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Representantes de distintas áreas del Gobierno de Santa Cruz iniciaron una mesa de trabajo destinada a elaborar un protocolo específico para garantizar el derecho a la identidad en situaciones de trata y explotación de personas.
La reunión estuvo encabezada por la subsecretaria de Gobierno y Asuntos Registrales, Carla Bahamonde, junto al subsecretario de Políticas para Promoción y Protección de Derechos Humanos, Rubén Fernández, y la directora de Trata y Explotación de Personas, Yarixa Moll.
El encuentro permitió establecer las primeras pautas para avanzar en la elaboración de un documento que determine cómo deberán intervenir y coordinarse las distintas áreas estatales frente a este tipo de situaciones.
El acceso al DNI como prioridad
Uno de los principales objetivos planteados es reducir los tiempos administrativos y facilitar el acceso a la documentación, especialmente cuando se trata de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Según se informó, Santa Cruz no cuenta actualmente con un protocolo específico para abordar el acceso a la documentación en casos relacionados con trata y explotación. Por este motivo, los organismos involucrados comenzarán a trabajar sobre un primer borrador.
La iniciativa busca establecer procedimientos claros para evitar que las gestiones vinculadas con la identidad se conviertan en un obstáculo para el acceso a otros derechos y servicios.
Articulación entre organismos
El documento será elaborado de manera conjunta a partir de las experiencias y necesidades identificadas por las áreas que intervienen en este tipo de situaciones.
El objetivo es contar con criterios comunes de actuación y mecanismos de coordinación, de manera que las respuestas del Estado puedan desarrollarse de forma más rápida y ordenada.
También preparan acciones de prevención
Además del protocolo, durante la reunión se acordó avanzar en una campaña de prevención y concientización sobre trata y explotación de personas.
La propuesta apunta a brindar información sobre situaciones de riesgo, derechos y canales de asistencia, con el objetivo de facilitar la identificación de posibles casos de vulnerabilidad.
De esta manera, el trabajo conjunto entre Asuntos Registrales, Derechos Humanos y el área de Trata y Explotación de Personas contempla tanto la elaboración de una herramienta para la intervención estatal como el desarrollo de acciones preventivas destinadas a la comunidad.
