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El presidente del Honorable Tribunal Disciplinario de la Administración Pública, Ítalo Bringas, se refirió a su reciente designación al frente del organismo y repasó las funciones que cumple dentro de la estructura institucional de Santa Cruz.
Durante una entrevista con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, Bringas remarcó que el Tribunal posee rango constitucional y tiene intervención en los procedimientos disciplinarios que involucran a trabajadores de la Administración Pública.
Según explicó, el organismo interviene en casos vinculados con empleados públicos con estabilidad, tanto de la Administración Central como de empresas y entes descentralizados, además de contemplar determinadas situaciones correspondientes a los municipios.
Un organismo establecido en la Constitución provincial
Bringas destacó que Santa Cruz cuenta con una particularidad institucional respecto de otras jurisdicciones.
“Santa Cruz es la única provincia del país que tiene en su Constitución un artículo que establece la creación de un Tribunal que analice los sumarios y las sanciones a los empleados públicos”.
El funcionario recordó que el Tribunal fue creado antes de 1983 y posteriormente su funcionamiento fue reglamentado mediante la Ley Provincial N.º 1615, normativa que establece sus facultades y el procedimiento correspondiente.
En este sentido, señaló que la intervención del organismo forma parte de un proceso administrativo destinado a analizar cada expediente y garantizar el derecho de defensa de los trabajadores involucrados.
Bringas habló del acompañamiento de la actual gestión
Al referirse al funcionamiento del Tribunal durante la gestión del gobernador Claudio Vidal, Bringas sostuvo que existe un acompañamiento por parte del Ejecutivo provincial y que se establecieron lineamientos de trabajo para el organismo.
“Se nos marcó mucho desde la gobernación cuáles eran y son los objetivos, como así también los lineamientos de trabajo”.
El presidente del Tribunal también recordó su experiencia anterior como vocal por la oposición entre 2015 y 2017 y realizó una comparación con aquella etapa, al señalar que, según su consideración, el organismo no contaba entonces con el mismo nivel de acompañamiento institucional.
En la actualidad, indicó, el Tribunal dispone de un cuerpo de asesores letrados, lo que permite avanzar con los expedientes que ingresan y dar continuidad a los procedimientos.
Qué sucede cuando ingresa un expediente
Bringas aclaró que el inicio de un expediente ante el Tribunal no significa automáticamente la desvinculación del trabajador.
El procedimiento contempla distintas etapas y está establecido por la Ley N.º 1615. Una vez que una persona es notificada, cuenta con cinco días para presentar su descargo. En caso de no hacerlo dentro de ese período, se contempla una ampliación del plazo.
“Se garantiza que el trabajador tenga, primero que nada, la debida defensa y, segundo, que además se entienda que en todo estamento tiene que haber una disciplina”.
De esta manera, el organismo analiza cada situación dentro del procedimiento administrativo correspondiente antes de determinar las medidas que pudieran corresponder.
Los objetivos para la nueva etapa
Respecto de los desafíos que plantea su llegada a la presidencia, Bringas valoró el trabajo realizado por su antecesor, Juan Segundo Gallardo, y señaló que durante esa gestión se avanzó en el tratamiento de expedientes, capacitaciones y acciones articuladas.
“Juan Segundo Gallardo dejó muy en alto al Tribunal, ha hecho muchas cosas donde se pudo visibilizar y mostrar el trabajo del órgano”.
En esa línea, manifestó que la intención es dar continuidad a esos lineamientos, manteniendo el abordaje de los expedientes y atendiendo las distintas situaciones que involucren a trabajadores de la administración.
Entre los casos que llegan con mayor frecuencia al organismo, mencionó situaciones relacionadas con abandono de servicios y faltas reiteradas que no cuentan con justificación.
El control biométrico y el cumplimiento de horarios
Bringas también fue consultado por la implementación de relojes biométricos para registrar los ingresos y egresos del personal de la Administración Pública.
Sobre esta herramienta, consideró que no debería ser interpretada únicamente como un mecanismo de control, sino como una forma de establecer con claridad las obligaciones laborales.
“No creo que se trate de un control, sino que es marcar las reglas claras que todos los agentes de la administración pública tenemos”.
En ese sentido, agregó que los trabajadores cuentan con horarios establecidos para desarrollar sus tareas y que corresponde cumplir con las normas fijadas para la función pública.
Dónde funciona el Tribunal Disciplinario
El Honorable Tribunal Disciplinario de la Administración Pública tiene su sede en San Martín N.º 2034, de la ciudad de Río Gallegos.
Desde allí se continúa con el tratamiento de los procedimientos administrativos correspondientes a las situaciones que ingresan al organismo, bajo el marco establecido por la normativa provincial.
