo Claudio Vidal,  es un desafío apasionante el que estoy asumiendo para mejorar el destino de mi ciudad :  Río Gallegos” (dijo con orgullo el candidato a intendente de la capital).

Álvarez ha demostrado en estos meses su interés por escuchar y entender las necesidades que plantea la comunidad. Su cercanía con distintas organizaciones y referentes sociales ha permitido establecer diálogos directos, en los que se han abordado temas de vital importancia para el futuro.

“Esta ciudad representa la verdadera contradicción de Santa Cruz”, la transferencia de recursos generosos por parte del Gobierno nacional, organización de eventos multimillonarios, concentración de riqueza para algunos, barrios abandonados, un comercio local alicaído y el segundo lugar en desocupación  laboral a nivel nacional.

“Mi compromiso es construir una Río Gallegos donde todos los vecinos tengan la oportunidad de estar mejor”, dijo.

Sostuvo adempas que “Dentro de un contexto económico Nacional complicado, posicionar a Río Gallegos entre las principales Capitales patagónicas, ya que hemos quedado muy por detrás de las más importantes, pese a haber tenido tres periodos presidenciales a favor”.

El flamante candidato que quiere disputarle la conducción de la capital al actual intendente, Pablo Grasso, aseguró que entre los principales ejes de su campaña, se encuentran la transparencia de gestión , el objetivo firme de entregar terrenos fiscales con los servicios básicos instalados, el mantenimiento regular de las calles en todos los barrios en el corto y obras de asfalto en el mediano y largo plazo como así las obras de infraestructura de servicios, la continuidad del plan de castraciones y el cumplimiento de la ordenanza sobre animales sueltos, su retiro de la vía pública pensando en la construcción de un predio donde serán trasladados y cuidados esperando una adopción, siempre respetando la vida por sobre todas las cosas. El aumento de unidades de transporte urbano de pasajeros y Casillas adecuadas a nuestro clima en las paradas de colectivos, la familia, la educación, el trabajo, la cultura, la vivienda, el deporte, la seguridad, los niños y jóvenes son prioridad para este proyecto de gestión ejecutiva .

Álvarez recibió el apoyo de instituciones deportivas locales, en particular de clubes de rugby, boxeo, fútbol entre otros.

“Creo en la importancia del deporte y la cultura en el desarrollo de nuestros jóvenes para mantenerlos alejados de las calles y se compromete a impulsar políticas que promuevan su práctica y desarrollo”, manifestó.

El candidato ha mantenido diálogos con la Cámara de Comercio, buscando generar políticas que impulsen el crecimiento económico de comerciantes y empresas locales que favorezcan la creación de empleo en nuestra ciudad.

Su compromiso con el desarrollo y prosperidad económica es innegable. “Se podrían administrar mejor los recursos, volcar el presupuesto a lo prioritario y trabajar en línea con el Gobierno Provincial a través de sus respectivos Ministerios y entes pensando en obras, políticas públicas, producción y trabajo”, concluyó.


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Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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