Patagonia NexoLa política tiene memoria, aunque muchas veces algunos sectores intenten ignorarla.
El debate que atraviesa hoy a Santa Cruz en torno a las herramientas de financiamiento impulsadas por el Gobierno Provincial vuelve a poner en evidencia una contradicción difícil de explicar. Quienes durante años defendieron emergencias económicas, ajustes fiscales y reformas estructurales bajo el argumento de preservar las finanzas públicas, hoy se presentan como férreos opositores a cualquier mecanismo de financiamiento destinado a ejecutar obras e inversiones.
La historia reciente de la provincia ofrece numerosos ejemplos.
En 1992, durante el primer mandato de Néstor Kirchner, el Gobierno Provincial declaró la emergencia económica mediante el Decreto N.º 309. La medida implicó una reducción del 15% en salarios y jubilaciones, condicionó el pago de haberes a la disponibilidad de recursos y suspendió obligaciones con proveedores. La justificación fue la delicada situación financiera que atravesaba la provincia.
Una herramienta!!!
Si de herramientas financieras se trata, Santa Cruz tiene antecedentes imposibles de ignorar. Los fondos obtenidos por el reclamo de regalías petroleras durante la gestión de Néstor Kirchner fueron depositados e invertidos en el exterior bajo el argumento de proteger los recursos de la provincia y obtener mejores rendimientos. Aquella decisión fue presentada como una muestra de responsabilidad financiera y visión estratégica. Sin embargo, quienes reivindican esa etapa de la historia provincial hoy suelen rechazar cualquier debate sobre financiamiento, crédito o instrumentos económicos destinados al desarrollo. La pregunta es inevitable: si ayer se defendía la utilización de mecanismos financieros internacionales para administrar cientos de millones de dólares, ¿por qué hoy se cuestiona el acceso a herramientas similares cuando el objetivo es financiar obras e infraestructura para Santa Cruz?
Aquel fue el punto de partida de una metodología que volvería a repetirse con el paso de los años.
En diciembre de 2010, bajo la gestión de Daniel Peralta, la Legislatura aprobó una profunda reforma previsional. Se incrementaron aportes, se creó un aporte solidario que alcanzó incluso a jubilados y se modificó el cálculo de los haberes previsionales. Todo bajo el argumento de garantizar la sustentabilidad del sistema.
Un año después, la situación fiscal volvió a encender las alarmas y el Ejecutivo provincial impulsó un nuevo paquete de medidas de ajuste que incluía la armonización de la edad jubilatoria con el régimen nacional, la emisión de bonos para cancelar deudas con proveedores y la suspensión de paritarias. La iniciativa contó con respaldo de sectores políticos que hoy cuestionan cualquier medida extraordinaria vinculada a la administración financiera del Estado.
La secuencia continuó en 2015 cuando Alicia Kirchner, al asumir la Gobernación, declaró nuevamente la emergencia económica provincial argumentando un déficit que comprometía seriamente el funcionamiento del Estado santacruceño.
Es decir, durante más de treinta años, cada vez que las cuentas públicas ingresaron en zona de crisis, los gobiernos kirchneristas apelaron a herramientas excepcionales para afrontar la situación. Emergencias económicas, reformas previsionales, aumentos de aportes, congelamientos y restricciones fueron parte de las decisiones adoptadas en distintos momentos de la historia reciente.
Por eso resulta llamativo el discurso actual.
Mientras provincias de distintos signos políticos buscan financiamiento para desarrollar infraestructura, ejecutar obras y sostener inversiones estratégicas, en Santa Cruz algunos sectores rechazan de manera categórica mecanismos que forman parte del funcionamiento habitual de cualquier administración moderna.
La contradicción se vuelve aún más evidente cuando se observa que muchas de las voces que hoy cuestionan estas herramientas participaron directa o indirectamente de aquellas decisiones. Algunos ocuparon cargos de gestión. Otros votaron leyes, acompañaron decretos o defendieron públicamente medidas mucho más severas que las que actualmente se encuentran en discusión.
Nadie está obligado a sostener las mismas posiciones para siempre. La política admite revisiones, cambios de opinión y nuevas miradas sobre la realidad.
Lo que resulta más difícil de justificar es la falta de coherencia cuando se pretende presentar como inadmisible una herramienta que fue utilizada reiteradamente por los propios espacios políticos que hoy la cuestionan.
La discusión de fondo debería centrarse en aspectos concretos: cuáles serán las obras, cómo se administrarán los recursos, qué mecanismos de control existirán y cuál será el impacto para el desarrollo provincial.
Sin embargo, gran parte del debate parece estar dominado por una lógica diferente: no importa tanto la herramienta sino quién la impulsa.
Y allí aparece la verdadera contradicción.
Porque cuando las emergencias económicas, los ajustes y las reformas fueron promovidas por gobiernos kirchneristas, se las presentó como decisiones responsables frente a contextos complejos. Pero cuando se debate una herramienta de financiamiento para impulsar infraestructura y desarrollo, muchos de esos mismos sectores la consideran inaceptable.
La historia demuestra que las crisis se enfrentaron con medidas extraordinarias. La pregunta es si Santa Cruz está dispuesta a discutir seriamente las herramientas para crecer o si seguirá atrapada en una disputa política donde la memoria parece aplicarse de manera selectiva.
