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El Juzgado Federal de Río Gallegos resolvió condenar a Diego Bavio, referente del partido UNIR en Santa Cruz, a 2 años de prisión en suspenso, tras comprobarse su responsabilidad en el uso de documentación adulterada para participar en las elecciones legislativas de 2025.
La sentencia se dictó luego de un acuerdo de juicio abreviado, en el que el propio imputado reconoció los hechos vinculados a la presentación de avales con firmas falsificadas, requisito indispensable para oficializar su candidatura a diputado nacional.
La investigación, encabezada por la fiscalía federal, incluyó pericias caligráficas, análisis documental y testimonios, que permitieron determinar que varias de las firmas presentadas no correspondían a las personas consignadas, quienes incluso negaron haber participado del proceso.
El delito fue encuadrado como uso de documento público adulterado, una figura contemplada en el Código Penal que sanciona la utilización de documentación falsa con efectos legales, independientemente de quién haya realizado la falsificación material.
Como parte de la condena, el dirigente deberá cumplir reglas de conducta durante cuatro años, entre ellas mantener domicilio actualizado, no cometer nuevos delitos y ajustarse a derecho.
En paralelo, la Justicia dispuso el sobreseimiento de otros dos implicados, al no encontrarse pruebas suficientes que acreditaran su participación en la maniobra.
El caso tuvo impacto directo en el proceso electoral de 2025, ya que la candidatura de Bavio fue suspendida y posteriormente excluida tras detectarse irregularidades en la documentación presentada ante la Justicia Electoral.
Este fallo se convierte en la primera condena penal en materia electoral bajo el nuevo sistema acusatorio en la Justicia Federal, estableciendo un antecedente relevante en el control de la legalidad de los procesos electorales.
