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El debate por la Ley de Financiamiento impulsada por el Gobierno de Santa Cruz generó una nueva confrontación política en la provincia, luego de que sectores opositores rechazaran la posibilidad de avanzar con operaciones de crédito público por hasta 600 millones de dólares.
Desde el oficialismo, sin embargo, señalaron que las críticas actuales contrastan con decisiones adoptadas en gestiones anteriores, donde se aprobaron esquemas de endeudamiento similares, incluso en moneda extranjera y con garantías sobre recursos provinciales.
De acuerdo a datos oficiales, entre 2003 y 2023 Santa Cruz acumuló una deuda superior a los USD 2.100 millones, distribuida en distintas administraciones. Durante ese período, gran parte de los recursos obtenidos estuvieron destinados a cubrir déficit fiscal, refinanciaciones y gastos corrientes, vinculados principalmente al funcionamiento del Estado.
En ese sentido, el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, planteó que “existe una diferencia sustancial” entre los modelos de endeudamiento, al remarcar que la actual iniciativa apunta a financiar obras de infraestructura, desarrollo productivo y ordenar pasivos, en lugar de sostener desequilibrios estructurales.
Otro de los puntos que alimenta la controversia es el cuestionamiento opositor a la posibilidad de contraer deuda en dólares o bajo jurisdicción extranjera. No obstante, se recordó que normativas vigentes desde 2016 ya habilitan ese tipo de mecanismos, incluyendo la emisión en moneda extranjera y la utilización de regalías o coparticipación como respaldo financiero.
El proyecto enviado a la Legislatura contempla distintas herramientas de financiamiento, como emisión de títulos públicos, créditos internacionales y acuerdos con organismos multilaterales, con un plazo de amortización de hasta 15 años.
El contexto económico también forma parte del análisis: la provincia enfrenta una necesidad financiera que supera los $356.000 millones, impulsada por el déficit previsional, la caída de ingresos nacionales y la merma en la recaudación.
Mientras tanto, desde la oposición sostienen su rechazo al endeudamiento y plantean que debe priorizarse la situación social, en un escenario donde el debate económico se mezcla con fuertes diferencias políticas sobre el rumbo financiero de Santa Cruz.
La discusión continúa en el ámbito legislativo, donde el proyecto deberá reunir consensos en medio de un clima de alta tensión política.
