Crisis estructural: baja el empleo público en Santa Cruz tras dos décadas de crecimiento

Después de más de dos décadas de crecimiento sostenido, el empleo público en Santa Cruz comenzó a retroceder. Según un informe del Ministerio de Economía, la cantidad de agentes de la Administración Pública Provincial pasó de 36.887 en diciembre de 2023 a 34.313 en marzo de 2026, lo que representa una caída del 7 por ciento.  

La disminución no responde a despidos masivos, sino a una estrategia del gobierno provincial basada en no reemplazar las vacantes generadas por jubilaciones. El objetivo, según el diagnóstico oficial, es ordenar una estructura que durante años creció sin planificación y que hoy presenta serias distorsiones.

El fenómeno también se replica en empresas del Estado como Servicios Públicos y Distrigas, donde se observa una reducción progresiva de personal. Sin embargo, el problema de fondo no es solo la cantidad de trabajadores, sino la distribución y el perfil de los mismos.

Durante años, el ingreso al Estado estuvo marcado por decisiones políticas, especialmente en períodos electorales, lo que derivó en áreas administrativas sobredimensionadas y una marcada falta de personal técnico en sectores operativos. Esta situación impacta directamente en la capacidad de respuesta del Estado en territorio.

A su vez, el contexto económico agrava el escenario. Santa Cruz continúa siendo una de las provincias con mayor dependencia del empleo público, en un momento en que la asistencia nacional se redujo y el sector privado no logra absorber la demanda laboral.

En paralelo, el informe también revela que no todos los sectores del Estado siguen la misma tendencia. El Poder Judicial, por ejemplo, registró un crecimiento del 4 por ciento en su planta durante el mismo período, lo que evidencia una dinámica desigual dentro del propio aparato estatal.

El dato es claro: el empleo público dejó de ser una variable en expansión constante. Ahora, el desafío pasa por redefinir el rol del Estado y generar nuevas alternativas que permitan sostener el empleo sin depender exclusivamente de la estructura pública.