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El Gobierno de Santa Cruz avanza en la elaboración de un protocolo específico para facilitar el acceso a la documentación de identidad de personas que atraviesan situaciones vinculadas con la trata y explotación de personas.
La iniciativa es desarrollada de manera conjunta por áreas del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración y del Ministerio de Gobierno, a través de los organismos vinculados con la protección de derechos humanos y los asuntos registrales.
El objetivo central es establecer pautas claras de actuación y mecanismos de articulación que permitan responder de manera más rápida ante situaciones en las que la falta de documentación pueda convertirse en una dificultad adicional para quienes se encuentran en contextos de vulnerabilidad.
Trabajo entre distintas áreas
En el marco de esta iniciativa, se desarrolló una reunión de trabajo entre Rubén Fernández, subsecretario de Políticas para Promoción y Protección de Derechos Humanos, y Carla Bahamonde, subsecretaria de Asuntos Registrales.
También participaron Yaritza Moll, directora Provincial de Trata y Explotación de Personas, y Pablo Paris, director Provincial de Políticas para la Diversidad Sexual.
Durante el encuentro se abordaron los aspectos necesarios para avanzar en la elaboración del protocolo y definir cómo deberían intervenir los distintos organismos ante casos que requieran resolver cuestiones vinculadas con la identidad y la documentación.
De acuerdo con información oficial, Santa Cruz todavía no contaba con un protocolo específico para abordar el acceso a la documentación en situaciones de trata y explotación, por lo que el trabajo apunta a desarrollar un primer mecanismo formal de actuación.
El acceso a la documentación como parte de la restitución de derechos
La documentación personal constituye una herramienta necesaria para realizar distintos trámites y acceder a servicios y prestaciones estatales. En este sentido, desde el Gobierno provincial se plantea que garantizar el derecho a la identidad también forma parte del acompañamiento integral de las personas que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.
El protocolo en elaboración buscará establecer procedimientos ágiles para facilitar la obtención del DNI, evitando que las dificultades administrativas prolonguen situaciones de vulnerabilidad.
La propuesta además contempla la articulación con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). En septiembre, Bahamonde había señalado que el objetivo era avanzar hacia un mecanismo que permita que estos trámites sean rápidos y gratuitos para personas en situación de trata o explotación.
Prevención y concientización
El trabajo no se limita a la cuestión documental. Las áreas provinciales también prevén avanzar en acciones de prevención y concientización sobre la trata y explotación de personas, con especial atención a sectores considerados vulnerables.
Entre las líneas planteadas se encuentra la posibilidad de desarrollar actividades en espacios educativos, dirigidas especialmente a niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de brindar información que permita reconocer situaciones de riesgo y conocer los canales disponibles para solicitar asistencia.
La provincia ya cuenta con una línea de atención vinculada a estos casos: ante una posible situación de trata, se puede realizar una denuncia o solicitar orientación a través de la Línea Nacional 145, disponible de manera gratuita y durante las 24 horas. También se encuentra habilitada la guardia de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Santa Cruz.
Un proceso de articulación interinstitucional
La elaboración del protocolo se incorpora a una serie de acciones que Santa Cruz viene desarrollando en materia de prevención, asistencia y restitución de derechos de personas víctimas de trata y explotación.
En junio de 2026, la provincia formalizó además su adhesión al Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas, iniciativa destinada a fortalecer la asistencia, el acompañamiento y la inserción social y laboral de quienes fueron víctimas de este delito.
En este contexto, el nuevo protocolo busca establecer una herramienta concreta para ordenar la intervención de los organismos provinciales y garantizar que el acceso a la documentación no constituya una barrera para el ejercicio de otros derechos.
La iniciativa continuará con nuevas instancias de trabajo entre las áreas involucradas, mientras se avanza en la definición de los procedimientos que formarán parte del documento.
