Patagonia NexoLa discusión sobre el modelo de desarrollo minero en Santa Cruz volvió a ocupar el centro de la escena política luego de que la ministra de la Producción, Nadia Ricci, respondiera a las recientes declaraciones del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien había planteado cuestionamientos al régimen que regula la actividad extractiva en la provincia.
Ricci sostuvo que las reglas que actualmente rigen la minería no son nuevas y recordó que fueron promovidas y mantenidas por los distintos gobiernos kirchneristas que condujeron tanto la provincia como el país durante las últimas décadas.
En ese sentido, remarcó que la Ley de Inversiones Mineras y el esquema de beneficios vigente fueron acompañados por Néstor Kirchner durante su gestión como gobernador de Santa Cruz y posteriormente como presidente de la Nación, además de continuar durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, etapa en la que se consolidaron varios de los principales emprendimientos mineros que operan actualmente en territorio santacruceño.
La funcionaria cuestionó que los planteos actuales surjan después de más de treinta años de vigencia del mismo marco normativo y aseguró que, de haberse considerado perjudicial para los intereses de la provincia, existieron múltiples oportunidades para impulsar modificaciones de fondo.
“Si el kirchnerismo entendía que este régimen afectaba a Santa Cruz, tuvo décadas para promover cambios estructurales y nunca avanzó en ese sentido”, señaló.
Asimismo, Ricci advirtió sobre las posibles consecuencias que podrían generar modificaciones en materia tributaria o de regalías sin un análisis integral del marco legal y económico que regula las inversiones mineras.
Según explicó, Santa Cruz compite con otras provincias y países por la llegada de capitales destinados al desarrollo de nuevos proyectos, por lo que consideró que alterar las condiciones de estabilidad jurídica y fiscal podría afectar la competitividad del sector y desalentar futuras inversiones.
La ministra también vinculó las críticas de Grasso con una estrategia política coyuntural y sostuvo que la discusión debe abordarse con una mirada de largo plazo, teniendo en cuenta el impacto que la actividad minera tiene sobre el empleo, la producción y las economías regionales.
Finalmente, Ricci afirmó que el desafío actual pasa por fortalecer la llegada de inversiones, sostener los puestos de trabajo existentes y generar nuevas oportunidades de crecimiento para la provincia. En ese marco, llamó a debatir el futuro de la actividad minera con responsabilidad institucional y memoria política, al considerar que quienes hoy cuestionan el esquema vigente formaron parte de los espacios que lo impulsaron y respaldaron durante años.
