La decisión del máximo tribunal provoca alineamientos que modifican el mapa actual. Gobernadores opositores alineados con el rechazo al beneficio otorgado a la Ciudad de Buenos Aires, y funcionarios oficialistas que debaten cómo instrumentar el «incumplimiento» por falta de fondos.

Por: Gimena Fuertes@gimenafuertes

La batalla legal y política que desató la Corte Suprema al beneficiar a Horacio Rodríguez Larreta en el litigio con el gobierno nacional por la Coparticipación no sólo tensó al máximo la relación entre los tres poderes de la República, sino que empezó a rearmar un mapa de jugadores que se ubican de uno y otro lado, más allá del color político. Los mandatarios peronistas de Córdoba y Santa Fe, por ejemplo, no se pronunciaron a favor del gobierno, pero la provincia radical de Jujuy estampó la firma en un comunicado de vicegobernadores en contra del fallo.

La disputa por el 0,6% de fondos coparticipables que lidera Larreta en contra del resto del país lo llevó a Alberto Fernández a poner en práctica una de sus tácticas más comunes a la hora de evitar el enfrentamiento y mostrarse como un hombre de diálogo: decir que no se puede. “Que me digan de dónde van a salir los fondos”, dijo Fernández a C5N y explicó que “no está en el Presupuesto nacional, que fue aprobado” y que solo podría cumplir con la resolución si el Congreso modificara esa ley para reasignar partidas. Otra opción es tomar deuda para pagarle a Larreta, lo que está impedido por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La defensa de los fondos nacionales tuvo dos agrupamientos, uno integrado por los gobernadores peronistas, menos el todavía frentetodista Omar Perotti de Santa Fe y el peronista nunca oficialista Juan Schiaretti de Córdoba. Ambos suelen coordinar estrategias comunicacionales, pero también políticas, con Larreta, a instancias de compartir el mismo asesor y lobista, Guillermo Seita, que también trabaja para Ricardo Lorenzetti. En junio de este año se mostraron todos juntos en un evento de la CNN en Español.
De manera separada también se pronunciaron en contra cuatro gobernadores no oficialistas, de partidos provinciales Gustavo Sáenz, de Salta, Arabela Carreras, de Río Negro, Omar Gutiérrez, de Neuquén y Oscar Herrera Ahuad, de Misiones.

En tanto, de los tres gobernadores radicales, sólo uno, Rodolfo Suárez, de Mendoza, se pronunció a favor del fallo supremo. Es que su jefe político, el senador Alfredo Cornejo, pretende integrar fórmula presidencial con Patricia Bullrich. En tanto, desde Jujuy, tierra del gobernador radical Gerardo Morales que siempre se opuso a Larreta en este tema, su vicegobernador Carlos Haquim firmó un comunicado en contra del fallo, a instancias del Foro Permanente de Vicegobernadores y Vicegobernadoras, presidido por la bonaerense Verónica Magario.

Por lo pronto, dentro de gabinete nacional se pasan la pelota unos a otros a la hora de poner en práctica la no ejecución del fallo. Es que el jueves, desde el Ministerio del Interior conducido por Eduardo “Wado” de Pedro, comunicaron que esa cartera “no toma intervención alguna en el pago del monto establecido en dicha norma para solventar el traspaso de competencias a CABA” y señalaron que “quien lleva la defensa del Estado Nacional es ministerio de Economía y la procuración del Tesoro de la Nación -presidida por Carlos Zannini. Tanto es así, que todas las presentaciones realizadas en la causa debieron hacerse a través de su servicio jurídico”, aclararon. Sin embargo, desde el ministerio que maneja Massa salieron a responder: “Nosotros no intervenimos en el proceso. El proceso es: cobra AFIP de manera automática, gira a una cuenta de distribución del Banco Nación y esa cuenta tiene coeficientes que distribuyen automáticamente, no es que Economía puede o no puede hacer un trámite”.

La disputa por quien acata o no el fallo dentro del Estado no es menor ya que las demandas jurídicas que anunciaron desde la oposición, según ellos mismos anunciaron, caerán sobre los funcionarios y no sobre las instancias institucionales.

Es que apenas se supo de la decisión del presidente Alberto Fernández de declarar de imposible cumplimiento el fallo cautelar, los rumores en el mercado empezaron a fluir en contra del gobierno al argumentar que genera inseguridad jurídica y que los inversionistas van a exigir que los contratos se realicen bajo legislación extrajera.

Tiempo pudo saber que el gobernador Axel Kicillof, una de las cabezas de la resistencia contra el avance de la injerencia de la Corte en la administración nacional, habló con Massa. Desde la gobernación aclararon que no es que el gobierno no acate, sino que el fallo es fácticamente imposible de cumplir porque la ley de Presupuesto 2023 ya está votada y no está contemplado este nuevo movimiento de las partidas.

Por lo pronto, el gobierno tiene por delante la presentación jurídica, en manos de Zannini y la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra. Es que sólo desconocer el fallo generaría la anunciada catarata de denuncias en contra del presidente. Es por eso que por el momento el camino es la revocatoria “in extremis” de la resolución dictada por los cortesanos, es decir, que revisen su propia decisión y den marcha atrás, lo que se augura como imposible ya que los cortesanos tienen la decisión tomada.

Entonces, una vez rechazada esa revocatoria del fallo cautelar, el camino es el juicio político a Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, que, según marca la Constitución, tiene que comenzar en la Cámara de Diputados. Allí conseguir mayorías es complejo para el oficialismo que, de igual modo, puede sumar a legisladores provinciales a la iniciativa. Sin embargo, habrá que ver qué decide la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, quien abreva en las filas de Massa. «