Patagonia NexoEl Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) fijó posición frente a la situación presupuestaria que atraviesa el sistema universitario nacional y reclamó al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento de la Ley Nacional 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y NODOCENTE.
La declaración fue aprobada durante el cierre de la tercera sesión ordinaria del Consejo Superior, desarrollada en la localidad de Puerto San Julián, y surgió a partir de un pedido presentado por las representaciones sindicales de ADIUNPA y ATUNPA.
A partir de esa solicitud, los integrantes del máximo órgano de gobierno universitario analizaron la situación y resolvieron expresar institucionalmente su preocupación por el incumplimiento de la normativa.
Entre los principales puntos, el Consejo Superior manifestó su “profunda preocupación y su enérgico rechazo” ante el incumplimiento de la Ley Nacional 27.795.
Asimismo, exigió al Poder Ejecutivo Nacional su cumplimiento inmediato, integral y efectivo, junto con las decisiones judiciales que se encuentren vigentes.
El planteo de la UNPA comprende la actualización del presupuesto universitario y la recomposición de los salarios de docentes y trabajadores NODOCENTES, además de garantizar la plena vigencia de los convenios colectivos de trabajo.
También reclama la actualización de las becas estudiantiles y la disponibilidad de los recursos necesarios para sostener las distintas funciones que desarrollan las universidades, entre ellas la enseñanza, la investigación y la extensión.
En otro de los puntos centrales del documento, el Consejo Superior reafirmó que el financiamiento de las universidades constituye una responsabilidad principal e indelegable del Estado Nacional.
En ese sentido, ratificó su defensa del carácter público, gratuito, autónomo, autárquico, cogobernado, inclusivo, democrático, latinoamericanista y federal del sistema universitario argentino.
La declaración adquiere especial relevancia en un escenario atravesado por los reclamos de distintos sectores de la comunidad universitaria respecto de los recursos destinados al funcionamiento de las casas de altos estudios y la evolución de los salarios.
El pronunciamiento también incorpora una posición respecto de los estudiantes extranjeros.
El Consejo Superior rechazó expresamente cualquier posibilidad de arancelar los estudios universitarios de grado por razones de nacionalidad o condición migratoria, al tiempo que cuestionó los planteos que responsabilizan a estudiantes extranjeros por la situación presupuestaria de las universidades.
Frente a ese escenario, la UNPA reafirmó su compromiso con una Universidad inclusiva y latinoamericanista.
La resolución también contiene un fuerte pronunciamiento político e institucional respecto de expresiones atribuidas al presidente de la Nación.
El Consejo Superior resolvió repudiar las expresiones que caracterizan como “terroristas” a estudiantes, periodistas, docentes e integrantes del sistema científico, al considerar que constituyen una forma de “estigmatización y amedrentamiento incompatible con la convivencia democrática”.
En paralelo, la Universidad expresó su respaldo al ejercicio de los derechos de quienes estudian, trabajan, enseñan, investigan, desarrollan tareas de extensión, informan y participan de organizaciones vinculadas con la defensa de la Universidad Pública.
Finalmente, el Consejo Superior convocó tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la sociedad a acompañar la defensa del presupuesto destinado a las universidades nacionales.
El pronunciamiento plantea además la necesidad de preservar la producción soberana de conocimiento, las condiciones dignas de estudio y trabajo y los consensos históricos construidos alrededor de la Universidad Pública argentina.
De esta manera, la UNPA sumó una posición institucional al debate nacional por el financiamiento del sistema universitario, colocando en el centro del reclamo no solamente los recursos para su funcionamiento, sino también los salarios, las becas estudiantiles y las condiciones necesarias para sostener la educación superior pública.
