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En Río Gallegos, crecen las críticas hacia el accionar judicial en el marco de una causa por presunta estafa millonaria, donde la principal imputada continúa en libertad mientras avanza la investigación.
El expediente se tramita en el Juzgado de Instrucción N°3, a cargo del juez Giménez, junto a la secretaria Elsa Pastori, y está vinculado a una supuesta maniobra fraudulenta que habría generado un perjuicio económico cercano a los $50 millones, afectando a múltiples personas.
Según lo informado por fuentes del caso, la pesquisa fue desarrollada por la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz, que detectó el uso indebido de datos personales de terceros para realizar operaciones a través de billeteras virtuales, compras y movimientos financieros.
Durante los procedimientos realizados, que se extendieron por más de 12 horas, se secuestraron celulares, computadoras, documentación y otros elementos clave para el avance de la causa.
A pesar del volumen de pruebas reunidas, la Justicia dispuso como medidas la fijación de domicilio y la prohibición de salida de la provincia, lo que generó malestar entre los damnificados, quienes reclaman decisiones más firmes.
Otro de los puntos señalados es que la acusada contaría con antecedentes previos y estaría bajo supervisión del Patronato de Liberados, situación que incrementó la preocupación de quienes siguen el caso.
En las últimas horas, se difundieron imágenes donde se observa a la mujer retirando pertenencias del lugar donde cumplía la medida de fijación de domicilio. Si bien esta acción no constituye un delito, el hecho generó inquietud entre vecinos y afectados.
En este contexto, los damnificados manifestaron su disconformidad con el proceso judicial, señalando la necesidad de mayor rigor en las medidas adoptadas, considerando la magnitud del caso y las pruebas presentadas.
La investigación continúa en curso bajo directivas judiciales.
Fuente: www.laprensadesantacruz.com
