Patagonia NexoEl Gobierno de Santa Cruz confirmó un cambio dentro del sistema educativo provincial: dejará de afrontar con fondos estatales el pago de salarios correspondientes a docentes que se encuentren bajo licencias gremiales.
La definición fue ratificada por la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, quien aseguró que las licencias sindicales continuarán vigentes y serán otorgadas “en el marco de la ley”, aunque aclaró que la normativa nacional no obliga a la provincia a sostener económicamente esos cargos.
Según explicó la titular del CPE, la decisión forma parte de un proceso de “ordenamiento y normalización administrativa” que impulsa el organismo educativo provincial. Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a reorganizar recursos y priorizar el funcionamiento del sistema frente a la caída sostenida de matrícula que atraviesa Santa Cruz en los últimos años.
“Nosotros no negamos las licencias. En el marco de la ley, las licencias se otorgan”, expresó Rasgido durante una entrevista radial.
En paralelo, la funcionaria remarcó que la provincia mantiene el compromiso de sostener resguardos laborales docentes hasta febrero de 2027, pese al descenso de más de 8.100 alumnos registrado en los últimos cuatro años. Ese fenómeno impacta directamente sobre la estructura educativa, reduciendo demanda de cargos y horas cátedra.
Desde el oficialismo sostienen que, aun en ese contexto, Santa Cruz continúa garantizando estabilidad laboral docente mientras se desarrollan medidas de reorganización administrativa dentro del sistema educativo.
Otro de los puntos abordados por Rasgido estuvo vinculado a los fondos sindicales. Según detalló, la provincia transfiere actualmente cerca de 200 millones de pesos mensuales a ADOSAC en concepto de aportes sindicales, cifra que representa alrededor de 2.400 millones de pesos anuales.
La titular del CPE indicó además que la actual gestión mantiene los envíos de esos aportes “en tiempo y forma”, remarcando la necesidad de cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa vigente.
La medida comenzará a formar parte del esquema de funcionamiento administrativo del sistema educativo provincial, mientras continúan las discusiones vinculadas al financiamiento, la estructura docente y la situación educativa en Santa Cruz.
