Patagonia NexoEl caso por la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia sumó nuevas definiciones judiciales luego de que los representantes de la familia paterna solicitaran la imputación por homicidio agravado y la prisión preventiva para la madre del menor y su pareja, quienes se encontraban a cargo de su cuidado al momento del fallecimiento.
El planteo fue presentado por el abogado Roberto Castillo, quien fundamentó el pedido en la existencia de riesgos procesales concretos, entre ellos la posibilidad de fuga, en función de la gravedad de la pena en expectativa, que podría derivar en prisión perpetua, según lo establecido en el Código Procesal Penal de Chubut.
Uno de los puntos más sensibles de la presentación es la denuncia de un presunto intento de eliminar pruebas clave. De acuerdo a la querella, los acusados habrían quemado prendas de vestir del niño tras su muerte, lo que habría dificultado el trabajo pericial y la reconstrucción de los hechos.
Para la parte denunciante, esta conducta constituye un indicio de encubrimiento que compromete seriamente la investigación. En ese sentido, se sostiene que la destrucción de evidencia afecta la posibilidad de determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo la muerte del menor.
En cuanto a la calificación legal, la querella busca que la causa sea encuadrada como homicidio agravado por el vínculo y abandono de persona seguido de muerte, argumentando que los imputados, en su rol de responsables del cuidado del niño, no adoptaron las medidas necesarias para evitar el desenlace fatal.
El escrito también expone un contexto previo de vulnerabilidad y presuntos malos tratos, señalando un deterioro progresivo en la salud del menor y la falta de controles médicos adecuados antes de su fallecimiento.
A esto se suman los informes médicos preliminares, que detectaron lesiones craneales incompatibles con causas naturales, lo que refuerza la hipótesis de un hecho violento y sustenta el pedido de medidas de coerción más severas.
Con estos elementos sobre la mesa, ahora será la Justicia la que deberá resolver sobre la situación procesal de los acusados, en una causa que sigue generando conmoción y que avanza hacia una instancia clave en su investigación.
