El intendente Aravena respondió al reclamo por el transporte de cartón y negó perjuicio a transportistas locales

El reclamo, que generó repercusión en redes sociales y en la comunidad, apuntaba a la presunta exclusión de transportistas de la localidad en el traslado de cartón reciclado, tarea que —según la denuncia— habría sido asignada a un camión proveniente del norte del país, dejando sin trabajo a trabajadores locales que “la vienen peleando desde hace años”.

En ese marco, el intendente Aravena consideró necesario aclarar la situación y cuestionó en primer término el origen del reclamo. Según manifestó, la vecina que impulsó la denuncia pública “fue funcionaria de esta gestión”, y aseguró que la versión difundida no se corresponde con el funcionamiento real del sistema de reciclaje municipal.

“Nosotros no contratamos ni le pagamos el transporte a nadie”, afirmó Aravena, y explicó que el municipio vende el cartón, pero que la empresa que lo compra es la que se hace cargo del traslado, eligiendo de manera autónoma el camión que realiza el transporte. “Desde la municipalidad no se paga ni se contrata a ningún transportista para esa tarea”, remarcó.

El jefe comunal detalló además que la empresa de reciclaje con sede en Río Gallegos deposita al municipio el dinero correspondiente al cartón recolectado, y que la intervención municipal se limita a la recolección, clasificación y carga del material. “Nosotros cargamos el cartón en el transporte que la empresa elige y luego cobramos el servicio de recolección”, explicó.

En ese sentido, Aravena destacó que el cartón es clasificado previamente para lograr una mayor recaudación, la cual —según indicó— tiene como objetivo beneficiar a las arcas municipales y fortalecer el sistema de reciclado local.

La respuesta oficial llega en un contexto de fuerte sensibilidad social, donde cada decisión vinculada al trabajo y a la economía local genera debates profundos en la comunidad. Desde Patagonia Nexo, reafirmamos nuestro compromiso de dar voz a los reclamos ciudadanos y, al mismo tiempo, garantizar el derecho a réplica de las autoridades involucradas, para que la comunidad cuente con todas las versiones y pueda formarse su propia opinión.