Patagonia NexoDurante casi ocho años, entre 2015 y 2023, el apellido Grasso estuvo directamente vinculado con la conducción del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) de Santa Cruz.
Primero con Pablo Grasso y posteriormente con María de los Ángeles Grasso, el organismo atravesó los últimos años de un ciclo político en el que la construcción de viviendas mediante el Estado había ocupado históricamente un lugar central.
Sin embargo, hacia el cierre de aquel período habrían quedado numerosos interrogantes alrededor de la ejecución de algunos planes habitacionales, con obras demoradas, contratos rescindidos y proyectos que no habrían alcanzado su finalización.
Uno de los principales cuestionamientos surgió a partir de una denuncia penal presentada en 2023 por el concejal Pedro Muñoz sobre la gestión de Pablo Grasso.
De acuerdo con el relevamiento incorporado a aquella presentación, entre diciembre de 2016 y diciembre de 2019 se habrían licitado 988 viviendas, mientras que solamente 224 habrían sido entregadas.
De ser correctas esas cifras, las unidades entregadas representarían aproximadamente el 22,7% del total licitado durante el período analizado, es decir, menos de una de cada cuatro.
Los números forman parte de una presentación judicial y no implican por sí mismos que se hayan determinado responsabilidades penales o administrativas.
La denuncia también habría colocado bajo análisis la participación reiterada de determinadas empresas constructoras, anticipos financieros, presuntos incumplimientos contractuales y obras que no habrían llegado a completarse.
Dentro de aquella presentación incluso se habría planteado como hipótesis una eventual cartelización de la obra pública, cuestión que requeriría ser acreditada o descartada judicialmente.
Por lo tanto, estos señalamientos deben entenderse como parte de los argumentos de una denuncia y no como hechos judicialmente comprobados.
Más allá de las responsabilidades que eventualmente pudieran establecerse, los datos abrirían un interrogante respecto de qué ocurrió con aquellas viviendas licitadas que, según la presentación, no habrían llegado a ser entregadas durante el período relevado.
Tras la salida de Pablo Grasso, la conducción del organismo quedó posteriormente en manos de María de los Ángeles Grasso, quien permaneció al frente del IDUV hasta diciembre de 2023.
Durante esos años continuaron desarrollándose distintos programas habitacionales, aunque algunos proyectos habrían enfrentado dificultades para alcanzar su finalización.
Uno de esos casos quedó registrado pocos días antes del cambio de gobierno provincial.
El 6 de diciembre de 2023, cuatro días antes de finalizar aquella administración, el organismo ratificó mediante la Resolución 2127/2023 la rescisión del contrato correspondiente a la construcción de 32 viviendas y espacios comunes del programa Casa Propia–Casa Activa en Puerto Deseado.
La existencia de una rescisión contractual no determinaría por sí misma una responsabilidad de las autoridades, ya que podrían intervenir incumplimientos empresariales, dificultades financieras u otras circunstancias que deberían analizarse a partir del expediente correspondiente.
Luego del cambio de gobierno, las nuevas autoridades del IDUV también realizaron cuestionamientos sobre el estado en que habrían encontrado determinados proyectos habitacionales.
Según esas denuncias, existirían casos de viviendas que habrían sido adjudicadas sin estar completamente terminadas, incluyendo unidades que presentarían trabajos pendientes y problemas relacionados con sus techos.
De acuerdo con esos planteos, algunas familias habrían tenido que recurrir posteriormente al organismo para solicitar que se completaran las tareas faltantes.
Estas afirmaciones corresponden a las nuevas autoridades y deberían ser contrastadas con los expedientes y antecedentes administrativos de cada obra.
Durante décadas, la construcción de viviendas mediante programas estatales constituyó una de las principales banderas de las administraciones kirchneristas en Santa Cruz.
Sin embargo, hacia el final de 2023, el panorama habitacional habría mostrado una realidad diferente, con proyectos pendientes, contratos rescindidos y una demanda de viviendas que continuaba creciendo en diferentes localidades.
Las cifras incorporadas a la denuncia de 2023 no demostrarían por sí solas la comisión de delitos, pero sí abrirían interrogantes sobre la ejecución de la política habitacional durante aquellos años.
Si efectivamente 988 viviendas fueron licitadas y solamente 224 habían sido entregadas durante el período señalado, quedaría por determinar qué ocurrió con el resto de los proyectos, cuál fue su grado de avance, cuánto dinero se ejecutó y cuáles fueron las razones por las que numerosas unidades no habrían llegado a entregarse.
Después de casi ocho años con el apellido Grasso vinculado a la conducción del IDUV, esos interrogantes formarían parte del balance político de una etapa en la que la vivienda pública pasó de constituir una de las principales banderas del modelo provincial a convertirse también en objeto de fuertes cuestionamientos.
La respuesta definitiva sobre eventuales irregularidades o responsabilidades corresponderá a la Justicia y al análisis de la documentación administrativa. Mientras tanto, detrás de las cifras permanece una problemática concreta: la demanda de numerosas familias santacruceñas que continúan esperando acceder a una vivienda propia.
