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Pablo Pérez explicó el alcance del Decreto 608 y aclaró el procedimiento aplicado por la Caja de Previsión Social
El presidente de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, Pablo Pérez, se refirió a la implementación del Decreto 608 y respondió a los cuestionamientos surgidos tras la aprobación de las primeras jubilaciones alcanzadas por la normativa.
Durante sus declaraciones, el funcionario sostuvo que el organismo previsional no inició expedientes de manera automática ni obligó a ningún afiliado a acceder al beneficio jubilatorio, y remarcó que todos los trámites fueron impulsados por los propios solicitantes.
"La Caja no inició de oficio estos trámites ni obligó a nadie a jubilarse", afirmó Pérez.
Cómo funciona el procedimiento establecido por el Decreto 608
Según explicó el titular del organismo, el proceso comienza cuando un afiliado presenta la documentación correspondiente y solicita formalmente el inicio del trámite jubilatorio.
A partir de ese momento, la Caja analiza los antecedentes laborales, verifica los años de servicio, controla los aportes realizados y determina si el solicitante reúne las condiciones exigidas por la legislación vigente.
Pérez indicó que el decreto busca ordenar situaciones que, durante años, quedaron sin una resolución definitiva debido a que muchos trabajadores iniciaban el trámite, pero continuaban desempeñando sus funciones.
"La concesión del beneficio y el inicio efectivo del pago son dos instancias diferentes", explicó.
En este sentido, señaló que la jubilación comienza a percibirse una vez que se produce el cese laboral, mientras que el decreto establece mecanismos administrativos para formalizar ese proceso.
Además, la normativa contempla la posibilidad de que los organismos empleadores soliciten una prórroga de hasta 180 días en casos excepcionales vinculados con necesidades operativas o de servicio.
Más de 300 expedientes se encuentran en condiciones de avanzar
El presidente de la Caja confirmó que actualmente existen más de 300 trámites que cumplen con los requisitos legales, aunque todavía no se concretó el cese laboral de los trabajadores involucrados.
Las primeras 27 jubilaciones aprobadas durante una reunión extraordinaria del Directorio generaron un amplio debate, especialmente por la inclusión de tres integrantes del Tribunal Superior de Justicia.
Sin embargo, Pérez aseguró que los expedientes no fueron seleccionados de manera discrecional y explicó que el orden de tratamiento responde al desarrollo administrativo de cada caso.
"No podemos tener una interpretación diferente de la ley dependiendo de quién sea la persona que solicita el beneficio", sostuvo.
El funcionario también detalló que algunos de los expedientes analizados habían sido iniciados hace varios años y permanecían pendientes desde 2018, 2019, 2021 y 2022.
La discusión sobre los magistrados y la estabilidad en los cargos
Uno de los principales puntos del debate estuvo relacionado con la situación de integrantes del máximo tribunal provincial y los cuestionamientos sobre la estabilidad de los jueces.
Frente a esa discusión, Pérez diferenció el acceso al beneficio previsional de cualquier decisión vinculada con la permanencia en un cargo judicial.
"Una cosa es remover a un magistrado contra su voluntad y otra muy distinta es determinar el derecho a una jubilación solicitada voluntariamente por el propio afiliado", señaló.
Asimismo, aclaró que la Caja de Previsión no tiene competencia para definir la continuidad de los jueces en sus funciones, sino únicamente para evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a una prestación previsional.
Cómo continuará el análisis de los expedientes
Respecto de los próximos pasos, el funcionario explicó que el organismo realizará un relevamiento técnico para determinar la situación de todos los expedientes pendientes.
Según indicó, la cifra actual podría incrementarse debido a que todavía resta incorporar información correspondiente a trabajadores de distintas localidades del interior provincial.
"Tenemos que reunirnos con el equipo técnico para realizar un relevamiento integral y definir cómo continuará el tratamiento de cada expediente", manifestó.
La aplicación del Decreto 608 también reabrió el debate sobre el financiamiento del sistema previsional santacruceño y la necesidad de garantizar el ingreso efectivo de los aportes al organismo.
Mientras tanto, la Caja de Previsión Social continuará evaluando la situación de los expedientes en trámite para definir la continuidad del proceso.
