Patagonia NexoEl Gobierno de Santa Cruz advirtió que podría avanzar con la reversión del acuerdo firmado con Patagonia Resources S.A. y la quita del área concesionada si la empresa no cumple de manera inmediata con los compromisos laborales, contractuales y de inversión asumidos con la provincia.
La postura fue ratificada tras una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Mata, donde el Ejecutivo provincial definió una posición “firme e irrevocable” frente a la situación planteada con la compañía.
Exigen el traspaso de trabajadores
Desde Provincia señalaron que el traspaso de trabajadores de AESA hacia Patagonia Resources “constituye una obligación jurídica exigible” y remarcaron que dicho compromiso fue asumido en acuerdos celebrados con el Gobierno y los gremios petroleros.
En ese marco, las autoridades sostuvieron que el incumplimiento “no es una opción” y advirtieron que, si la empresa mantiene esta conducta, avanzarán “sin dilación” con medidas administrativas y legales.
Plan de inversión y reactivación
Otro de los reclamos realizados por el Ejecutivo santacruceño fue la presentación urgente de un plan de levantamiento de equipos y puesta en funcionamiento de perforadores, el cual deberá ser expuesto ante autoridades provinciales y representantes gremiales del sector.
Según indicaron, la política energética provincial tiene como ejes principales la generación de empleo genuino, la reactivación productiva y el cumplimiento efectivo de los planes de inversión comprometidos por las empresas concesionarias.
“Ninguna empresa concesionaria puede sustraerse de estas obligaciones sin consecuencias”, remarcaron desde el Gobierno Provincial.
Sumario administrativo y advertencia oficial
Además, el Ministerio de Trabajo notificó formalmente a Patagonia Resources y AESA sobre la apertura de un sumario administrativo por presunta obstrucción al proceso de conciliación obligatoria y violación a la paz social.
Desde la cartera laboral señalaron que ambas situaciones podrían derivar en sanciones severas contempladas en la normativa vigente.
Finalmente, el Gobierno Provincial dejó en claro que no habrá tolerancia frente a conductas que afecten los derechos laborales, alteren la paz social o incumplan los compromisos de inversión vinculados al desarrollo productivo de Santa Cruz.
