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La Justicia de Santa Cruz resolvió durante 2026 una serie de causas laborales relacionadas con despidos de trabajadores mineros que habían obtenido resultados positivos en controles de sustancias prohibidas.
De acuerdo con los fallos mencionados en la información analizada, más de ocho desvinculaciones fueron confirmadas con causa por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.
La mayoría de los expedientes tuvo su origen en el Juzgado Civil de Puerto Deseado y posteriormente fue revisada por la Cámara.
Controles y protocolos, entre los elementos considerados
Los casos presentan características similares. Los trabajadores habían sido sometidos a controles establecidos por las empresas, con participación de personal especializado y posteriores estudios bioquímicos.
En las resoluciones, la Justicia consideró la validez técnica de los análisis y el cumplimiento de los procedimientos previstos.
Otro elemento que apareció en los expedientes fue la existencia de políticas empresariales de "tolerancia cero" frente al consumo de determinadas sustancias, que habían sido aceptadas por los trabajadores al incorporarse a las compañías.
El factor de riesgo tuvo un papel central
Uno de los aspectos analizados en las causas fue el tipo de actividad desarrollada por cada trabajador.
Entre los casos aparecen empleados vinculados con operaciones subterráneas, manipulación de explosivos y transporte de personal, tareas en las que una eventual disminución de las capacidades puede representar un riesgo tanto para quien ocupa el puesto como para terceros.
Este factor fue considerado especialmente relevante al momento de evaluar la procedencia de las desvinculaciones.
Un antecedente previo en Santa Cruz
La problemática ya había llegado a los tribunales santacruceños antes de los casos registrados durante este año.
En 2024, una causa relacionada con un trabajador de Calfrac Well Services Argentina fue analizada por la misma Cámara de Apelaciones. El expediente correspondía a un chofer de cargas peligrosas que había obtenido un resultado positivo para cocaína en un control.
En aquella oportunidad, el tribunal modificó la decisión de primera instancia y consideró justificado el despido, teniendo en cuenta las características y los riesgos asociados a la función desempeñada.
Un resultado positivo no determina por sí solo la validez del despido
La situación también presenta una consideración jurídica relevante. El material sobre prevención de consumos problemáticos citado en los antecedentes señala que el consumo de sustancias, considerado de manera aislada, no necesariamente constituye una causa automática de despido.
Por este motivo, los casos analizados en Santa Cruz deben observarse a partir de sus circunstancias particulares.
Entre los elementos que aparecen en las resoluciones se encuentran la existencia de protocolos previos, la validez de los controles, las características de las tareas desarrolladas y los compromisos asumidos por los trabajadores.
También existen antecedentes judiciales similares en otras provincias. En Neuquén, por ejemplo, durante 2024 se confirmó la legitimidad del despido de un chofer que había obtenido un resultado positivo en un control de drogas.
Un precedente que será seguido por el sector minero
La cantidad de resoluciones registradas durante 2026 comienza a darle mayor relevancia al tema dentro de la actividad minera santacruceña.
Los fallos pueden convertirse en un antecedente para futuras controversias laborales, aunque cada caso deberá ser analizado de acuerdo con sus propias circunstancias y con la prueba incorporada al expediente.
El escenario genera interés tanto para empresas mineras, trabajadores y organizaciones sindicales, especialmente en actividades donde las condiciones de seguridad requieren protocolos específicos y controles sobre el personal que ocupa puestos considerados críticos.
