Patagonia Nexo
El Gobierno Nacional informó que durante 2026 ya se percibieron $5.381.374.680 en compensaciones derivadas de sanciones por infracciones vinculadas con la pesca ilegal en aguas argentinas.
Las medidas fueron aplicadas en el marco de los controles que lleva adelante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía, sobre embarcaciones extranjeras que desarrollan actividades no autorizadas dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).
Entre los buques sancionados se encuentran los Hai Xiang 2, Bao Feng y Bao Win, de bandera de Vanuatu, y el Coimbra, de Portugal.
Nuevos criterios para detectar operaciones irregulares
Las sanciones se encuentran vinculadas con la aplicación de la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, que establece nuevos criterios para determinar cuándo una embarcación extranjera podría encontrarse realizando tareas de pesca dentro de la ZEEA.
La normativa contempla como indicador de actividad pesquera que un buque navegue a menos de 6 nudos y realice determinadas maniobras, trayectorias o cambios de rumbo compatibles con operaciones de pesca.
Para los buques poteros dedicados a la captura de calamar, el criterio específico contempla desplazamientos de 2 nudos o menos durante un período mínimo de 30 minutos continuos, salvo que exista una causa debidamente justificada.
El rol de Prefectura
La Prefectura Naval Argentina, mediante el Sistema Guardacostas, tiene a su cargo las tareas de detección y constatación de posibles infracciones.
Cuando se identifican maniobras que podrían constituir una actividad pesquera no autorizada, los antecedentes son remitidos para su evaluación técnica por parte de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera.
En función de esa evaluación, se pueden iniciar los procedimientos establecidos por la Ley Federal de Pesca N.º 24.922.
La responsabilidad de los buques
El régimen establece que el capitán, armador o propietario de la embarcación extranjera deberá aportar elementos que permitan justificar las maniobras observadas cuando pretenda desvirtuar la presunción de actividad pesquera.
Entre la documentación que puede ser presentada se encuentran bitácoras, registros de máquina, partes de avería y reportes meteorológicos, entre otros elementos que permitan explicar la velocidad o trayectoria registrada.
Desde el Gobierno Nacional señalaron que el esquema apunta a reforzar la fiscalización de los recursos marinos, hacer cumplir la normativa vigente y proteger la actividad pesquera nacional dentro de la jurisdicción argentina.
Con las sanciones aplicadas durante este año, el Estado informó un recupero superior a los $5.381 millones, en el marco de los procedimientos iniciados contra embarcaciones extranjeras por presuntas operaciones de pesca no autorizada.
