El presidente del TSJ de Santa Cruz declaró la nulidad del incremento votado por otros vocales y sostuvo que la medida carece de validez legal por no cumplir con las mayorías y requisitos establecidos por la normativa vigente.
Info. General14/01/2026
Patagonia Nexo
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, Daniel Mauricio Mariani, resolvió no convalidar el aumento salarial dispuesto por el resto de los vocales del máximo órgano judicial y ordenó frenar su liquidación. La decisión fue adoptada mediante una resolución firmada el 14 de enero, en medio de una fuerte controversia institucional y cuestionamientos públicos al incremento.
En el texto, Mariani declaró la nulidad de la resolución aprobada el 30 de diciembre de 2025, al considerar que el aumento fue dictado sin competencia y sin reunir las mayorías exigidas por la normativa vigente. El incremento contemplaba subas mensuales del 4% entre enero y julio de 2026 y del 3% entre agosto y octubre, lo que representaba cerca de un 40% de aumento en diez meses y elevaba el salario del vocal con mayores ingresos de aproximadamente 19 a 24 millones de pesos.
La medida cuestionada había sido firmada por las vocales Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña Campos, Reneé Guadalupe Fernández y el vocal Fernando Basanta, sin la firma del presidente del Tribunal. El aumento fue duramente criticado por el Gobierno provincial, que lo calificó como un incremento “auto otorgado” en un contexto de crisis económica.
En su resolución, Mariani sostuvo que el acto administrativo se encontraba “viciado en sus elementos esenciales” y citó disposiciones de la Ley 1260, la Ley Orgánica de la Justicia y la Ley 3949. Según explicó, la decisión fue adoptada por un órgano que no estaba debidamente integrado ni reunía las mayorías mínimas requeridas, lo que la torna inválida desde el punto de vista legal.
Asimismo, remarcó que cuando el Poder Judicial ejerce funciones administrativas debe ajustarse a los principios del derecho administrativo y a la legalidad vigente. En ese marco, ordenó de manera expresa al Sector de Administración General del Poder Judicial abstenerse de liquidar el incremento salarial.
La resolución también deja constancia de que no cuenta con registro formal, ya que los libros correspondientes se encuentran retenidos, lo que, según indicó Mariani, impide a la Presidencia acceder a ellos. Esta situación expone el nivel de conflicto interno que atraviesa el Tribunal Superior de Justicia y suma un nuevo capítulo a la crisis institucional del organismo.
La decisión se da en un contexto de disputa interna por la presidencia del TSJ, que Mariani mantiene con la vocal Reneé Fernández, y en medio de la controversia por la ampliación de la integración del Tribunal de cinco a nueve miembros. Si bien la ley que dispuso esa ampliación fue sancionada por la Legislatura y promulgada por el Ejecutivo provincial, fue declarada inconstitucional por los actuales vocales, lo que impide hasta el momento la asunción de los nuevos integrantes designados.
El ministro de Trabajo de Santa Cruz afirmó que los incrementos salariales auto otorgados por el Tribunal Superior de Justicia representan un costo anual cercano a los $40.000 millones y alertó que esos recursos se restan a áreas clave como salud, educación y mantenimiento de rutas.
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