
Nación creó una mesa federal para proteger inversiones del RIGI ante riesgos de crimen organizado

El Gobierno nacional oficializó la creación de una mesa federal de coordinación destinada a resguardar inversiones estratégicas, en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de prevenir delitos vinculados al narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado.
La medida, formalizada mediante una resolución del Ministerio de Seguridad, apunta a reforzar los controles en regiones donde se desarrollan proyectos de gran escala, especialmente en provincias como Neuquén y Río Negro, claves en el mapa energético nacional.
Coordinación para proteger infraestructura y desarrollo
El nuevo espacio, denominado Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas, tendrá como función articular acciones entre fuerzas federales, gobiernos provinciales, municipios y empresas privadas, con el fin de evitar la infiltración de organizaciones delictivas en actividades económicas de alto impacto.
El foco estará puesto en proyectos vinculados a la explotación de Vaca Muerta, así como en obras de infraestructura energética, oleoductos, gasoductos y desarrollos logísticos e industriales que vienen expandiéndose en la región patagónica.
Desde Nación advirtieron que el crecimiento de inversiones millonarias genera escenarios que pueden ser aprovechados por redes criminales, tanto para el movimiento ilegal de dinero como para operaciones vinculadas a transporte, contratación de servicios y circuitos financieros.
Análisis de riesgos y prevención del delito
La mesa tendrá entre sus principales tareas la elaboración de diagnósticos de riesgo, el diseño de protocolos preventivos y la coordinación de operativos de seguridad en zonas estratégicas.
Además, contará con la participación de organismos especializados en inteligencia criminal, incluyendo áreas dedicadas a la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.
Impacto en la Patagonia y crecimiento de inversiones
La decisión se enmarca en un contexto de fuerte crecimiento de la actividad energética en la región, donde se desarrollan proyectos vinculados a la exportación de hidrocarburos y nuevas obras de infraestructura.
En este escenario, localidades con fuerte expansión económica han registrado cambios en su dinámica social y poblacional, lo que también genera desafíos en términos de seguridad, planificación urbana y control estatal.
Desde el Gobierno nacional señalaron que el objetivo central es proteger la integridad de las inversiones, garantizar condiciones seguras para su desarrollo y resguardar infraestructura crítica, en un contexto donde los proyectos aprobados bajo el RIGI ya superan los 13 mil millones de dólares, con nuevas iniciativas en evaluación.
La medida busca anticiparse a posibles amenazas y consolidar un esquema de prevención que acompañe el crecimiento económico sin descuidar la seguridad en las regiones estratégicas del país.
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